En ocasión de realizarse el XIV Congreso Centroamericano de Historia, ciudad de Guatemala, en la Universidad de San Carlos de Guatemala entre los días 6 y 10 de agosto del corriente año, un grupo de historiadores emitió una declaración acerca de la grave situación que vive Nicaragua en materia de derechos humanos. Reproducimos aquí dicha declaración, que se encuentra abierta a la adhesión de firmas.

PRONUNCIAMIENTO DE PARTICIPANTES EN EL XIV CONGRESO DE HISTORIA CENTROAMERICANA Y DE ACADÉMICOS CENTROAMERICANISTAS

Hace apenas 38 años Nicaragua estaba en guerra y la comunidad académica centroamericana e internacional jugó un papel estratégico para coadyuvar en la lucha del pueblo nicaragüense para lograr su liberación de la dictadura somocista. Hoy nuevamente corre la sangre en Nicaragua y consideramos un imperativo ético y moral movilizar a la nueva generación de historiadores y académicos centroamericanistas en respaldo a la renovada lucha por la democratización de Nicaragua y el cese inmediato de una represión inédita en la historia centroamericana en los últimos 30 años.

Nicaragua enfrenta en estos momentos una grave crisis de derechos humanos producto de la violencia institucional ejercida desde el gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo, el cual lucha por ejercer a plenitud todos sus derechos.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado el 22 de junio al Consejo Permanente de la OEA señala que el gobierno ha desatado una “violencia estatal dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político y que siguió un patrón común, caracterizado por: (a) el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, (b) el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, (c) obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones, (d) un patrón de detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas, (e) la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta, (f) intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales e (g) falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto”. [1]

«Constelación Martillo», Juan Pablo Renzi (1989)

Amnistía internacional, tras su visita al país en julio, para documentar la situación expresó que “la respuesta del gobierno nicaragüense ha sido básicamente ilegítima y plagada de serias violaciones de derechos humanos e, incluso, crímenes de derecho internacional”.  Estos informes fueron debatidos el 17 de julio de 2018 por el Consejo Permanente de la OEA, dando lugar a una resolución que condena enérgicamente al Estado de Nicaragua por los actos de violencia y muerte contra el pueblo nicaragüense. En igual sentido se ha pronunciado la Unión Europea y los principales gobiernos de ese continente.

Con las sangrientas “operaciones de limpieza”, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende aparentar el regreso de la estabilidad al país.  Se ha desatado una virtual cacería del liderazgo y de aquellas personas que han apoyado a los estudiantes en los tranques y protestas.  Esto incluye la detención ilegal de miembros de la mesa de diálogo convocadas por la Conferencia Episcopal y hasta la vejación de los mismos obispos y el Cardenal.  Los que no aparecen muertos o desaparecidos, son remitidos a la Dirección de Auxilio Judicial acusados de ser terroristas y encerrados en celdas de máxima seguridad, torturados y amenazados con la aplicación de la pena máxima. Se viola la cadena del debido proceso de alrededor de 400 presos políticos y de sus familiares.  Se criminaliza la protesta utilizando ahora el Poder Judicial en tanto continúa imperando un clima de terror en las noches. Hay un número creciente de desaparecidos y la tortura parece ser la norma para todo capturado. La situación de las madres y familiares de los presos y desaparecidos es desgarradora y la cacería de estudiantes se mantiene día a día.

Pero el pueblo de Nicaragua valientemente se expresa en las calles aun cuando algunas de sus universidades permanezcan militarizadas.  Quienes suscribimos este documento pretendemos apoyarles no solo con firmas sino con acciones desde nuestras asociaciones, congresos, departamentos académicos y gremiales.

El cuadro actual de aberración policial y judicial no podría estar más lejos de lo estipulado en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, firmado por los Estados centroamericanos, que “se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana”.

Con base en lo anterior, los firmantes, participantes en el Congreso XIV Centroamericana de Historia, Guatemala, y miembros de la comunidad académica interesada en Centroamérica acordamos:

1      Expresar nuestro respaldo a la resistencia de la población, los auto-convocados de las universidades, en las calles y en el campo de Nicaragua, su derecho a la defensa y organización independiente.

2      Demandar

1. El cese de la represión contra estudiantes, sus dirigentes y otros líderes del pueblo de Sandino por parte de la Policía Nacional y las fuerzas parapoliciales y terceros armados.
2. La renuncia del Presidente y Vice-Presidente de Nicaragua para dar paso a un gobierno provisional integrado que inicie la reconstrucción del país y garantice un genuino estado de derecho.

[1] http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua-es-22junio2018.pdf