La situación social y política de Venezuela es cada día más alarmante. Bajo un gobierno autoritario de rasgos dictatoriales, la población sufre no solo la persecución política sino también limitaciones y dificultades crecientes en sus condiciones de vida y trabajo. En ese marco, la violación de derechos es una constante. Marino Alvarado Betancourt, comprometido activamente con la defensa de los derechos humanos en su país desde hace veinticinco años, sintetiza con crudeza en estas páginas el panorama venezolano, con énfasis en cuatro aspectos: la pobreza, la represión social, la persecución política y la acción popular de resistencia al régimen.

Alvarado Betancourt es abogado y el ex-coordinador general de PROVEA (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos). Actualmente trabaja en Amnistía Internacional sección Venezuela y es miembro del consejo consultivo de Provea. En el 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de los Derechos Humanos entregado por la Embajada de Canadá.

Mucho se habla hoy de Venezuela. Dependiendo de la inclinación ideológica del lector, puede surgir una defensa inmediata y automática del gobierno o una crítica de quienes se le oponen. Así se pierde el sentido de la crítica y del análisis y poco sirve para comprender lo que está ocurriendo.

Como activista de derechos humanos con más de 25 años acompañando a las víctimas de violaciones de derechos humanos en distintos gobiernos, mi enfoque será siempre a partir de la gente y sus derechos. De lo que la gente se merece y se le ofreció. De lo que dice la ley y su contraste con la realidad. Con el objeto de reivindicar la vida, la justicia social y la democracia. Veamos cuatro dimensiones de una sola realidad.

 

  1. El hambre aumenta y con ello los rostros tristes y la desesperanza

Venezuela tiene más de 50 años con altos niveles de pobreza. Un país rico con un pueblo pobre. En Venezuela el índice oficial de pobreza lo emite el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Hace 20 años el INE indicaba que existía en Venezuela, para el primer semestre de 1998, un total de 2.296.946 hogares en situación de pobreza, equivalente a 49% de la población. Es decir, la mitad de los hogares se encontraban en esa situación. Para el primer semestre de 2015, según dicho Instituto, la cantidad de familias pobres era de 33,1%, equivalente a 2.434.035 hogares, lo cual indica una importante disminución en términos porcentuales. ¿Por qué solo tenemos esa cifra de hace ya tres años? La respuesta es simple: el gobierno dejó de publicar cifras de pobreza porque desde el primer semestre de 2013 se inició un acelerado proceso de crecimiento de hogares pobres. Se empezaron a revertir de manera rápida los avances que se produjeron durante el gobierno de Chávez entre los años 2005 y 2012, lapso durante el cual la pobreza pasó de 42,4% a 21,2%. En 2013, en solo seis meses, la pobreza saltó a 29,4%.

Hoy, según análisis independientes realizados por el sector académico en Venezuela, hay más pobres que en 1998. La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), un estudio realizado por las tres principales universidades del país, indicó que para 2017 el 87% de la población debía considerarse como pobre. Según el estudio, la pobreza extrema se ubicó en 61,2%. Las escenas de pobreza, de hambre, sufrimiento y muerte, se repiten infinitamente. Se reportan en distintas partes del país niños hospitalizados o muertos por desnutrición. Los basureros se han convertido en comedores populares de miles de familias. La inflación de los años 2015 y 2016, y la hiperinflación en 2017 y 2018 no solo es un asunto de estadísticas. Es un asunto de derechos. El derecho a la alimentación y a la salud se ha visto duramente golpeado por el aumento exponencial del costo de vida. Así, en 2015, la inflación fue de 270,7%; en 2016, de 550%; en 2017 se elevó a 2.616% y los pronósticos para 2018 es que sobrepasará el millón por ciento.

Los meses que quedan del 2018 y los primeros meses de 2019 probablemente sean de una profundización del hambre y la miseria. El gobierno, a mediados de agosto, anunció un conjunto de medidas de carácter económico; entre ellas, un significativo aumento de salarios que, en los dos primeros meses (septiembre-octubre), podrá aliviar un poco la situación de quienes tienen empleo formal. Pero existen más de un millón de desempleados y una amplia economía informal, a los cuales no alcanzarán esas medidas. Todos los pronósticos, incluyendo análisis de economistas que fueron ministros de Chávez y de Maduro indican que la alta inflación continuará y posiblemente se incrementará (ver el análisis de Víctor Álvarez).

Con altos niveles de pobreza y un panorama económico que, pareciera, profundizará la crisis económica y con ella la social, la Venezuela de hoy es de mucha incertidumbre y desesperanza. En las conversaciones cotidianas de las familias en distintos extractos sociales, el tema de la crisis es muy frecuente.

Finalizando el gobierno de Chávez, las calles de Venezuela se llenaron de vallas publicitarias donde se le garantizaba a la gente que tendría un “Buen Vivir”. Hoy es una frase irónica. Es alarmante el deterioro en la calidad de vida de la población, así como la exclusión social.

La masiva migración forzosa que hoy causa preocupación en la comunidad internacional tiene su causa fundamental en la angustia de importantes sectores de la población ante el deterioro acelerado de sus condiciones de vida. Se trata de una migración cada vez más masiva; son millones los que han salido y los que tienen entre sus planes traspasar las fronteras. El gobierno no solo condena cada día al hambre a mayor cantidad de familias, sino que las obliga a la aventura de abandonar Venezuela. No tiene ninguna voluntad de revertir tal situación y ello va acompañado de un proceso de debilitamiento de las instituciones que tendrían la obligación de atender la grave crisis humanitaria que se ha generado.

A tales niveles ha llegado el deterioro de vida de la población y los riesgos asociados a su existencia, que organizaciones de derechos humanos afirmamos sin ninguna duda que se vive una emergencia humanitaria compleja (Informe Anual de Amnistía Internacional: Datos de la emergencia humanitaria en Venezuela). Se huye del hambre y de los riesgos de muerte por el grave deterioro de los servicios de salud públicos y la escasez de medicamentos. Esa masiva migración genera otras consecuencias sociales preocupantes para el disfrute de los derechos humanos y la estabilidad económica y social. Familias separadas, niños y niñas transitoriamente abandonados por padres que se fueron y otros que dejan sus estudios, fuga de talentos en las más diversas áreas que debilitan las capacidades del país para responder a una reconstrucción de la vida económica. Hay un estado permanente y muy masivo de incertidumbre frente al futuro inmediato y ello genera angustia y desesperanza.

 

  1. En nombre de los pobres se maltrata y asesina a los pobres

Quizá usted amigo lector se haya conmovido e indignado al ver las escenas de soldados israelíes derribando casas de los palestinos presuntamente responsables de actos terroristas. Y tiene muchos motivos para indignarse. Pero escenas igualmente dramáticas se han vivido en Venezuela.

«Ensayo sobre la espera», instalación (fragmento), Graciela Sacco (2007)

Durante los años 2015 y 2016, más de 2000 familias pudieron observar como fuerzas militares y policiales se encargaban de demoler sus viviendas. Familias con viviendas consolidadas y con más de 20 años en sus sectores fueron desalojadas y sus casas derribadas en las acciones de seguridad llamadas irónicamente Operativos de Liberación del Pueblo. Así, se dejó en la calle a miles de familias que con el esfuerzo de muchos años lograron no solo un techo donde vivir sino también tener los enseres elementales, luego robados por la fuerza pública.

Cientos de funcionarios militares y policiales allanaron sin orden judicial viviendas, derrumbaban puertas, destruían lo que encontraban a su paso, se apropiaron de los bienes, detuvieron a casi todos los hombres mayores de 15 años y a muchas mujeres, dieron trato cruel e inhumano a los detenidos y realizaron algunas ejecuciones. Así fueron esos operativos. Luego de una masacre perpetrada por integrantes del ejército en octubre de 2016 donde detuvieron a 13 personas y las desaparecieron –meses después fueron encontradas muertas-, el gobierno se replegó con las llamadas OLP pero no disminuyó la violencia institucional. Hoy esos mismos operativos con alta letalidad son realizados por la llamada Fuerza de Acción Especial (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana. Es la política de la mano dura como filosofía para enfrentar al delito acompañada de una militarización creciente de las políticas y medidas de seguridad ciudadana.

En nombre de los pobres, un gobierno que se autodefine obrero allana sin orden judicial casas de obreros y realiza ejecuciones extrajudiciales casi a diario. En nombre de la seguridad ciudadana los habitantes de los sectores populares son doblemente victimizados. Por la delincuencia común y por los actos delictivos del Estado a través de los funcionarios policiales y militares.

Un gobierno que se dice de izquierda aplica las mismas políticas de seguridad ciudadana de los gobiernos que critica, políticas que generan graves violaciones a los derechos humanos. Funcionarios pobres como lo son los policías y militares de escalón bajo e intermedio entran a donde viven otros pobres a imponer violencia y atentar contra su vida e integridad personal.

No hay ningún indicio de que el gobierno de Nicolás Maduro pretenda disminuir esta violencia institucional. Se ha arraigado en la política de seguridad ciudadana planificada y comandada por integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lamentablemente, el futuro inmediato es que esta ya larga lista de personas ejecutadas siga creciendo, que se profundice la militarización de las labores de seguridad ciudadana y que los pobres sigan doblemente victimizados.

 

  1. El gobierno convirtió en riesgoso ser crítico de su gestión

Ser disidente en Venezuela es de riesgo. Y cada día el riesgo se incrementa. El gobierno de Maduro es intolerante. No acepta la crítica. A la exclusión social por el incremento de la pobreza y el hambre, este gobierno suma una exclusión política: la discriminación por motivos políticos, la persecución a disidentes incluso provenientes de las propias filas del gobierno, la discriminación en el disfrute de derechos si no se es adulante y complaciente con los caprichos y controles impuestos.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas describe así la situación de persecución: “la comisión múltiple de detenciones arbitrarias de personas que forman parte de la oposición política al Gobierno, o bien por el hecho de haber ejercido los derechos a la libertad de opinión, de expresión, de asociación, de reunión o de participación política” constituye “un ataque o práctica sistemática por parte del Gobierno para privar de la libertad física a opositores políticos, particularmente a quienes son percibidos como opositores al régimen, en contravención de normas fundamentales del derecho internacional” (Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión número 87/2017, A/HRC/WGAD/2017/87, párr.48).

Los abusos que se cometen contra las personas detenidas por motivos políticos no tienen nada que envidiar a los practicados por los gobiernos más represivos que han gobernado en el Continente. Describirlos daría para un largo escrito, pero para que se tenga una idea de la dimensión de los abusos me referiré brevemente a algunos de ellos.

Es común que los detenidos sean incomunicados por semanas e incluso meses sin que se sepa dónde están y sin acceso a familiares y abogados. El Alto Comisionado de Derechos Humanos se ha pronunciado contra estas prácticas de desaparición forzada.” El ACNUDH ha comprobado la existencia de violaciones recurrentes del debido proceso, como la detención en régimen de incomunicación, las desapariciones forzadas breves, la imposición de grandes restricciones al derecho a una defensa adecuada y las demoras judiciales injustificadas”.

Se detiene a personas que son encarceladas por meses sin ser presentadas ni ante un fiscal ni, mucho menos, ante un juez. Y si llegan a los tribunales, lo hacen sin haber tenido acceso a sus abogados ni a sus expedientes. Luego, se los mantiene presos por largos períodos, aun cuando existan órdenes judiciales de libertad. Durante el primer semestre del año, 85 personas fueron secuestradas por el Estado. En unos 26 casos se ha podido constatar la existencia de personas que permanecían encarceladas a pesar de que los jueces decretaran o la libertad plena o la continuación del procesamiento pero en libertad. De esta manera, los cuerpos policiales y militares con apoyo del Ejecutivo Nacional desconocen las decisiones judiciales.

Son frecuentes los casos de extorsión y chantaje a través de la detención de familiares de personas buscadas por las fuerzas represivas, para forzar su entrega. Un caso emblemático es el del joven Pedro Lares, hijo de un alcalde de oposición que fue llevado en lugar de su padre por organismos policiales que allanaron la vivienda de éste y no lo encontraron. Estuvo casi un año preso en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin ser presentado ante un juez.

Se constata también el uso de la justicia militar para procesar a civiles. Más de 800 civiles han sido procesados en la justicia militar por motivos políticos. Buena parte de ellos permanecen privados de libertad en cárceles de naturaleza militar. Se ha procesado así por los delitos de rebelión militar, asalto al centinela, ofensa al centinela y otros similares no solo a dirigentes políticos y sociales, sino también a personas que simplemente participaban de protestas por el derecho al agua, contra los reiterados apagones, o por la escasez de alimentos.

Hay una complicidad de fiscales y jueces para permitir los tratos abusivos contra las personas detenidas, que se manifiesta en su negativa a procesar las denuncias que realizan en ese sentido los propios detenidos.

Junto a la persecución a la disidencia, hay una política de Estado de exclusión por motivos políticos. Se despide a personas que trabajan en el sector público si no asisten a los actos convocados por el oficialismo y se limita el disfrute de algunos beneficios y derechos a quienes poseen el llamado “carnet de la patria” -un documento de identificación obligatorio para algunos trámites y el goce de ciertos beneficios, que está directamente vinculado a la base de datos del partido de gobierno.

Se colocan múltiples obstáculos a los partidos políticos para que puedan existir. Se les obliga a tener que realizar nuevos registros imponiendo normas que se aplican de manera discrecional y arbitraria. De esta manera se viene excluyendo a varios partidos políticos de la oposición de su participación en procesos electorales. El 20 de noviembre de 2017, la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el gobierno, estableció que aquellos partidos que se hubiesen abstenido de participar en la convocatoria a procesos electorales anteriores estaban vedados de hacerlo en el futuro.

La persecución a la disidencia, las políticas y medidas de discriminación por razones políticas y la exclusión de beneficios a partir de controles discriminatorios, producen una situación general y sistemática de exclusión con el solo propósito de mantener el poder de manera arbitraria a costa de los derechos civiles y políticos de la población.

 

  1. El pueblo mantiene su irreverencia pese al creciente autoritarismo

Durante el año 2017, se desarrolló en Venezuela una rebelión popular con amplias y recurrentes manifestaciones y protestas en grandes, medianos y pequeños poblados. Fueron acciones coordinadas bajo una dirección compartida entre el liderazgo de la oposición política y dirigentes sociales diversos, que permitieron durante cuatro meses dar orientación y coordinación a la protesta. El gobierno respondió con un uso desproporcionado y criminal de la fuerza policial y militar. El resultado es que 143 personas murieron en el contexto de las protestas, en su mayoría por disparos realizados por la fuerza pública o por paramilitares a su servicio. Es la misma fórmula de represión que en este momento funciona con mayor letalidad en Nicaragua para aplastar la rebelión del pueblo de ese país.

Durante los primeros meses posteriores a la derrota, se produjo un nivel de incertidumbre en millones de personas que estaban convencidas que con “la Rebelión” se podían lograr los objetivos que se trazaron: Calendario electoral; Liberación de los presos políticos; Respeto a la Asamblea Nacional y Canal Humanitario. La Rebelión dejó sin embargo saldos positivos. Logró objetivos no previstos. Colocó la crisis de Venezuela en la agenda internacional, desenmascaró el autoritarismo del gobierno y dejó en evidencia que se está en presencia de una dictadura. Ello sin duda es un gran saldo.

Las autoridades desataron una razzia represiva principalmente contra los jóvenes que, bajo la denominación de “resistencia”, organizaron, mantuvieron y custodiaron las barricadas que florecieron en distintos lugares de la geografía nacional y así actuaban como contención ante la represión a las manifestaciones. El resultado fue que varios de ellos fueron encarcelados, otros se exiliaron o pasaron a la clandestinidad.

El gobierno diseñó una estrategia orientada a garantizar su permanencia en el poder mediante una combinación de uso arbitrario de las instituciones bajo su control, violación flagrante de la Constitución y las leyes, persecución, y una profundización de las medidas de exclusión política a factores críticos al gobierno.

Pero si bien mermó, la protesta no se detuvo. Cientos de pequeñas protestas se realizan semanalmente. En su gran mayoría están protagonizadas por trabajadores y sectores de las comunidades populares. Sus exigencias son fundamentalmente por derechos sociales y están muy vinculadas a necesidades específicas a ser satisfechas: protestas contra la escasez de agua, por los reiterados apagones, por incumplimiento de convenciones colectivas. Son movilizaciones simultáneas pero sin coordinación, sin una dirección social y política que las articule. No tienen una plataforma común de exigencias como si existió durante la Rebelión. Tampoco muestran un nivel de desafío a la represión como el que se dio en los meses de abril a julio de 2017. Pero hay un pueblo irreverente en la calle reclamando derechos. Según el Observatorio Venezolano de conflictividad social, en el primer semestre de 2018 se desarrollaron 5315 protestas.

¿Volverá a ocurrir una nueva rebelión en los próximos meses? Ese interrogante está en el ambiente. El descontento frente a la situación económica y social es considerable y todo indica que se agravará en los próximos meses. Cada día, quienes reclaman en la calle derechos obtienen pequeñas victorias. Poco a poco van surgiendo iniciativas para empezar a coordinar esas luchas. Así, se ha organizado el Frente Amplio, que agrupa a sectores políticos y sociales, y el Comité de Conflicto Nacional, que comienza a agrupar a líderes sociales en conflicto para coordinar un plan de exigencias y una narrativa común frente a la crisis.

Lo único cierto es que por más represión, creciente número de presos políticos y amenazas frecuentes de altos funcionarios del gobierno, el pueblo venezolano no ha abandonado las calles ni parece dispuesto a hacerlo. Qué dimensión adquirirá la protesta y qué objetivos se planteará si llegase nuevamente a ser masiva, es un de las incertidumbres.

Las dimensiones de la realidad de la Venezuela de 2018 son múltiples. Aquí solo hemos presentado algunas de ellas, que permiten aproximarse a qué grado de disfrute de derechos tiene la población, cuáles son algunas de las situaciones más apremiantes que inciden en su calidad de vida, y hasta dónde se ha diluido la democracia y erigido el autoritarismo.