Mario Pecheny relata el proceso que condujo a la aprobación de la ley que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Uruguay en el horizonte de una concepción plena tanto de la ciudadanía como de los derechos humanos. La tensión y la negociación entre una mirada tutelar, médico jurídica y de salud pública de un lado, y la que hace foco en los derechos y la autonomía de la mujer del otro, así como el contrapunto con las posturas conservadoras punitivistas, aparecen en distintos momentos del proceso de legalización, implementación y judicialización.

 En estos días se discute en Argentina una reforma legal del aborto. El 29 de mayo pasado, tuve la ocasión de presentar en Diputados algunos puntos de vista. Mi idea original era hablar del proceso uruguayo, para mostrar que la legalización allí trajo beneficios para las mujeres, para el sistema de salud y no trajo costos, al contrario, para la clase política. Pero finalmente me pareció que el contexto de recta final ameritaba otra cosa, e interpelé a las y los legisladores respecto de “cómo querrían ser recordadas/os por el pueblo y por la historia”: evocando las reformas por el voto femenino, la patria potestad, el divorcio, el matrimonio igualitario, evocando a Evita y a Florentina Gómez Miranda. Pero sigo pensando que el caso uruguayo puede aportar a nuestra propia situación y por eso comparto aquí unas líneas. El texto que sigue se basa en un libro publicado en 2016 junto a Sonia Correa (Abortus Interruptus) y sintetiza una presentación de 2017 que también suscriben Correa, Lilián Abranciskas y Susan Wood.

En 2012, Uruguay adopta una ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que habilita la práctica del aborto en el sistema de salud, a pedido de la mujer hasta la semana doce de la gestación, y luego de la semana doce bajo ciertas condiciones. Uruguay es el primer país de América del Sur que reconoce legalmente este derecho. A diferencia del proyecto argentino, la ley uruguaya se refiere a las mujeres y no a otras personas gestantes (como los varones trans).

La reforma uruguaya se inscribe en una tradición tutelar del Estado, que no desaparece con la ley pero sí que cambia su contenido: de una tutela represiva a una tutela sanitaria que reconoce derechos.

De la criminalización a la ley de 2012

El Código Penal uruguayo criminaliza el aborto en 1898. Durante un breve interregno entre 1934 y 1938, el aborto se despenaliza por argumentos higienistas. En 1938, el aborto vuelve a ser ilegal hasta el año 2012. En 1985, cuando se reinstala la democracia, la apertura política brinda al movimiento feminista un nuevo escenario para plantear sus reivindicaciones, entre las cuales está la IVE. Durante las dos primeras décadas de democracia, se presentan en el Congreso proyectos sobre aborto, que no logran aprobación. En 2008, el Congreso aprueba una Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva que incluye capítulos relativos al aborto legal. Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, veta dichos capítulos y el aborto criminalizado sigue en su estatus quo. En 2012, durante el gobierno de José Mujica, también del Frente Amplio, se aprueba la ley de IVE. El bloque oficialista, para asegurarse que el proyecto salga, accede a modificar el contenido de la ley, haciéndola más restrictiva y ambivalente respecto de la autonomía reproductiva de las mujeres, como lo muestra el lenguaje inicial de su primer artículo:

El Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.

Aun con las concesiones, los sectores anti-derechos reaccionan contra la ley pues instala al aborto en el sistema de salud, y en 2013 proponen una iniciativa de pre-referendo, condición previa requerida para lanzar un referendo popular que pudiera voltear la ley. La normativa uruguaya requiere que, para ser válido, en un pre-referendo participe al menos el 25 por ciento del electorado. Pero al pre-referendo de aborto sólo concurren a las urnas el 8,8 por ciento del padrón, y entonces la iniciativa fracasa. La ley queda refrendada por defecto, pues más 90 por ciento se abstuvieron de ir a votar, quitando su apoyo a un referendo que podría haber habilitado la derogación de la ley. A los ojos de la clase política y la sociedad uruguaya, la ley es así definitivamente legitimada por la voluntad popular.

El contexto y el proceso político del aborto

En 2004, por primera vez es elegido presidente un candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Desde entonces y hasta ahora, el Frente Amplio ha ocupado la presidencia del país y ha tenido mayoría parlamentaria propia. La mayoría de las y los dirigentes del Frente, con excepción de Vázquez, han apoyado la liberalización del aborto. En el partido Colorado, parte de su dirigencia, incluyendo al ex presidente Julio Sanguinetti (que ejerció la presidencia en 1985-1990 y 1995-2000), ha sostenido posiciones liberales, al tiempo que el partido Nacional presenta posiciones más conservadoras. Todos estos partidos se reivindican como laicos. Uruguay ofrece también una historia de salud pública y políticas sociales organizadas desde el Estado.

La construcción de la demanda de aborto legal se comprende a partir de la tensión entre la construcción feminista del aborto como cuestión de derechos y autonomía de las mujeres, y la construcción biomédica y tutelar del aborto como cuestión de salud pública. Esta tensión se va a plasmar en la ley aprobada en 2012. A su vez, ambas construcciones reformistas, la feminista y la tutelar, confrontan con la visión que busca (o buscaba) mantener el aborto en la ilegalidad y clandestinidad.

 Los actores

Movimiento de mujeres y feminismo

A fines del siglo XIX se crean en Uruguay las primeras organizaciones de mujeres trabajadoras y grupos feministas en el seno de organizaciones anarquistas. La capacidad organizativa de las mujeres desde muy temprano y durante todo el siglo XX tiene efectos en las normativas legales uruguayas. Luego de la transición democrática, y en especial a partir de las Conferencias Internacionales de Derechos el aborto se transversaliza con otras temáticas como educación, violencia de género, trabajo y participación política.

Desde los años 2000, diversas acciones feministas amplifican los espacios para debatir socialmente la legalización del aborto e incidir sobre el sistema político, en particular sobre el Frente Amplio, al interpelar no sólo en cuanto a género, salud y sexualidad, sino en cuestiones más amplias de la agenda democrática, el desarrollo y la justicia social.

En el centro de las luchas feministas está el aborto, y en el centro de la lucha por el aborto están los derechos de las mujeres. No se trata de una visión victimista, sino que se basa en el reconocimiento de una problemática social, la legitimación ciudadana de los derechos sexuales y reproductivos, la conflictividad de la inequidad de género, y una perspectiva integral de los derechos humanos. En este marco surgen y se desarrollan grupos de la diversidad sexual y de derechos, vertientes comprometidas con la política queer y nuevas expresiones feministas jóvenes, incluyendo aquellos grupos que trabajan en consejería pre y post-aborto, básicamente a través de líneas telefónicas.

Por último, a pesar de la tradición de amplia participación política de las mujeres, cabe mencionar que, en Uruguay, el porcentaje de mujeres que integran las cámaras legislativas ha sido históricamente uno de los más bajos de la región: menor al diez por ciento en las primeras décadas de transición democrática, recién en 2009 aumenta a 15 diputadas electas (15,2%) y 4 senadoras (12,9%), para alcanzar en 2015, luego de una elección que tuvo cuotas de inclusión por género en las listas, 19 diputadas (17,9%, sobre un total de 106) y 10 senadoras (27,0%, sobre un total de 37, aunque varias suplentes en realidad asumieron bancas al pasar los titulares a ocupar cargos en el nuevo Poder Ejecutivo).

 El sistema de salud y los actores médicos

El sistema de salud de Uruguay sigue una tradición de salud pública, con una presencia clave del Estado. En 2008, se lanza una reforma con el fin de promover cambios en el modelo de cobertura, gestión, atención y financiamiento, mediante dos herramientas: el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) como organización de la red asistencial público-privada de servicios, y el Fondo Nacional de Salud (FONASA) que lo financia con fondos de un seguro público obligatorio. Uruguay busca de este modo avanzar hacia el aseguramiento sanitario universal. El proceso de la reforma del sistema de salud coincide en el tiempo con la intensificación del debate sobre aborto. La reforma amplía la cobertura, integra el sistema público y de las asociaciones mutualistas que constituyan el grueso de la red de salud no estatal del país, y estabiliza la financiación pública. El carácter integrado del sistema de salud implica que las normativas sanitarias sean vinculantes para todos los efectores, tanto los prestadores públicos como aquellos que dependen del seguro privado pero que están regulados por el Ministerio de Salud Pública.

La presencia histórica y organizada de una perspectiva sanitarista de salud pública con liderazgo y articulación desde el Estado se refleja en corporaciones y figuras médicas con alta visibilidad, incluso con protagonismo en el sistema político: el propio Tabaré Vázquez es médico oncólogo y ha hablado desde su lugar de médico para justificar sus decisiones políticas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. Además, algunos liderazgos desde el Ministerio de Salud han sido protagonistas de los procesos reglamentarios del aborto. En articulación con el Ministerio, la experiencia de Iniciativas Sanitarias, organización creada a inicios de los años 2000, ocupa un lugar que es a la vez profesional, de la sociedad civil y del Estado. Iniciativas Sanitarias será clave en la introducción de una perspectiva de reducción de riesgos y daños para abordar el tema del aborto inseguro.

 El proceso de reforma legal

Hasta los años 2000

La ley uruguaya de 1938 que criminaliza el aborto (Ley N° 9.763), vigente hasta 2012, define el aborto como delito, y considera que la pena puede ser atenuada o eximida por un juez, cuando fuera realizado por un médico, en los casos de violación, honor de la familia, penuria económica y riesgo de vida para la mujer, hasta los tres meses de gestación; en el caso de riesgo de vida de la mujer, sin plazo. Pero en los cuatro años anteriores a 1938 el aborto había estado despenalizado, por razones sanitarias. La marca de esa experiencia previa de despenalización, junto con una extendida tolerancia social, explican por qué la ley punitiva de 1938 nunca fue aplicada con rigor.

El statu quo se mantuvo hasta la vuelta a la democracia. El primer proyecto que se presenta fue elaborado en 1985 por representantes del Partido Colorado, en una perspectiva liberal de descriminalización para ajustar “la ley a la realidad”. En 1993, un segundo proyecto de descriminalización amplia fue presentado por el diputado comunista del Frente Amplio Rafael Sanseviero y la diputada Carmen Beramendi. El proyecto descriminalizaba el aborto, excepto en caso del aborto forzado. Su tramitación coincide con la repercusión pública de la muerte de una mujer por aborto inseguro. En 1994, la Comisión de Bioética aprueba el proyecto con modificaciones, pero no llega al plenario. Cuatro años más tarde, en 1998, bajo el impacto de una investigación sobre clínicas clandestinas, la diputada Frentista Raquel Barreiro retoma el proyecto, pero sin apoyo de las mayorías parlamentarias, la tramitación no prospera. Esas “frenadas” estaban asociadas a resistencias ideológicas de las bancadas del Partido Colorado y Nacional, pero también al temor que tenían dirigentes del Frente Amplio de asumir la pauta del aborto en momentos electorales.

Años 2000-2009

En el auge de la crisis económica del cambio de milenio, se registran muertes de mujeres por complicaciones de aborto clandestino. En 2001, muertes registradas en el Hospital Pereira Rossell llaman la atención pública, lo que cataliza una respuesta desde el propio Hospital. La consolidación institucional de una voz médica en defensa de la descriminalización del aborto es un hecho político significativo. Estructurada en torno a la idea de reducción de daños y riesgos, e inspirada en la respuesta a los daños asociados al consumo de drogas en el contexto del VIH/sida, esa línea de intervención propone que, dado que el aborto es una realidad, para evitar muertes y otros daños asociados a su práctica insegura, los médicos y el sistema de salud deben ofrecer a las mujeres información y medidas para prevenir riesgos mayores y complicaciones.

«Vidrios Empañados», Juan Pablo Renzi (1978)

Organizados desde 2001 en torno de Iniciativas Sanitarias, profesionales de la salud comprometidos con el tema, como Leonel Briozzo, comienzan a promover un modelo de salud pública de reducción de riesgos y daños en materia de aborto: acciones de consejería pre- y post-aborto, y progresivamente guías de atención para abortos incompletos hasta nuevos reglamentos y normas. Desde Iniciativas Sanitarias logran involucrar, en el consenso por un Protocolo de Atención, a la Sociedad Uruguaya de Ginecología, el Consejo de la Facultad de Medicina y el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico de Uruguay. Ese esfuerzo cuenta con la colaboración de actores no médicos y en diálogo con las organizaciones feministas. Por efecto de esas movilizaciones, en agosto de 2004, apenas meses después de que un proyecto de aborto fuera derrotado en el Parlamento, el Ministerio de Salud adopta un Protocolo en esta línea de reducción de riesgos. El modelo impulsado desde el sector profesional se presenta como una alternativa posible para encarar el aborto desde un lugar no punitivo, aun en un contexto hostil a la liberalización legal y al reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Las organizaciones feministas también se movilizan en la crisis de las muertes maternas de 2001-2002. Desde la organización MYSU, por ejemplo, se venía trabajando con ginecólogas del Hospital Pereira Rossell en relación con el incremento de los problemas derivados del aborto clandestino, pero también con algunas parlamentarias para volver a impulsar la despenalización. En el Séptimo Congreso de PIT-CNT del año 2001, la central única de trabajadores adopta una resolución favorable al aborto legal. La interacción entre organizaciones feministas y mujeres sindicalistas fue instalando la demanda hasta hacerla una bandera central del movimiento obrero. Los sindicatos destacan la injusticia social que implica la clandestinidad del aborto, pues son mujeres de la clase trabajadora las que a menudo carecen de recursos para pagar un aborto clandestino en condiciones de seguridad, y son mujeres de la clase trabajadora las víctimas fatales de los abortos clandestinos.

Tanto el contexto político general como el accionar de los movimientos sociales van contribuyendo a la apertura de las instituciones y nuevos sectores sociales a la oportunidad de demandar la legalización del aborto. En 2002, durante el gobierno de Batlle, se aprueba una Ley de Violencia Doméstica y Sexual, al tiempo que se fortalece la llamada bancada femenina, integrada por legisladoras de todos los partidos políticos. En respuesta a la crisis de las muertes maternas por aborto, legisladoras de la bancada femenina (como Glenda Rondán, de un sector Colorado enfrentado en este punto con Batlle, y Margarita Percovich del Frente Amplio) presentan un proyecto de ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, que incluye la despenalización del aborto. Por primera vez, un proyecto de despenalización consigue llegar al plenario, siendo aprobado en Diputados en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en mayo de 2004 cuando llega al Senado, la propuesta es derrotada por 4 votos.

Pese a la derrota en el Senado, y para contrarrestar sus efectos, el Ministerio de Salud, adopta en agosto del mismo año 2004 la normativa ya mencionada para implementar una política de reducción de daños en relación con el aborto inseguro. Simultáneamente, otras articulaciones estratégicas se desarrollan entre sociedad civil y Estado en materia de derechos reproductivos, como por ejemplo la colaboración entre MYSU y otras organizaciones con la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo.

Como resultado de estos procesos, se hacen más numerosas las voces políticas favorables a la legalización, especialmente de mujeres parlamentarias, sostenidas en una base social movilizada por las feministas que estaba ya consolidada involucrando sectores estratégicos como sectores sindicales y universitarios.

En 2004, el Frente Amplio gana las elecciones, con Tabaré Vázquez como candidato. Ante ese nuevo panorama, las fuerzas pro legalización pasan a contar con una composición del Congreso más favorable, puesto que el Frente cuenta con mayoría propia, pero al mismo tiempo anticipan la amenaza de que el presidente Vázquez vete cualquier proyecto de despenalización que logre aprobarse. El presidente electo hace esa amenaza públicamente en el 2005 en un momento que coincide con la muerte del Papa Juan Pablo II. Ese gesto no es suficiente para intimidar a las parlamentarias y los parlamentarios favorables al cambio legal, en parte porque el aborto, ítem incluido en la plataforma política frentista, ya es demanda de un extenso conjunto de movimientos sociales y universitarios. No sorprende, por lo tanto que en 2006, al año de asumir su primera experiencia en el gobierno y con mayoría propia en el congreso, desde el Frente se inician gestiones para presentar un nuevo proyecto similar al texto derrotado bajo el gobierno de Batlle.

En un proceso parlamentario que va desde 2005 al 2008, aun con la oposición del presidente Vázquez, se eleva un proyecto de ley y empieza su trámite en el congreso. La propuesta contempla, desde una perspectiva de derechos, una política integral de salud sexual y reproductiva, incluye medidas de reducción de daños y hace definiciones en cuanto a su implementación en el sistema público de salud. El capítulo 2 trata explícitamente de la despenalización del aborto a pedido de la mujer, hasta las doce semanas de gestación, y con plazos más extendidos en los casos de riesgo de vida de la mujer y malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Después de debates intensos, acompañados por manifestaciones de la sociedad a favor y en contra, el Senado aprueba el proyecto que pasa a Diputados para su exitosa sanción final, en noviembre de 2008.

Tabaré Vázquez, contra lo militado y votado por su propio partido, veta la sección de la ley que concierne al aborto. De trece ministros que componen el gabinete, sólo tres apoyan el veto, y sólo la Ministra de Salud María Julia Muñoz aporta su firma, una señal de los conflictos internos en el Frente en relación con este asunto. Para justificar el veto, el Presidente no evoca razones de orden religioso, sino una argumentación laica que se pretende dar en términos “científicos”, jurídicos y de derechos humanos.

Las consecuencias del veto se ven primero en el seno del propio Frente. El propio Partido Socialista (PS), al que pertenece Tabaré Vázquez, repudia la decisión presidencial. Ello lleva a Vázquez a desvincularse del PS, aun cuando permanecerá como miembro del Frente Amplio en calidad de ciudadano independiente (y en representación del cual será electo nuevamente presidente en 2014). El veto es objeto de críticas por el retroceso en derechos de las mujeres y porque se percibe el acto mismo de vetar como autoritario y “monárquico”. A las y los representantes del Frente Amplio, el veto no sólo les deja desánimo y enojo, sino una deuda pendiente para cuando los vientos políticos sean más favorables. Esos vientos llegarían con la presidencia de José Mujica, a partir del año 2010.

Los años 2010-2012: nuevos esfuerzos hacia la reforma

A pesar del veto, las feministas no dejan de mantener la agenda viva, ampliar el debate y articular con actores. En 2009, por ejemplo, se realiza una movilización desde MYSU coincidiendo con el año de elecciones, centrada en un acto artístico-político en el cual mujeres con su torso desnudo pintado y con consignas pintadas en sus espaldas, intervienen en varios lugares de la ciudad (casa de gobierno, plazas públicas, Parlamento) y la seguridad es realizada por el PIT-CNT. La campaña luego continuaría en coordinación con sindicalistas del PIT-CNT.

En la militancia partidaria se va preparando el terreno para una nueva propuesta de reforma. En diciembre de 2008, en vistas a las elecciones del año siguiente, la plataforma del Frente Amplio incluye la despenalización del aborto, y los integrantes de la fórmula presidencial en campaña, Mujica y Astori, ratifican que no vetarían una ley de aborto (ambos, como senadores, habían votado a favor del proyecto vetado por Vázquez).

Desde la Subsecretaría Nacional de Salud, que luego va estar a cargo de Leonel Briozzo, y desde los servicios en el Hospital Pereira Rossell, se intensifican las acciones asistenciales (consejerías), reglamentarias y de protocolos para consolidar la perspectiva de reducción de riesgos en materia de aborto. Cuando en septiembre de 2010 se reglamenta la ley de Salud Reproductiva (la ley de 2008 que tenía los capítulos de aborto vetados), se genera un debate entre el Ministerio de Salud y los sectores conservadores puesto que la reglamentación incluía además de los puntos relativos a anticoncepción, etc., indicaciones para consejería pre y post-aborto, en la línea de la reducción de riesgos.

En ese clima, y considerando que el Frente tenía mayoría en ambas cámaras, la Senadora socialista Mónica Xavier presenta un nuevo proyecto de ley de legalización del aborto, que logra tratamiento parlamentario a fines de 2011. El proyecto promovido por Xavier y la senadora Constanza Moreira (Espacio 609 del Frente Amplio), que se complementa con otro proyecto de despenalización presentado por Álvaro Vega (MPP, también del Frente Amplio), en base a premisas de derechos y autonomía reproductiva, descriminaliza el aborto en las condiciones previstas por la ley, garantiza el acceso libre y sin requerir razones taxativas a la interrupción del embarazo en el sistema de salud hasta la semana doce, e incluye el principio de objeción de conciencia individual, obligando a la provisión de los servicios por personal no-objetor. Para las extranjeras se requiere una antigüedad de residencia de al menos ocho meses. No se incluye requisito de consulta profesional o espera mínima para reflexionar sobre la decisión. El proyecto cuenta con la firma de 13 senadores del Frente (sobre un total de 17) y uno del Partido Nacional. Luego de consultas, en diciembre de 2011 el Senado aprueba la ley, con 17 votos a favor y 14 en contra. En febrero de 2012 pasa a Diputados. Durante la primera mitad de 2012, se registran dos muertes por complicaciones de aborto, cuya cobertura mediática da nueva visibilidad a los riesgos del aborto inseguro.

Cuando llega a Diputados, la negociación de la ley se da a puertas cerradas al ámbito partidario y parlamentario. La sociedad civil presiona desde afuera, con poca posibilidad de diálogo directo. A diferencia de los procesos legislativos anteriores (2004 y 2008), con fluida comunicación entre feministas y parlamentarias/os, en 2012 esa interacción se restringe, entre otra razones porque la relación Frente Amplio–sociedad civil “autónoma” está ahora mediada por activistas con doble militancia (social y partidaria, algunos de los cuales habían ingresado al congreso como suplentes en Diputados). La negociación incluye también interlocutores en el ámbito de la salud, defensores del modelo de reducción de riesgos y daños.

Según nos señalara la senadora Mónica Xavier, en esa etapa definitoria prima para ellos la lógica “realista” de la negociación, en las condiciones de correlación de fuerzas existentes. Esa estrategia pragmática, que sigue en parte el modelo de Iniciativas Sanitarias, es funcional al propio Frente Amplio, al permitirle invisibilizar el hecho de que, producto de sus acuerdos electorales, hay también en su bancada representantes confesionales.

Como resultado, cuando finalmente se trata, el proyecto proveniente del Senado sufre importantes modificaciones. Por un solo voto, el Frente carece de la mayoría necesaria para su aprobación debido a que el diputado Frenteamplista Lima había declarado que no iba a votar en contra de sus propias convicciones religiosas ni tampoco ausentarse. El Frente no aplica en este caso la disciplina partidaria. Sabiendo de un voto positivo negociable de un miembro de otra bancada, el Frente busca asegurarse ese faltante voto 50. La negociación se hace con Iván Posada, del Partido Independiente, expresión demócrata-cristiana del espectro político. Posada, que había presentado su propio proyecto, acepta votar positivamente siempre y cuando se incluyan disposiciones que constan en el suyo.

Se realizan entonces manifestaciones de organizaciones feministas, en alianza con el PIT-CNT y el movimiento estudiantil, en protesta ante las concesiones. Al mismo tiempo, algunos sectores del feminismo, no obstante participar de la agitación, terminan por acercarse a la postura “realista” del viceministro Briozzo de obtener la medida negociada.

Finalmente se aprueba la ley. Considerando la “correlación de fuerzas” y la oportunidad determinada por el timing político (es decir, que bajo José Mujica había condiciones que se acabarían con Tabaré Vázquez), el Frente acuerda la inclusión de disposiciones más condicionantes del proceso de IVE. El 25 de septiembre de 2012, la votación resulta en 50 votos a favor y 49 en contra. El 17 de octubre, el Senado ratifica el proyecto proveniente de Diputados.

El contenido de ley

La Ley 18.987 del año 2012 de IVE establece que el aborto es legal en las condiciones y los plazos siguientes: a solicitud de la mujer, hasta las 12 semanas de gestación; en caso de violación acreditada con la denuncia judicial, hasta las 14 semanas; en caso de grave riesgo para la salud de la mujer y en caso de malformación fetal incompatible con la vida, los límites no aplican. Fuera de tales condiciones y plazos el aborto sigue siendo considerado delito.

En los casos de hasta 12 semanas y a solicitud de la mujer, la mujer debe consultar con un equipo de tres profesionales de salud y esperar al menos 5 días antes de recibir las orientaciones de un/a ginecólogo/a, para abortar con medicamentos o ser sometida a una intervención. La ley permite la objeción de conciencia de las y los profesionales que así lo indiquen, así como la opción de que instituciones prestadoras de servicios de salud invoquen la llamada objeción de ideario institucional.

Las feministas cuestionan el límite de las 12 semanas, pensando por ejemplo en aquel aborto con la combinación Misoprostol+ Mifespristona que no termina de completarse, aun cuando la mujer haya seguido los procedimientos establecidos. En relación con la violación, hay críticas al límite de 14 semanas, así como el requerimiento de la denuncia judicial, pues consideran problemático tanto la posible demora como que no sea considerado suficiente el testimonio de la mujer. Critican asimismo la imposición a la mujer de consultar un equipo de tres personas y guardar cinco días de reflexión, antes de concretar su decisión: todo ello supone duda en cuanto a la capacidad ética de las mujeres para decidir por sí solas sobre su vida reproductiva. Otra preocupación refiere a los riesgos para la confidencialidad que implican los procedimientos, especialmente en localidades donde “todos se conocen”, a que trascienda la decisión o práctica de abortar, con el estigma que a veces tiene para las mujeres y aun para los profesionales. Uno de los mayores inconvenientes identificados son los efectos de la objeción de conciencia, que está limitando el acceso en algunos puntos del país. En Montevideo, dos centros de salud religiosos han declarado su objeción de ideario institucional. Esas instituciones, que forman parte del sistema integrado de salud, no practican ni asesoran en materia de interrupción de embarazo. Las mujeres están habilitadas a cambiarse de institución: pero ello trae problemas de confidencialidad, amén de resentir la calidad de una atención en salud que se pretende integral.

2013 y después

Ni bien se aprueba la ley, sectores hostiles al reconocimiento de la IVE organizan iniciativas tendientes a derogarla: una Comisión impulsada por dirigentes del Partido Nacional solicita el veto de Mujica y también plantea la posibilidad de pedir la inconstitucionalidad o recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde ese partido surge la Comisión Pro Referéndum con la apuesta por recolectar firmas, votar un pre-referéndum y someter la derogación de la ley al voto popular. Esa movida tuvo el apoyo de las dirigencias del partido Blanco y del Colorado, y de Tabaré Vázquez, junto a personalidades de la Universidad de Montevideo y de la Católica del Uruguay, próximas al Opus Dei.

En marzo de 2013, los sectores anti-derechos juntan las firmas necesarias. En esos primero meses de 2013, las feministas se plantean posturas diversas respecto de si involucrarse en el debate público o apuntar a “no hacer olas”. MYSU y otras organizaciones, como el movimiento sindical, considerando además que el sector anti-derechos encuentra eco en medios de comunicación concentrados, optan por dar batalla. Se convoca nuevamente a las organizaciones sociales y se lanza en el Paraninfo de la Universidad de la República la campaña Yo no voto, ¿y vos? La campaña apunta a la defensa de los servicios seguros: Si tu hija, tu pareja o tu hermana tuvieran que abortar ¿Dónde querrías que lo hicieran?.

En junio se hace el pre-referéndum, que fracasa por la concurrencia ciudadana menor al 9 por ciento. La baja concurrencia, menor al piso legal del 25 por ciento de participación, echa por tierra la iniciativa y consolida “por defecto” la legitimidad de la ley votada en el Parlamento. El aborto legal se consolida así más allá del voto del congreso.

El fracaso del pre-referéndum de 2013 y su virtual legitimación política no cierra el ciclo de resistencias en torno al aborto legal. Ese mismo año, un grupo de profesionales de salud presentan ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo (TCA) un recurso para impugnar 11 de los 42 artículos del Decreto reglamentario de la ley, el Nro. 375 de noviembre de 2012 que apunta a prevenir interpretaciones aun más restringidas del texto legal aprobado.

El fallo del TCA vuelve a colocar restricciones: establece que los profesionales que actúan en el equipo IVE deben hacerlo de forma conjunta y simultánea, y no de forma consecutiva como habilita el decreto. El plazo de cinco días de reflexión debe comenzar a partir de la consulta con el equipo profesional y no desde el primer día de contacto con uno de los profesionales como sucedía hasta entonces, lo cual prolonga los plazos para resolver la interrupción. Se enfatiza que debe consultarse a la mujer acerca de la posibilidad de que sea consultado el co-progenitor; los profesionales objetores pueden no participar en ninguna de las instancias del proceso IVE, pero sí pueden informar a la mujer sobre los riesgos del aborto exponiéndolas a la interferencia en función del sistema de creencias y valores de los profesionales objetores. El fallo establece además que los objetores sólo deberán estar obligados a intervenir cuando hay «grave riesgo de salud de la mujer» y no según la interpretación amplia de las dimensiones psico-sociales de salud estipuladas en el decreto. Del lado favorable, el fallo exige que los profesionales que adhieran al recurso de objeción lo hagan por escrito y que el Ministerio tenga la nómina de los profesionales objetores (esto todavía está pendiente de ejecución).

En 2014 el Poder Ejecutivo de Mujica apela la decisión, que no suspende de inmediato la implementación de la ley, pero en agosto de 2015, la instancia superior del TCA emite su decisión final que ratifica el fallo anterior. Esa decisión es inapelable.

A modo de conclusión

La ley de IVE abrió el camino hacia la institucionalización del aborto en el sistema de salud y hacia el cambio cultural que permita el reconocimiento del derecho a decidir sobre su vida reproductiva, familiar y sexual para todas y cada una de las mujeres. El poder profesional médico, aun en su heterogeneidad, sigue siendo fuerte y jerárquico, tanto en su campo específico clínico como en el del sistema de salud que es marcadamente biomédico. Eso permite entender en parte el reconocimiento de la objeción de conciencia, pero al mismo tiempo el hecho de que profesionales de salud que no sean médicas/os ginecólogas/os no estén autorizados a prescribir Mifepristona + Misoprostol.

Hay además cuestiones pendientes respecto de la implementación, en materia de formación y sensibilización de profesionales y personal de salud, acceso a servicios no obstante los objetores individuales de conciencia y los efectores que se declararon objetores por ideario, así como los protocolos y acciones para los casos de aborto requeridos por fuera de las condiciones especificadas en el marco legal. Sobre todo fuera de Montevideo, persisten barreras culturales relativas a la información, la confidencialidad y manejo de estigma, y barreras materiales (ej. la distancia a recorrer y sus costos) de acceso a los servicios. No se sabe si y en qué medida persisten los abortos ilegales y sus efectos, tanto sanitarios como de criminalización. Otro tema relacionado es la distribución y uso oficioso del Misoprostol, es decir si todavía existe un mercado clandestino para aquellos casos que no se efectúen dentro de los plazos y condiciones legales.

En el plano político-institucional, está pendiente el lugar del aborto en la reforma del código penal, pues el aborto todavía constituye un delito y según las circunstancias las mujeres corren el riesgo de ser juzgadas y castigadas si intentan o concretan la interrupción de un embarazo.

La ley del 2012, no obstante los aspectos problemáticos señalados, habilita socialmente a avanzar en la apropiación subjetiva del aborto como derecho: es decir, que las mujeres, las parejas, la ciudadanía reconozcan para sí y las demás la existencia de un derecho a abortar, reconozcan que frente a un embarazo es la mujer quien decide si proseguir o interrumpir la gestación, y es quien tiene los elementos de juicio suficientes para hacerlo. La apropiación subjetiva de derechos tiene tanto una dimensión individual en el uso práctico de la ley como una dimensión colectiva crítica que invita a luchar por redefinir los aspectos problemáticos de su contenido y los eventuales inconvenientes relativos a su implementación.

Nuestra clave general de interpretación del proceso aquí descripto refiere a la construcción “biopolítica” del aborto como una cuestión que se inscribe bajo la tutela médico-jurídica, lo que invita desde una perspectiva feminista a examinar hasta qué punto esta construcción habilita y hasta qué punto condiciona o impide las prácticas autónomas de las mujeres, ya que las prácticas abortivas que escapan a la regulación siguen criminalizadas. En ese marco, se ubica la tensa colaboración entre, por un lado, los actores médicos que enfatizan las consecuencias dañinas del aborto ilegal para la salud y que tienden a ver el aborto siempre como “algo a evitar” y, por otro lado, la mirada feminista que subraya el derecho al aborto como una premisa de la autonomía ética y la ciudadanía plena de las mujeres.