(Corresponde a la transcripción de la intervención oral).

Es bien conocida su trayectoria en la APDH y en la CONADEP. Fue legisladora, Ministra de la Nación. Libros: Derecho a la esperanza (1997), La ilusión (2007), La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina” (2009) y  Eran humanos, no héroes (2013).

En su intervención en el marco del encuentro “Hacia una agenda de los derechos humanos”, Graciela Fernández Meijide hizo un repaso de la acción y la experiencia de las organizaciones de derechos humanos, los consensos, diferencias y desacuerdos, desde la dictadura hasta el presente. Un panorama que obliga a poner el acento en la solidez de las instituciones y la ampliación de los derechos.

    Aunque sea reiterativa voy a recordar que previo a lo que fue el golpe de la dictadura, la última dictadura, el concepto de los derechos humanos, el concepto de democracia, para buena parte de la gente, era un concepto con disvalores. Fue una tragedia la que puso en valor el concepto de derechos humanos. Y, como tenemos 10 min cada uno, voy a tratar de hacer sucintamente un repaso de cómo se abordaba y cómo se trabajó durante la dictadura;  los consensos que se obtuvieron y los que no se podían obtener. Porque eso habla también de todos nosotros.

Obviamente, para la gente que le desaparecía alguien, sobre todo los primeros desaparecidos, la posición era “yo y mis derechos”; fundamentalmente: “mi hijo, mi hija, mi familiar y sus derechos”. Era lo más liberal de la visión de los derechos humanos y era bien lógico que asi fuera.

  Las organizaciones que se fueron conformando durante la dictadura yo las he dividido en dos líneas. 

  Una era preexistente y más institucional. Por lo tanto dispuesta a pedir por el conjunto y a crear opinión buscando apoyos en otros lados, por la experiencia política, religiosa, la que fuera: eran la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

  Después estaban los organismos de, estrictamente, los familiares. Algunos mucho más estrictamente, el caso de Madres y Abuelas, y otro -el único que admitía que los desaparecidos habían tenido algún tipo de implicancia política o gremial – Familiares de Desaparecidos y Presos Políticos, que incorporaba a los presos por razones políticas o sociales.

  Trabajar en conjunto significaba un gran esfuerzo no sólo por la dictadura, la ignorancia, las dificultades y demás, sino por las diferencias que había al interior de esos organismos. Y sobre todo porque en el caso de los familiares no nos había llevado ahí una convicción previa ideológica unida, sino una desgracia. Entonces cada uno llegaba con su visión, su manera de ver las cosas e intentos de solucionarlas aceptando cuestiones o rechazándolas violentamente. ¿Qué consenso teníamos? El enemigo era la dictadura, del cual había que cuidarse. Al mismo tiempo el reclamo tenía que ser un reclamo que la sociedad aceptara, una sociedad que había apoyado el golpe en una buena parte;  y que nos permitiera ir instalándonos. Entonces se llegó a decir “personas supuestamente desaparecidas”. Es decir, era todo un trabajo, del lenguaje, no de los sentimientos.

  ¿En qué cosas no lográbamos acuerdos? Por ejemplo, para algunos, en el caso de los presos políticos, en realidad no había que pedir por ellos. En el mejor de los casos se decía “lo más grave es lo de los desaparecidos”,  y en el peor “por algo están presos y no desaparecidos”. Es decir, el prejuicio de “por algo habrá sido” también estaba dentro nuestro. Eso también lo vivieron los sobrevivientes y muchos exiliados.

  No quiero hablar heroizando o ensalzando lo que fue esa lucha. Esa lucha era lo que era, con la gente que éramos y con esas realidades. Aun así, fuimos consiguiendo acciones en común que nos fueron llevando a construir en el tiempo una posición que nos permitió, cuando al final se abrió la democracia, que el tema de derechos humanos ingresara en la agenda política. Como muestra de qué cosas, o cómo se pedía, y cómo costaba avanzar, traje una solicitada de 1980, una que fue de las más amplias que conseguimos, la llamábamos  “de Borges a Menotti”, porque tenía las firmas de Borges y de Menotti. Y ahí decía, ante la situación de angustiosa incertidumbre por las que atraviesan los familiares de personas desaparecidas que piden… por razones éticas, de justicia etc. etc., pedían que se publicaran las listas de los desaparecidos, se informara sobre el paradero de los mismos. Ese era el consenso logrado en 1980. Después vendría, bastante después, “aparición con vida”, que se daba de patadas con la afirmación de un genocidio por razones obvias. Si hubo un  genocidio no podíamos,  era contradictorio,  pedir “aparición con vida”.

  Estoy marcando, por favor que se me entienda, no estoy dándole valor a una u otra posición sino señalando los espacios y los momentos que fuimos transitando. No había consenso, no logramos consenso, ni siquiera con Malvinas. Ni al interior de la propia APDH logramos consenso por Malvinas, no pudimos emitir ni una sola opinión. Esas eran nuestras dificultades.

  Después de la dictadura, después  de Malvinas,  la salida y demás, se logró un consenso. Aun cuando hubiera algunos de los organismos o parte yo diría (porque eso produjo una fractura en uno de los organismos cuya conducción rechazó la CONADEP y el Juicio a las Juntas)  se logró el consenso de los derechos humanos y la democracia como base de la nueva democracia adquirida. Y en ese caso, lo que marcó ese consenso fue el Nunca Más. Después del juicio se estaba diciendo “nunca más a la violencia política, nunca más al golpe de Estado.” Es decir, esa consigna muy fuerte, “Somos la vida”, estaba representando una posición en ese momento de la mayoría de la sociedad que compartíamos todos.

  Yo creo que después de eso no fue sencillo, pero se mantuvo ese consenso bastante tiempo.  Por ejemplo, después de la ley de obediencia debida, donde se frenó la posibilidad de seguir con  las causas, acá traje, si alguien se lo quiere llevar, un librito que sacó la propia APDH1. Una investigación que encabecé con gente entendida en estadísticas, que comparaba lo que había sido la represión en respuesta a los hechos, denunciados por el propio Ministerio del Interior en tres diarios, provocados por las organizaciones armadas. No está completo pero aquel que lo quiera, lo escaneo y se lo mando.  En ese momento, el prólogo estaba hecho por Horacio Verbitsky y no se discutían las cifras. Y no es que se dijera que el número de ocho mil novecientos y pico, que eran los desaparecidos registrados por la CONADEP, era ese número o ningún otro. Se dejaba abierto y se suponía que podía haber más desaparecidos que se iban a ir acercando. Sin embargo, los organismos no discutíamos la cifra en ese momento. Teníamos una posición más allá de que la cifra de 30.000 había circulado. Pero no era un tema de obligatoriedad o un tema sostenido a pesar de cualquier otra cuestión.

  Fuimos avanzando en el transcurso de la democracia; en algún momento el consenso que se había logrado en 1983 se fue deteriorando y llegó al punto en el que realmente hoy creo que no existe. Y en todo caso ese es el tema, yo no estoy más que presentando las preguntas.

  Ahora, al mismo tiempo no sería tan tajante. Lo que pudimos ver y lo señalaba bien Roberto Gargarella -que lamentablemente no pudo estar- en una nota, hay focos por ejemplo,  casos, como Kosteki y Santillán que le cuesta a Eduardo Duhalde que no pueda presentarse como candidato a presidente. Hay un rechazo fuerte de la sociedad. Lo mismo en el caso Ferreyra, donde la sociedad reacciona. Pero cuando se llega al caso Nisman, ahí aparece esta situación: hay que demostrar que vale la pena que pedir por sus derechos. Nisman ¿era políticamente conveniente o no plantear sus derechos?

  Esto nos está mostrando como poco a poco hubo un deslizamiento donde los derechos no son iguales para todos. En todo caso hay una especulación política acerca de si vale la pena o no reclamar por los derechos en tal o cual situación. Eso apareció muy duramente en un caso extremo como el nombramiento de Milani donde se preguntan “lo ponemos, no lo ponemos, sí lo ponemos”. Tiene acusaciones que nosotros manejamos y ahí está; hoy está preso. ¿Está bien preso, está mal preso? la verdad, lo decidirá la justicia y espero que sea correcta. Ahora, gente en las mismas circunstancias ya estaba presa, con las mismas denuncias.

  Reponer el tema de los derechos humanos me parece que nos obliga a todos, no solo a exigir a las instituciones la garantía extrema de los derechos liberales, los de primera generación, los fundamentales, sino pensar cuál es la responsabilidad del Estado con respecto a los otros derechos que son los culturales, los sociales y económicos. Y hoy, y ya cierro, me parece a mi que uno de los dramas más serios que tenemos que encarar es que hay un tercio de la sociedad que está por debajo de la línea de pobreza, por lo tanto por debajo de la posibilidad de tener horizontes. Y parecería que los otros dos tercios no se sienten demasiado mortificados con esa situación. Este es un desafío muy grande, a los principios obviamente, a la ética primero que nada, pero también a cómo la élite política, económica, sindical -lo que sea- encara sus posibilidades ante una situación como es esta, de flagrante violación a los derechos humanos o por lo menos de desconsideración a los derechos de buena parte de nuestra gente.

1. APDH, Las cifras de la Guerra sucia, 1988