Gilles Bataillon ofrece un análisis necesario para entender la actual crisis política de Nicaragua y convoca a la solidaridad con las víctimas. En 1979 los nicaragüenses tuvieron necesidad del apoyo de la comunidad internacional para echar a Somoza, último hijo de una dinastía autoritaria. Hoy la tienen para deshacerse de una pareja de tiranos totalitarios.
El régimen de Ortega y Murillo reprime a la oposición y se burla de la comunidad internacional. Y ha mostrado un visible desprecio por los principios democráticos: la separación de poderes, el respeto de los derechos humanos, las elecciones libres.
En la oposición, más allá de las diferencias, prevalecen objetivos democráticos y de lucha contra la corrupción, compartidos por un importante movimiento renovador sandinista. Las demandas son claras: la liberación de los presos políticos, el restablecimiento del Estado de derecho y unas elecciones libres bajo supervisión de observadores internacionales.
Es el momento del apoyo sin fisura a la oposición nicaragüense. No hay duda de que esta está compuesta y está tomada por algunas rivalidades personales y de intereses. Algunos empresarios han tenido maniobras ambiguas durante mucho tiempo. Muchos se acomodaron muy bien a la corrupción, a sus ojos, menos costosa que un sistema fiscal de impuestos sobre los beneficios que permitiera la financiación de un Estado de bienestar o que un régimen democrático que protegiera las libertades sindicales. Algunos políticos venidos de sectores próximos a la oposición armada a los sandinistas de los años 80, la Contra, son revanchistas de cortas miras. Sin embargo –como lo mostraron tanto las manifestaciones de 2018 como las negociaciones entre los múltiples grupos que formaron la Unión azul y blanca– la gran mayoría de los opositores son decididos partidarios de un régimen democrático, así como de una lucha contra las prácticas de la corrupción. Atestigua, entre otros, este nuevo estado de ánimo el aggiornamento del movimiento renovador sandinista. Dividido entre los años 90 y los 2000 entre la nostalgia de una “buena revolución” y las prácticas democráticas, apostó indiscutiblemente por referencias democráticas como indica su nuevo nombre, Unión por la Renovación Democrática (UNAMOS). Varias de entre las veinte personalidades presas desde principios de junio atestiguan un recorrido análogo a favor de la democracia, en primer lugar, Violeta Granera.
La oposición pide la liberación de los presos políticos, el restablecimiento del Estado de derecho y unas elecciones libres bajo supervisión de observadores internacionales. Esta petición implicaría que la pareja Ortega-Murillo aceptara abrir negociaciones, lo que no parece dispuesta a hacer en absoluto. Su proyecto es, sin duda, continuar metódicamente su política de terror selectiva y organizar unas elecciones fraudulentas. Las medidas más eficaces para forzar la liberación de los presos políticos y restablecer el Estado de derecho no son, como piensan los legisladores estadounidenses, sanciones económicas como la exclusión de Nicaragua de los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y de otros países de Centro y Norteamérica. Dichas medidas no golpearán ni a Ortega-Murillo ni a sus apoyos, sino en primer lugar a los nicaragüenses más pobres. Las sanciones más eficaces consisten en congelar las posesiones de los responsables políticos nicaragüenses. Motivos no faltan: blanqueamiento de dinero ilícito, participación en acciones represivas y crímenes contra la humanidad, contrarios a los compromisos internacionales de Nicaragua y al respeto de las libertades fundamentales. Estas acciones en curso, que podrían desembocar en la confiscación de las posesiones de la familia Ortega Murillo y de sus dependientes, son las que más les intranquilizan. Es deseable que las acciones lanzadas en principio por Estados Unidos al final del mandato de Donald Trump se multipliquen en América Latina y en Europa. Otra iniciativa podría preocupar a los Ortega Murillo: que los nicaragüenses en el exilio presenten una demanda en un tribunal internacional para que tengan que responder por los crímenes cometidos durante la represión de la insurrección de 2018. Todas esas acciones conviene apoyarlas sin resistencia.
Del mismo modo que en 1979 los nicaragüenses tuvieron una necesidad vital de apoyo de la comunidad internacional para echar a Somoza, último hijo de una dinastía autoritaria, no la tienen menos para deshacerse esta vez de una pareja de tiranos totalitarios. Entonces el apoyo fue irrestricto. Es el momento de hacer lo mismo.
Publicado originalmente en Le Monde.
Traducción de Aloma Rodríguez.
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