LaMesa considera importante difundir las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, un mecanismo especial de la ONU establecido en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las violaciones graves a los derechos humanos. Hemos seleccionado lo que corresponde a las evidencias sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por dos de las seis estructuras de seguridad utilizadas para controlar a la población y silenciar a la oposición.
El Informe da cuenta de que “actores institucionales clave dentro del Ejecutivo, como las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, desempeñaron un rol en los arrestos y detenciones de opositoras y opositores al Gobierno, reales y percibidos como tales”.
Se centra en el rol desempeñado por la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en las violaciones y crímenes cometidos, tanto en el nivel institucional como en el de la responsabilidad de las personas que ocuparon y ocupan cargos jerárquicos. Investiga “diferentes niveles de las cadenas de mando e identifica roles y contribuciones adicionales, con miras a avanzar en la determinación de su responsabilidad”. Y establece que los delitos y violaciones cometidos “fueron de especial crueldad y se cometieron contra personas particularmente indefensas por estar detenidas”.
Este informe, el tercero presentado al Consejo de Derechos Humanos por la Misión, se refiere a la participación de funcionarios de la República de Cuba que “entrenaron, asesoraron y participaron en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM”. La Misión ha corroborado que esa colaboración se remonta al menos a un “Memorando de Entendimiento” confidencial firmado en 2008 entre el Ministerio de Defensa de Cuba y el gobierno bolivariano de Venezuela. Esa cooperación tiene como uno de sus objetivos “descubrir y enfrentar los esfuerzos subversivos y de inteligencia en nombre del enemigo, así como la actividad criminal”. Los funcionarios cubanos habrían “desempeñaban un papel destacado en el desarrollo de las técnicas de interrogatorio y los métodos de vigilancia en la DGCIM, así como en las estructuras y los objetivos de las Direcciones”. Y se consigna que agentes de la DGCIM viajaban habitualmente a Cuba para recibir formación.
En los capítulos, muy detallados, dedicados a los testimonios y evidencias de violaciones y delitos cometidos en la DGCIM y el SEBIN, se consignan casos de fabricación y manipulación de pruebas, desapariciones de corta duración, detenciones en centros clandestinos -de los que se identifican diecisiete-, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual y de género, etc.
El informe se ocupa detenidamente de las responsabilidades individuales de los funcionarios. Y concluye con una serie de recomendaciones que comienzan por solicitar que se continúen las investigaciones. Pide que se investiguen las torturas, los tratos crueles e inhumanos y la violencia sexual y de género:
“Fuertes palizas con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; uso de un dispositivo llamado «señorita», para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad constante; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómitos; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y sus familiares.”
Se insta a los Estados a “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los delitos identificados en el presente informe, de acuerdo con su legislación nacional y los principios internacionales aplicables”. Y se recomienda a la Corte Penal Internacional investigar “si Venezuela está investigando y persiguiendo realmente los crímenes que caen bajo su jurisdicción, analizar si se están llevando a cabo procedimientos contra los individuos identificados en el presente informe, en particular los de nivel medio y alto de responsabilidad”.
La difusión del Informe cobra especial importancia porque el pasado 7 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la renovación del mandato de la misión por los próximos dos años, con el voto positivo de 19 países, para que continúe investigando las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. (ver nota)
La resolución, impulsado por 39 países, no fue apoyada por la Argentina que se niega así ya no sólo a condenar sino a continuar promoviendo la investigación de hechos documentados por la misión en base a las evidencias y testimonios de los crímenes cometidos por el estado venezolano.
“Argentina una vez más a contramano de los derechos humanos en Venezuela” se titula el comunicado de Amnistía Internacional. (ver nota)
Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno
Los bon vivant, Julián Reboratti
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