En el polémico acto que tuvo lugar en Aeroparque y en el que la restitución de uno de los aviones que había participado de los “vuelos de la muerte” fue utilizada con fines electorales la vicepresidenta apeló nuevamente a la necesidad de sancionar una ley que penalice el negacionismo. Hugo Vezzetti se detiene a reflexionar sobre esta propuesta, nada novedosa en la escena nacional, haciendo un cotejo con lo que ha sucedido en la escena europea cuando se intentaron imponer leyes de este tipo al tiempo que señala la alarmante falta de rigurosidad con la que se abordan temas de una dimensión sumamente compleja.   

El reciente acto en el Aeroparque en el que la vicepresidenta expuso los entretelones de la decisión sobre las candidaturas del oficialismo con el decorado del avión que evocaba a las víctimas de los “Vuelos de la muerte” ha sido impugnado por razones que invocan la degradación ética y política en el uso oportunista de un objeto memorial de la tragedia que involucra a todos los argentinos.

Se ha reparado menos en los enunciados de su discurso que planteaban el tema del “negacionismo”: “Argentina necesita una ley de negacionismo. No la necesitó hasta 2015 porque no había nadie que negara”. Y mencionó la ley alemana, en la que, afirmó, “está prohibido tener algo nazi”.

Algo que por supuesto es falso: en Alemania, como en cualquier democracia consolidada, los ciudadanos no son penalizados por lo que tienen sino por lo que hacen o, en todo caso, por lo que promueven o incitan a hacer.

El tema de las leyes contra el “negacionismo”, vigentes sobre todo en Europa, es bastante más complejo y requiere un desarrollo mayor, pero caben algunas precisiones sobre el contexto y las formas en que esa pretensión punitiva vuelve a emerger en la escena pública.

¿Qué se entiende por “negacionismo”? El problema nace, hace varias décadas, en un debate de historiadores, que se extiende a eso que Habermas llamó el “uso público” de la historia. Y trataba sobre las corrientes “revisionistas” que discutían las interpretaciones establecidas sobre el régimen nazi y la segunda guerra mundial.

Sólo después llegaron las iniciativas, diversas y muy discutidas, que persiguen penalmente la negación, justificación y relativización del genocidio contra los judíos en Europa y que, en algunos casos, incluyen otros crímenes de masas.

Por ejemplo, en países del Europa del Este, que sufrieron el yugo comunista, se persigue igualmente la negación y justificación de los crímenes soviéticos. Cuando interviene el Estado, y el nacionalismo, la voluntad punitiva profundiza las guerras de memoria: en Rusia es un delito “difundir deliberadamente información falsa sobre la actividad de la URSS durante los años de la Segunda Guerra Mundial” (ver en Wikipedia). Dejo a otros opinar sobre las bases jurídicas de la penalización y me limito al debate intelectual y político. En principio, el propio término ha surgido para establecer una distinción nítida con los revisionismos históricos que son parte de los debates sobre el pasado.

«Torbellino a la hora del café» de Juan Pablo Renzi

Varios de los académicos e intelectuales que escribieron sobre el genocidio nazi y el racismo, y que participaron en esos debates (Raul Hilberg, Noam Chomsky, Pierre Vidal-Naquet, Carlo Ginzburg, entre otros) se han pronunciado en favor de la libertad de pensamiento e investigación y han rechazado que esos problemas se diriman en la justicia.

En todo caso, cabe separar la apología de un crimen del riesgo cierto de sancionar un delito de opinión, una tendencia lamentablemente presente, sobre todo allí donde el Estado (o un partido) pretende imponer una memoria regimentada.

Es claro que, desde el comienzo, el problema no se refería simplemente a sancionar una verdad sobre el pasado sino a intervenir sobre el presente. Se buscaba reforzar la penalización de grupos y partidos neonazis o filofascistas que recuperaban no sólo los emblemas sino la propaganda, y los programas, que llamaban a la supresión de minorías étnicas o religiosos.

No hace falta decir que el problema más bien se ha agravado en los últimos años. Y la experiencia demuestra que los derechos de las minorías habitualmente perseguidas están mejor protegidos en sociedades abiertas, con instituciones democráticas y aparatos estatales respetuosos de las libertades.

No hay que buscar en otras latitudes para advertir que, si se trata de prevenir la violencia y la discriminación, más que agregar normas penales, el foco debería ponerse en cambiar las prácticas policiales y de seguridad, y las formas políticas que impulsan la confrontación e instalan escenarios que aplastan la convivencia.

En la Argentina, la propuesta de impulsar leyes contra la negación de los crímenes de la dictadura no es nueva. Hay proyectos que nunca se trataron y otros que se presentan ahora.

En principio, no se puede confundir el debate abierto sobre ese pasado, que abarca temas que se vienen discutiendo desde hace cuarenta años (el número de víctimas, la “teoría de los dos demonios”, el debate sobre la categoría de “genocidios”, etc.) con la negación o la relativización del crimen.

Sin duda, en el terreno de la opinión política o mediática han surgido expresiones irresponsables, ideológicamente emparentadas con los epígonos de la dictadura o insensibles al sufrimiento de víctimas y allegados.

Tampoco son nuevas y, en general, no niegan el hecho sino las interpretaciones y los usos. O incorporan otros temas como la acción de los partidos armados y la memoria de las otras víctimas producidas por la insurgencia. Pero no existe algo asimilable a la internacional del “negacionismo” en Europa, los EEUU o algunos países árabes, que incluyen figuras públicas, libros, páginas web y reuniones destinadas a propagar sus mentiras.

Ojalá se pudiera abrir un debate serio, argumentado y responsable, aunque el estado de la crispación pública y la miseria de las ideas en el campo político no dejan lugar a la esperanza.

Ese pasado se ha incorporado de la peor forma en las luchas políticas: ese es el problema mayor. Y el modo en que el tema ha sido planteado por la vicepresidenta es parte de ese problema.

Archivo IIAC-UNTREF. Fondo Juan Pablo Renzi -AR IIAC 09-1-3-1-07-02-03-