Vale la pena recordar que el término Parlamento tiene en sus orígenes la acepción de hablar (parler), deriva en la idea de discutir y en la de reunión o asamblea y de allí pasó a nombrar al órgano del Estado en el que los representantes del pueblo debaten y aprueban leyes.

Importa recordar esos orígenes cuando vivimos un proceso eleccionario destinado a seleccionar a los representantes (diputados y, en algunos casos, senadores) de los ciudadanos en la deliberación y en la gestión de las leyes.

Sobre todo, porque hoy tiende predominar una idea un tanto degradada, meramente cuantitativa, de las funciones legislativas definidas, finalmente, por el trámite de la suma de los votos y el peso relativo de los bloques. Muy distinto es concebir al Parlamento como un lugar de la palabra y de las ideas, de la conversación y el debate, de la persuasión y el intercambio recíproco de argumentos.

En esa imagen (ideal si se quiere) del órgano legislativo se expone una visión eminente de aquello que el Parlamento podría o debería representar. Ya no sólo la representación un partido o una tendencia sino, además y sobre todo, de un espacio público de discusión y participación que incorpora o en verdad constituye una comunidad de ciudadanos. En ese sentido, el Parlamento no sólo legisla, también contribuye a producir discurso público, cultura política y opinión.

El Diccionario ciudadano ilustrado, una iniciativa original e innovadora que Alejandro Katz escribe mientras promueve su candidatura, es algo distinto de una propuesta de campaña. Va más allá del programa de una agrupación y de la disputa por el voto en la medida en que apunta a un vocabulario común, a los conceptos y los valores que deberían fundar una discusión pública y fundada, a las bases de la deliberación colectiva en una democracia concebida como una sociedad de iguales donde puedan vivir juntos los que piensan y desean cosas diferentes.

A. Amistad cívica.

Relación de respeto mutuo entre ciudadanos que, pese a profundas diferencias ideológicas, mantienen un compromiso compartido con las instituciones democráticas y la igualdad política. Opera en el ámbito público, considerando a todos los conciudadanos como iguales con derecho a participar en la deliberación democrática. Proporciona la base para aceptar derrotas electorales, participar en desacuerdos constructivos y preservar la legitimidad democrática durante períodos de intensa polarización. Convierte a los oponentes políticos en socios cívicos comprometidos con el proyecto democrático común, facilitando la cohesión social sin eliminar el conflicto político legítimo. Es tanto condición como resultado de instituciones democráticas saludables, combinando el reconocimiento individual con la solidaridad colectiva.

B. Bien común.

Conjunto de condiciones institucionales, materiales y culturales que permite a todos los miembros de una comunidad política desarrollar sus capacidades y perseguir sus proyectos de vida en igualdad de oportunidades. No se trata ni de un interés abstracto que se impone sobre las preferencias individuales ni de la simple suma de esas preferencias, sino de la infraestructura social —educación, salud, justicia, ambiente— y los recursos compartidos —espacios públicos, conocimiento, servicios urbanos— que emerge de la deliberación democrática y hace posible la libertad efectiva de cada persona. Su construcción requiere espacios de negociación donde los intereses individuales se confrontan, se transforman y generan compromisos colectivos que trascienden las demandas sectoriales.

Opera como horizonte regulativo de la política pública y criterio de legitimidad del poder estatal, distinguiendo entre gobiernos que administran privilegios y gobiernos que construyen ciudadanía. Su defensa exige reconocer que la prosperidad individual depende de instituciones compartidas que ningún actor privado puede proveer por sí solo.

C. Ciudadanía.

Condición que convierte a los habitantes de un país en protagonistas del destino común, habilitando la participación efectiva en decisiones que afectan la vida colectiva. No se reduce a la posesión formal de derechos civiles y políticos, sino que exige el acceso real a educación, salud, justicia y oportunidades que desarrollen capacidades para la deliberación pública. Opera como síntesis entre pertenencia comunitaria e igualdad ante la ley, distinguiendo entre quienes simplemente residen en un territorio y quienes construyen activamente el bien común. Su ejercicio requiere tanto instituciones que respondan a demandas legítimas como personas dispuestas a asumir responsabilidades públicas, transformando la relación vertical súbdito-autoridad en vínculos horizontales entre iguales. Distingue sociedades que administran poblaciones de democracias que construyen ciudadanía, exigiendo espacios de participación donde los conflictos se tramitan civilizadamente y las diferencias se procesan como diversidad enriquecedora del debate público.

D. Democracia.

Dispositivo de autogobierno colectivo mediante el cual una comunidad política negocia permanentemente los criterios de pertenencia y participación en las decisiones, y define quiénes cuentan como iguales con derecho a intervenir en los asuntos públicos: quiénes pueden votar, ser elegidos, deliberar y beneficiarse de derechos políticos. La democracia nació históricamente con ciudadanía restringida, pero su ampliación permanente, sin exclusiones arbitrarias ni impedimentos para la participación efectiva, se ha tornado una exigencia para considerarla legítima. Así, opera como una frontera móvil que se expande según criterios que la propia comunidad política redefine, estableciendo tanto un resultado (quién pertenece hoy) como definiendo un proceso (cómo se renegocian mañana los términos de inclusión), y permitiendo que sus miembros decidan en cada momento cómo vivir juntos. Distingue entre las sociedades que naturalizan exclusiones y aquellas que cuestionan continuamente los límites de la ciudadanía política y social.

El funcionamiento pleno de la democracia requiere tres tipos de igualdad, que a la vez le dan sentido a ella misma: la igualdad ante la ley (isonomía); la igualdad en el derecho de palabra (isegoría); y la igualdad de rango (igualdad ciudadana).

E. Esfera Pública.

Ámbito en el que ciudadanos diversos expresan libremente sus disensos y confrontan sus diferencias mediante argumentos que reconocen la dignidad de todos los participantes. No impone restricciones para deliberar sobre lo común, pero exige que el pluralismo de opiniones se tramite a través del respeto mutuo, transformando conflictos particulares en decisiones de interés general que protejan tanto a mayorías como a minorías. Su funcionamiento requiere distinguir entre desacuerdos legítimos que enriquecen la conversación pública y discursos que buscan dañar o destruir al adversario político. Es condición de posibilidad de la democracia: cuando se degrada, la política deja de ser conversación para convertirse en «guerra civil discursiva» donde se impone la visión de un bando en lugar de tramitar las diferencias. Su reconstrucción exige reconocer que la violencia verbal es también violencia real, y que la calidad de nuestra convivencia democrática depende del respeto, la dignidad y la confianza compartidas.

F. Feminismo.

Perspectiva política e intelectual que señaló la exclusión de las mujeres de la ciudadanía y puso en evidencia la subordinación y sometimiento asociados al género. Su acción contribuyó a redefinir los criterios de participación democrática mediante la incorporación sistemática de experiencias históricamente excluidas del ámbito público y de los derechos civiles, políticos y económicos. Opera como principio epistemológico y normativo que cuestiona la pretendida universalidad de un sujeto político construido sobre la experiencia masculina de varones privilegiados, ampliando así tanto los temas considerados legítimos para el debate público como las perspectivas válidas de conocimiento político.
El feminismo transformó la agenda democrática al visibilizar cómo la división entre esfera pública y privada ha naturalizado desigualdades estructurales, e incorporando el cuidado, la reproducción social y las violencias como dimensiones centrales de la justicia. Su incorporación al debate público multiplicó las voces autorizadas y la relevancia legítima en las discusiones políticas. Su contribución específica a la democracia consiste en demostrar que la igualdad formal requiere el reconocimiento de diferencias concretas y la redistribución tanto de recursos como de responsabilidades colectivas. Sus reivindicaciones políticas no se reducen a la representación numérica en ámbitos institucionales y laborales, sino a la transformación crítica de los derechos y el marco constitucional de la democracia.