La autora elabora una reflexión sobre los problemas de corrupción, violencia y graves violaciones a los derechos humanos que aquejan a México. También sobre las vías hacia su solución. Para enfrentar el desafío de fortalecer la democracia, restablecer la ética política, alcanzar la paz y lograr justicia, será necesario, entre otras cosas, contar con el acompañamiento de instituciones internacionales y establecer un compromiso transversal a las distintas fuerzas políticas del país.

María Guadalupe Morfín Otero es poeta y abogada. Ex Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (1997-2001). Ex Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2003-2006). Ex Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (2008-2009). Actualmente es regidora por Guadalajara en la administración municipal 2015-2018.

 

México y la paz posible[1]

En México se realizaron hace unos días las elecciones. Más de cuarenta candidatos a puestos de elección popular (entre diputados, regidores y alcaldes) fueron asesinados durante la campaña previa. Además de los candidatos, también fueron asesinados más de cien políticos. El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo la tremenda faena de dar certidumbre política sobre la legitimidad de los resultados en las urnas. El país llegó a las elecciones dividido (¿Qué país hoy no lo está?). Quienes apoyaban al candidato que resultó ganador, Andrés Manuel López Obrador (AMLO, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, que reúne a los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA; Partido Encuentro Social, PES; y Partido del Trabajo, PT), difícilmente hubieran aceptado una derrota de su líder, que concurrió por tercera ocasión como candidato a la presidencia. Su lado más fuerte, desde la perspectiva de los derechos humanos, pudiera ser haber propuesto una salida parecida a la de la justicia transicional al conflicto armado interno, que ha dejado más de 200,000 ejecuciones y más de 30,000 personas desaparecidas en la administración federal actual (Peña Nieto, 2012-2018) y en la que presidió Felipe Calderón (2006-2012).

Por el otro lado, en Por México al Frente, coalición que postulaba para la presidencia a Ricardo Anaya (Partido de la Revolución Democrática, PRD; Partido Acción Nacional, PAN; y Movimiento Ciudadano, MC), había destacados liderazgos postulados para el Senado, que han logrado llegar a ocupar un escaño. Nadie cuestionaría los méritos de Patricia Mercado (ex presidenta de México Posible y Alternativa Social, fundadora de organismos como el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el GIRE, o el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, y ex Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México), Martha Tagle (activista, ex senadora, feminista, capaz de amplio trabajo con organizaciones sociales) o Emilio Álvarez Icaza (ex ombudsman de la Ciudad de México y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

El tercer candidato en preferencias electorales, José Antonio Meade, también postulado en coalición (Todos por México) por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), no pasó del tercer lugar, tal como anticipaban las encuestas de opinión, dada la compartida idea de la necesidad de un cambio que aleje al país de las historias de corrupción, no exclusivas del PRI, pero que en el actual período, gobernado por ese partido, han llegado a niveles de escándalo: autopistas mal hechas, con socavones que han producido muertes casi apenas inauguradas; residencias de la esposa del presidente y de uno de sus secretarios obtenidas al parecer gracias a vínculos de amistad con poderosos contratistas beneficiados con obras públicas; un numeroso grupo de gobernadores y ex gobernadores de ese partido señalados por corrupción, algunos huidos al extranjero, alguno sometido a proceso.

Andrés Manuel López Obrador ganó por amplio margen, más amplio aun que el ya significativo que anticipaban las encuestas. En su equipo están la ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero, futura Secretaria de Gobernación, cuyos posicionamientos en la sentencias por derechos y libertades abrieron en su gran mayoría campos de libertades para las mujeres en complejos contextos de presiones políticas, y quien ha comenzado recientemente a reunirse con familiares de desaparecidos. También Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Tatiana Clouthier, ex diputada y ex panista, fue su coordinadora de campaña. En su lado menos luminoso está la alianza con el conservador PES.

El país tendría muchos motivos para estar acobardado, pero no lo está. Respira bien entre sus muchos dramas –uno de los cuales es compartir una extensa frontera con Estado Unidos, el país donde hay mayor cantidad de consumidores de drogas–. La mexicana es una sociedad vibrante, creativa y alerta. Prueba de ello fue la manera solidaria, inteligente y organizada de la sociedad, en particular de los jóvenes, que luego de los terremotos de septiembre de 2017 desarrollaron con gran ingenio formas de comprobar datos de daños en comunidades y barrios así como de personas afectadas, y canalizaron ayuda y lo siguen haciendo, además de evaluar el acceso a la ayuda. Estos mismos jóvenes diseñaron un mecanismo llamado #Verificado2018 para desarticular noticias falsas en los medios o redes sociales en torno a las campañas y las y los candidatos.

Pero México no deja de ser un país dolido. Muy dolido. Daré algunos ejemplos. En julio de 2017, en Tala, a hora y media de Guadalajara, capital de Jalisco y segunda ciudad del país, fueron localizados cinco campamentos donde uno de los cárteles de crimen organizado entrenaba sicarios; varios de los detenidos, liberados luego, habían sido conducidos mediante engañosas ofertas de trabajo para ser guardias de seguridad. Como resultado, hay por lo menos doce personas sometidas a proceso por el delito de desaparición forzada de personas. Los últimos días de enero de 2018, el fiscal estatal de Veracruz, Jorge Winckler, reconoció que a finales de 2017 fueron localizadas oficialmente 343 fosas clandestinas en el estado, donde el crimen organizado sepultó ilegalmente docenas de cuerpos de personas en 44 municipios. Según datos de febrero, habían encontrado 225 cadáveres y 335 cráneos.[2]

En promedio mensual, durante el actual período sexenal de gobierno, en México se ha asesinado a 70 personas por día: entre 25,339 y 29,168 personas por año. En el período transcurrido entre 2006 y 2017 (dos administraciones federales) se registraron en total 234 mil muertes violentas.[3]

Cada dos horas desaparece una persona; en este sexenio el total de desaparecidos puede superar las 24 mil personas; las cuatro entidades federativas con mayor número de desaparecidos son el Estado de México, Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco.[4]

Es cierto que son tasas de homicidios menores a las de Venezuela, Honduras o El Salvador, pero eso ni sirve de consuelo ni salva de la certeza de vivir en medio de una guerra interna desde que en el sexenio de Felipe Calderón, iniciado a finales de 2006, se tomó la decisión de combatir el narcotráfico con las fuerzas armadas: eso, junto con el descabezamiento de jefes de cárteles y su inmediata suplencia por liderazgos improvisados, ha producido la actual escalada de la violencia.

No es que antes las cosas estuvieran tranquilas: añejas complicidades políticas federales, estatales o municipales con el crimen organizado, y zonas del territorio nacional tomadas por los narcos, llevaron a lo que estallaría con el gobierno federal en 2006 y principios de 2007. El presidente Calderón decidió la vía de la represión militar a cargo del Ejército y de la Marina, al parecer sin contar con diagnósticos y análisis profundos al inicio de su sexenio, y sí con presión por parte de Estados Unidos (que ha seguido un esquema persecutorio en el tema de las drogas, aunque recientemente varios de sus estados han legalizado el uso de la marihuana) y bajo la urgencia de someter el territorio al poder estatal allí donde los gobernadores pedían desesperadamente ayuda –como sucedió, por lo menos, con el de Michoacán.

El notable incremento de la violencia se explica en parte porque grupos de ex militares se pasaron del lado de los cárteles, lo cual hizo la lucha más cruenta, y porque los militares son entrenados para eliminar lo que consideran un peligro, es decir, para ejecutar al adversario, y no para someter y procesar conforme a las reglas del debido proceso legal a quienes cometen un delito. Si a esto se suma la honda crisis en temas de justicia, porque ha sido tardía e incompleta la puesta en marcha del llamado nuevo sistema de justicia penal, tenemos un resultado de violencias múltiples con impunidad enorme. Y si agregamos aún la corrupción casi generalizada y la cohabitación de los poderes políticos con la delincuencia organizada en todas las escalas del poder, tenemos de verdad muchos motivos para que México sea un país acobardado. Pero no lo es.

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La guerra formalmente declarada al narco en 2006 fue antes largamente incubada por un Estado mafioso. Eso no exime de responsabilidades a múltiples actores, antes y después, y sobre todo no nos exime como sociedad de un deber de participar, cada quien según sus posibilidades, a fin de poder vivir en un Estado democrático de derecho.

En ese camino elegido por los titulares del Ejecutivo Federal desde 2006 y refrendado en 2012, se dejó de optar por civilizar la seguridad pública, es decir, por restituir dignidad, capacidad y eficiencia a las policías civiles, que son aquellas a las que constitucionalmente compete la seguridad pública. Y olvidamos el lento pero seguro camino de fortalecer el tejido social, propiciar la igualdad de oportunidades, construir confianza en las comunidades, barrios, pueblos y ciudades, restituir la ética a la política, salvo contados ejemplos. Por supuesto, tampoco civilizamos el fuero de guerra, administrado por la milicia y poco proclive al escrutinio de miradas externas independientes. Y sólo muy tímidamente vamos cuestionando el modelo de combate al narco impuesto por Estados Unidos, en vez de caminar hacia una política de abordaje del problema de las drogas no prohibicionista, y atenderlas como un tema de salud pública, con fuertes inversiones en prevención y rehabilitación.

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En cuanto a la violencia feminicida hay, según las distintas entidades federativas y sus registros, un problema de cifras que parecería que no debería preocupar. Solo que no se trata de números, sino de vidas humanas, vidas de mujeres perdidas de manera violenta. Por mencionar un ejemplo, en 2017, en Jalisco, en casos que no se llegan a considerar femicidio, se contabilizaron 112 mujeres víctimas de homicidio doloso: 4.33% de 2.585 presuntas víctimas en todo el país, por debajo de la media nacional, al igual que las sí consideradas como feminicidio.[5] Habrá que ver por qué muchos de estos no han merecido ser clasificados como violencia femicidida.

De los 46,5 millones de mujeres mayores de 15 años que hay en México, más de un 66% (más de 30 millones) ha sufrido violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística.

Del total de defunciones por homicidio de mujeres ocurridas en 2016, el 42,4% de ellas corresponde a mujeres menores de 30 años, mientras que entre los hombres esa cifra es de 37,2% para las mismas edades. Es decir, las mujeres jóvenes están más expuestas a la violencia extrema.

México cuenta con una tasa de 4,5 feminicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina, solo por debajo de dos de los países más peligrosos del mundo, El Salvador y Honduras. Esta realidad y la misma guerra de cifras, y de carátulas de clasificación en los expedientes de las fiscalías, nos debe cuestionar desde dónde y cómo hacernos cargo de este panorama en tanto defensores de derechos humanos, ciudadanos, políticos o lo que sea cada quien.

Algo resulta innegable: la violencia contra las mujeres se ha incrementado notoriamente; se han abierto en el país más de 1500 carpetas de investigación por feminicidio (en México, se le llama así y así está tipificado como delito), pero existen otras miles por acoso, abuso sexual y hostigamiento que permiten ver el impacto en contra de nosotras. El Estado mexicano ha respondido con los “Sistemas para la igualdad entre mujeres y hombres” (en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal) y con los “Sistemas para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, así como con institutos para el empoderamiento de las mujeres también en todos los ámbitos, que son organismos normativos, rectores de políticas públicas de transversalidad.

Desde el gobierno federal se han creado en todas las entidades federativas Centros de Justicia para las Mujeres, que aglutinan a las áreas de investigación y de atención integral (ministerios públicos, peritos, psicólogas y psicólogos, trabajadores sociales, etc.), pero la realidad es que están desbordados y que falta imbuir de perspectiva de género el trabajo de las fiscalías y las policías de todos los niveles, además del de las y los médicos y maestros. Es necesario un sustancial trabajo educativo que vaya haciendo posible erradicar una cultura machista y cumplir con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y con la Convención de Belém do Pará, convenciones que, desde 2011 y gracias a una profunda reforma constitucional en derechos humanos, son ya parte del bloque de constitucionalidad, con el mismo rango que la Constitución mexicana.

No se puede maquillar esta realidad atroz. El nuestro es un país de una enorme desigualdad social. Mucho antes del primer disparo de un arma, múltiples violencias ocurren: urbana, laboral, comunitaria, en las relaciones de pareja, en los ingresos…

La violencia ha prosperado en una cultura donde se venera el poder del mucho tener, del tener pronto, y del tener por cualquier medio. Y a la vuelta de la esquina está la oferta de acechantes formas ilegítimas de hacerse de ese poder: desde la corrupción en la política o en la empresa privada hasta las actividades delictivas a cualquier escala: trata de personas, venta de armas, contrabando de drogas, secuestro, extorsiones, etcétera. Aunque falta contar en el ámbito nacional con una Fiscalía autónoma, se han dado pasos hacia un Sistema Nacional Anticorrupción cuyo Comité de Participación Ciudadana preside una mujer de prestigio, Marieclaire Acosta. Sus efectos bajarán a cada entidad federativa y a cada municipio para acotar, vía la transparencia de actos y de procesos, la legitimidad en la toma de decisiones que afectan a la población.

El nuestro es un país que anhela la paz, y no podremos llegar a ella sin un torrente de acciones educativas. No podemos construir la paz si no decidimos desde nuestras profundas convicciones constituirnos en seres pacíficos. No se puede pacificar desde la violencia. Sólo contagia la paz quien es paz. Y un camino para la paz son los derechos humanos, con su capacidad progresiva de transformarse y de transformarnos.

Importantísima ha sido en este tiempo la reconstrucción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sumida por casi una década en una opacidad tenebrosa, vuelve a ser punto de referencia legítima con el actual ombudsman, Luis Raúl González Pérez y su equipo. Falta bajar a las entidades federativas ese aire de recuperación de una ética pública, pues los organismos públicos de derechos humanos del sistema mexicano, que se cuentan entre los más grandes y costosos del mundo, aún están cruzados de sospechas por ser comparsas de los poderes, en vez de auténticos defensores del pueblo.

También es un enorme desafío educativo trabajar por la igualdad. Y en ese camino es preciso reconocer que la paz en México no será posible sin las mujeres. Porque, como lo señalaba el fiscal anticorrupción español Carlos Castresana, las mujeres solo excepcionalmente somos combatientes. En casas ricas o pobres, por lo general, las mujeres están haciendo lo posible por que a todos alcance el mantel del convite, por que rinda la escasez para calmar hambres, o sea bien repartida la abundancia. Las mujeres hemos sido las grandes distribuidoras de las despensas y comales, prósperos o humildes. Y también las mediadoras de conflictos, las pacificadoras. No siempre, no todas, pero sí, en general, hemos mostrado una capacidad de resiliencia, de resistencia activa en medio de las dificultades. Somos un dique ante las rupturas, trazamos puentes, aprendemos de otras. No todas y no siempre, pero sin nosotras no será posible la paz en México. Son predominantemente mujeres quienes buscan como obligadas forenses a sus hijos y esposos o hermanos desaparecidos.

En su libro “¡Atrévete!, Propuesta hereje contra la violencia en México”[6], Sara Sefchovich plantea trabajar en torno a la no complicidad de las madres con sus hijos metidos en la comisión de crímenes; propone la ausencia de bendición a los actos delictivos de sus hijos, sean criminales de bajo rango social o de cuello blanco, delincuentes organizados o desorganizados. De poca alcurnia y de mucha.

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En cuanto al tema, arduo, de las desapariciones de personas, vale la pena mencionar dos informes muy valiosos que pueden arrojar pistas o luz sobre cómo abordarlo. El primer informe es el que se escribió a raíz del caso de Allende, Coahuila, donde en 2011 más de 300 personas fueron desaparecidas, y del caso del penal de Piedras Negras, también en Coahuila, donde se desaparecía a muchas personas. Es el informe de Open Society Foundations, de 2018, titulado: Corrupción que Mata. Por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad. De él destaco lo siguiente:

• La rendición de cuentas para crímenes que han propiciado graves violaciones a los derechos humanos es casi nula. La impunidad es una parte deliberada de la política del gobierno mexicano, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, sobre todo servidores públicos.
• No hay una, sino múltiples expresiones de la corrupción, también hay diferentes niveles. Por ejemplo, habrá corrupción que suponga un proceso de captura estatal, es decir, el Estado pierde la capacidad de tomar decisiones autónomas que busquen el bien común y es abiertamente cooptado ya sea por intereses económicos, por bandas criminales (especialmente en el Estado a nivel entidad federativa o municipio) o por la clase política misma para obtener ventajas personales.
• Un mecanismo internacional ayudaría a asegurar investigaciones independientes de casos políticamente sensibles –que, al principio, pudieran ser complicados de llevar adelante para el nuevo Fiscal- mientras que proporcionaría un apoyo vital a la FGR para consolidarse. De hecho, la participación internacional ha proporcionado ese respaldo en situaciones similares en otros lugares. Por ejemplo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) logró “incrementar drásticamente la capacidad de investigación penal en Guatemala” mediante la colaboración con el Ministerio Público de reciente creación.
• En Bosnia, la inserción temporal de jueces y fiscales internacionales en la Sala de Crímenes de Guerra, con jurisdicción sobre crímenes internacionales, así como delitos económicos y casos de corrupción, ayudó a garantizar la justicia para una serie de crímenes violentos cometidos durante las guerras de la ex Yugoslavia. Luego de la salida gradual del personal internacional, la Sala de Crímenes de Guerra está dirigida por personal nacional.
• Otro desafío reconocido por este informe es el alcance del mandato del SNA (Sistema Nacional Anticorrupción), el cual, en la actualidad, no tiene aún ni la autoridad legal ni la independencia política suficiente para enfocarse en los vínculos ilícitos entre autoridades y grupos del crimen organizado. Se trata de vínculos corruptores que permiten la comisión de crímenes atroces.
• El mandato del SNA incluye corrupción relacionada con procedimientos de licitación pública, tráfico de influencias y uso indebido de fondos/recursos públicos. Aunque estas investigaciones son esenciales, una vez que el SNA funcione en su totalidad, le tomará tiempo incluso comenzar a investigar los tipos de crímenes descritos en este informe. Como ha señalado Jacqueline Peschard, hasta hace poco presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA: “No hemos hecho ni un rasguño a esa corrupción que parece impregnarlo todo, y que aparece en lugares donde no se esperaba. Sin duda, el mayor problema es el gigantesco tamaño del mal que combatimos.”
• La perspectiva inminente de una mayor militarización en México (continúa el mismo Informe citado), como lo ejemplifica la propuesta de Ley de Seguridad Interior (cuya constitucionalidad ha sido impugnada), promete debilitar aún más la posibilidad de investigaciones domésticas independientes. Tal como está redactada ahora, la ley es peligrosamente excesiva: constituye una expansión sin precedentes del papel de las fuerzas militares en la seguridad pública de México y amenaza con deteriorar aún más las instituciones policiales civiles del país. (Si el problema central es de corrupción, la salida militar parece una píldora mal administrada. Se trata de una ambigüedad enorme y una discrecionalidad muy riesgosa sobre el actuar de las fuerzas armadas).
• Dicha autoridad pondría en peligro aún más las posibilidades de rendición de cuentas penal a nivel nacional: casos de tortura y malos tratos a detenidos por el ejército son muy frecuentes, y consta en numerosos informes que los soldados han modificado la escena del crimen en casos de ejecuciones extrajudiciales (Tanhuato y Tlatlaya).

En este informe se propone un mecanismo internacionalizado para investigar de forma independiente crímenes atroces y casos de corrupción relacionados, compuesto por personal nacional e internacional; éstos últimos para proporcionar conocimientos especializados e independencia para ejecutar el mandato del organismo y para garantizar el apoyo necesario y la protección requerida para lidiar con la presión política. Con jurisdicción sobre violaciones masivas a los derechos humanos y para aquellos actos de corrupción que los posibilitan (lavado de dinero, malversación de fondos, abuso de poder). Se trata de una jurisdicción concurrente con las de otras instituciones de justicia nacionales. Con un mandato explícito para apoyar y fortalecer las instituciones de justicia nacional. Con sede en el país para asegurar que las investigaciones y  procedimientos sean cercanos a las víctimas. De alcance en todo el territorio nacional, ya que la dinámica cruza incluso las fronteras estatales. De vigencia igual que la de la Fiscalía General, y con alguna autoridad internacional asociada (se sugiere la ONU).

El otro documento interesante es el Informe Sombra sobre la situación de la Desaparición de Personas en México, elaborado por Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC (I(dh)eas), de mayo de 2018.

Algunos datos que ofrece:

• Un total de 21.602 desapariciones ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (680 del fuero federal y 20.922 del fuero común).
• Entre el 1º de diciembre de 2006 y junio de 2017 fueron encontradas un total de 1,588 fosas clandestinas ubicadas en 23 estados del país, con 2.674 cuerpos y unos 11,400 restos o fragmentos óseos.
• La falta de rendición de cuentas por casos de desaparición forzada en México sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta la crisis de desapariciones. De acuerdo con información proporcionada por el Poder Judicial Federal, del 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017, sólo se emitieron 14 sentencias por desaparición forzada, y 12 de ellas son condenatorias. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017, México se ubica en el cuarto lugar a nivel internacional de los 69 países evaluados, y el primer lugar para los países de América Latina.
• En gran medida, esta impunidad es resultado de las deficiencias de las instituciones de procuración e impartición de justicia, que en la mayoría de los casos carecen de autonomía, no tienen la voluntad, capacidad o recursos para investigar los delitos de violaciones graves a los derechos humanos o lo hacen de forma muy deficiente. De igual forma, los organismos públicos de derechos humanos generalmente incumplen con su mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos. Es por esto por lo que organismos internacionales de derechos humanos han confirmado que la impunidad en México es sistémica y estructural.
• Se identifican los siguientes problemas: demora en las investigaciones, criminalización y estigmatización de las víctimas, falta de análisis de contexto para la investigación de las desapariciones forzadas (se investiga de forma individual, sin tomar en cuenta cuestiones como el entorno social, político u otras causas estructurales que favorecen la perpetración de violaciones graves a los derechos humanos), opacidad hacia los familiares de personas desaparecidas y obstáculos para la participación en la investigación, falta de voluntad política para detener y enjuiciar a los responsables y para proteger a las personas que denuncian o participan en una investigación.
• Se señalan como complicaciones el acceso al registro, a la reparación sin obstáculos, así como a las medidas de ayuda inmediata y asistencia, ya que se exigen formalidades además de los rezagos en la armonización de la Ley General de Víctimas.
• En cuanto a las Fiscalías especializadas: trabajan con falta de recursos financieros y humanos, falta de capacidad técnica y de cooperación entre los funcionarios que tienen a cargo la investigación.
• Se carece de enfoque de género en las investigaciones ya que, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), 8.988 mujeres están oficialmente desaparecidas en México, incluidas 3.675 niñas y adolescentes. (Existe un notorio aumento de los casos en el Estado de México, Jalisco y Veracruz.)
• El Protocolo Alba y la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tienen todavía problemas de implementación y por lo tanto no brindan los resultados esperados.
• Existe una inadecuada gestión de las personas fallecidas sin identificar, ya que se han sepultado cuerpos sin el proceso de identificación respectivo. Hay una falta de regulación para las incineraciones.

Hasta aquí el tamaño del desafío esbozado en estos dos informes. Un desafío enorme, descomunal, de fortalecimiento de la democracia, de la vinculación de la ética con la política desde lo más básico de las instituciones que garantizan o deben garantizar el acceso a la justicia. Se requiere un mecanismo internacional temporal para dejar fuera a los intereses internos y tener absoluta independencia y, en la medida en que las buenas prácticas comiencen a ser replicables internamente, gracias al testimonio internacional, se vaya supliendo la gestión internacional por cuadros nacionales.

No omito mencionar las ventajas que se obtienen en estos temas si se construye un adecuado «entramado institucional» o «grupos especializados». Nos falta mucho para saber trabajar en forma colaborativa y crear círculos de confianza entre los distintos niveles de gobierno, pero no es un aprendizaje imposible.

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Una de las razones para creer que México tiene un horizonte de esperanza, pese a todo, es saber que cuenta con defensores y defensoras de derechos humanos que han hecho de esta tarea su propósito en la vida. Y lo han hecho en contextos donde más que dañar su integridad física (que la han dañado, sobre todo en el caso de los ecologistas) se les ha acosado políticamente con campañas de difamación y de calumnias y con amenazas y denuncias penales sin fundamento pero aceptadas por las procuradurías. Hay que mencionar también a periodistas valientes que pese a amenazas y asesinatos (en México es uno de los oficios más peligrosos) siguen en su empeño por decir la verdad y difundirla.

Diego Luna, junto con muchas y muchos otros artistas, han comenzado la iniciativa “El día después”. Plantean doce compromisos para lo que sigue después del proceso electoral. Un trabajo social y gubernamental para rehacer la confianza y restañar el tejido social.

Los bandos divididos no están entre quienes buscamos un cambio por la vía democrática, aunque sea por la vía independiente o a través de partidos políticos distintos, pues las y los demócratas de distintas vías sabremos aceptar los resultados electorales y trazaremos puentes para trabajar por la paz del país. Los poderes fácticos, que buscan permanecer con privilegios e imponer su agenda de desigualdades y de violencias, tendrán que ser vencidos por una ola de democracia, es decir, de derechos humanos, de tolerancia, de convicciones pacíficas.

22 de junio de 2018

Notas

[1] Colaboraron con algunas notas Francisco Macías Medina y Mariana Ortiz Tirado.

[2] Notas de La Jornada, Reforma, El Universal, 30/I/2018.

[3] https://elpais.com/internacional/2018/01/21/mexico/1516560052_678394.html basado en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_122017.pdf

[4] Las cifras son del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD). http://www.animalpolitico.com/2017/11/epn-desaparecidos-calderon/

[5] Nota de Adrián Montiel, El Diario, NTR, 30/I/2018.

[6] Sara Sefchovich, ¡Atrévete! Propuesta hereje contra la violencia en México, ediciones Aguilar, México, 2014.