Profesora de Seguridad Internacional en la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).

En el marco del encuentro “Hacia una agenda de los derechos humanos”, Rut Diamint analiza el rol tutelar de las Fuerzas Armadas en Cuba y Venezuela al tiempo que señala el carácter represivo de estas instituciones contrariamente a lo que sostiene el campo progresista que las diferencia positivamente de las Fuerzas Armadas del resto de los países de la región al establecer un doble estándar de juicio y valoración política de su rol en relación a los Derechos Humanos.

Siempre se hizo política con los derechos humanos.

La causa de los derechos humanos es la misma que la de la democracia. Lo que se ha visto en estos últimos años es un alineamiento demasiado cercano de los organismos de derechos humanos a la política. En parte, ese es el motivo por el cual estamos debatiendo cual es la agenda a futuro.

En América Latina los derechos humanos aún están vinculados a demandas democráticas, y especialmente a las deudas del desarrollo. Se ampliaron los temas a cuestiones que tienen carácter global, como los efectos del cambio climático en la vida de las personas, el reconocimiento de pueblos originarios, o la violencia contra las mujeres. Acceso a la justicia, participación política, inclusión social o seguridad personal preocupan hoy tanto como en el pasado preocuparon los abusos autoritarios.

No obstante, sin descuidar la necesaria revisión de la agenda, quiero recordar que en nuestra región, es clara e irrefutable la conexión entre las dictaduras militares y el papel de los organismos defensores de los derechos humanos. Ese fue el fundamento de la legitimidad democrática.

En Cuba se dice que las FAR son fuerzas absolutamente diferentes del resto de las latinoamericanas. Se crearon desde cero con el triunfo de la revolución. La conciencia revolucionaria apareció con ellos. Las FAR son fuerzas surgidas del pueblo, que jamás han disparado contra el pueblo y que tienen un ethos institucional diferente a las fuerzas armadas del resto de la región. Y se escudan en ese mito de nunca haber reprimido al pueblo.

Eso no es cierto. Raúl Castro Ruiz, ha sido Ministro de Defensa y Comandante de las FAR por 48 años. A través del control que Raúl Castro ejerció en el Ministerio de Interior, Minint, las fuerzas policiales, dependientes de las FAR, reprimieron y reprimen. Es cierto que actualmente tienen métodos menos violentos de control. Un político medianamente disidente que organiza una asamblea de su sector puede ser detenido en el aeropuerto por horas, puede ser llevado a prisión. Pero sobre todo, la forma de ejercer la violencia contra la libre circulación de personas y la libertad de asociación es cercar su casa y anunciarle que ese día no puede salir. Y el miedo funciona.

En Venezuela, las FANB ejercen un omnipresente control en empresas, universidades, medios de comunicación y todas las instituciones políticas desde lo municipal a lo nacional. Las políticas sociales en Venezuela paliaron una brecha histórica que condenó a la marginalidad a amplísimos sectores de la población. Ganaron derechos, sin validar el sentido republicano. Ganaron en igualdad sin incrementar su ciudadanización.

La Organización Internacional Venezolana de Derechos Humanos denunció que en el país no se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Agregaba que el Ejecutivo Nacional ha sometido a la población a un régimen de Estado de Excepción con el cual se ha dotado de poderes extra-constitucionales y ha transferido mayores facultades de control civil a las Fuerzas Armadas Nacionales, acentuando la militarización del Estado.

Once, de los 32 ministros son militares, 20, de las 23 gobernaciones están a cargo de oficiales. A ello se suma la presencia de grupos civiles armados que operan como paramilitares y la detención y reclusión arbitrarias. El 27 de enero de 2015, en la Gaceta Oficial número 40.589, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa emitió la “Resolución mediante la cual se dictan las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”. Ello permite la violenta represión militar a manifestantes. Por otra parte, algunos sectores de la oposición reclaman que los militares tomen el poder en Venezuela.

No hay política de derechos humanos en gobiernos donde las fuerzas armadas tienen un rol tutelar. No hay derechos humanos cuando al monopolio legítimo de la fuerza se suma el monopolio político y económico. No hay derechos humanos cuando las fuerzas armadas no están subordinadas al poder civil. En la actualidad, las FAR controlan más de 800 empresas. La Contraloría General de la República no tiene jurisdicción sobre los fondos de las FAR. En Cuba los militares están privilegiados. Los militares venezolanos controlan la producción y distribución de alimentos básicos y manejan numerosas empresas. También son militares el vicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y los gerentes de Bolivariana de Puertos y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Las cúpulas de las fuerzas armadas de Cuba y Venezuela están habituadas al protagonismo y a tener privilegios. No hay espacio para el cuestionamiento proveniente de la sociedad.

Estas situaciones plantean un dilema sobre el cual la región no ha querido discutir: la responsabilidad de proteger. ¿Puede la región seguir paralizada mientras mueren activistas políticos en Venezuela? ¿Dónde está el límite entre el intervencionismo a la soberanía nacional y la defensa de principios básicos que constan en los organismos regionales como Mercosur o UNASUR? La protección de aquellos individuos más vulnerables demanda hoy una acción regional. La experiencia argentina es la de una sociedad movilizada que reclama e impulsa una agenda de derechos humanos. Ello obliga al gobierno a respetar medidas que apuntaban a la igualdad de los habitantes. En otras sociedades latinoamericanas las experiencias han sido diferentes. En el caso de Cuba y Venezuela es el discurso oficial, no el de la sociedad, el que determina el espacio de los derechos humanos.

Hemos visto en estos últimos años un liderazgo que usurpaba poder de las instituciones y de la gente. Mediante la minimización del papel del poder legislativo o el socavamiento de la independencia del poder judicial, han manipulado los instrumentos constitucionales o electorales para aumentar su poder. A través de la usurpación de poder aumentan su autonomía y su capacidad de hacer caso omiso de las leyes. Los usurpadores de poder se presentan como los únicos representantes del pueblo y como los defensores de los derechos humanos y la igualdad, mientras destruyen la fraternidad y la libertad. Por cierto, algunos cuestionan los principios surgidos de la revolución francesa por colonialistas y burgueses. Pero en la mayoría de los países de la región nunca se alcanzaron, como para que ahora sean supuestamente superados por un nuevo código revolucionario. En el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos se expresa que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. En América Latina es una tarea pendiente.

Concluyo entonces retomando los argumentos iniciales. Los nuevos temas de derechos humanos obligan a repensar las estrategias de las organizaciones defensoras y promotoras de los derechos, desde una perspectiva global y regional. Pero aún, la vieja agenda sigue vigente y nos aporta claves para evitar errores y para desafiar las manipulaciones retóricas. No puede haber una comunidad en la que se respeten los derechos humanos si no hay posibilidad de controlar y responsabilizar a las autoridades de gobierno.