Ricardo Brodsky, quien fuera director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, reflexiona en este texto en torno a la situación judicial de Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del ejército chileno entre 2002 y 2006, quien está siendo procesado como presunto cómplice en el fusilamiento de 15 presos políticos en la tristemente conocida “Caravana de la muerte”, siendo Cheyre uno de los pocos jefes militares chilenos que enunció públicamente su arrepentimiento por el daño ocasionado por el poder militar sobre el conjunto de la sociedad chilena. Brodsky reflexiona, a la luz de este caso judicial, sobre la importancia del arrepentimiento, el significado de la reparación y el lugar de la justicia en la escena democrática chilena de estos días.

Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del ejército chileno entre 2002 y 2006, período del primer presidente socialista después de Salvador Allende, Ricardo Lagos, está siendo procesado desde 2016 por el ministro Mario Carroza como presunto cómplice en el fusilamiento de 15 presos políticos en La Serena, y se espera que la sentencia sea declarada en fecha próxima.

El hecho que se investiga ocurrió el 16 de octubre de 1973, en el contexto de la misión del general Sergio Arellano Stark, conocida como Caravana de la Muerte, cuyo cometido, ordenado por Augusto Pinochet, fue asesinar a 97 personas que se encontraban detenidas en las ciudades de Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique, Pisagua y Arica.

Entre los integrantes de la Caravana que recorría las cárceles clandestinas del país a bordo de un helicóptero PUMA del ejército, se encontraban personajes que serían algunos de los peores perpetradores de crímenes contra los derechos humanos en los meses y años siguientes, como el Mayor Pedro Espinoza, el Capitán Marcelo Moren Brito, el teniente Armando Fernández Larios. Los crímenes fueron ejecutados con especial crueldad y ensañamiento, como lo comprueban osamentas halladas en Copiapó o la búsqueda inacabada hasta hoy de los restos de los fusilados en Calama, como lo evocó la película Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán.

En la época, el teniente Cheyre cumplía funciones en el regimiento Arica de La Serena como ayudante del comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, quien fuera a su vez procesado por su responsabilidad en el homicidio de Bernardo Lejderman y su pareja María del Rosario Ávalos, así como por las torturas sufridas por los prisioneros que se encontraban en el regimiento bajo su mando. En el caso del doble crimen de Lejderman y Ávalos, el hijo de ambos Ernesto Lejderman, de sólo dos años de edad, testigo del crimen, fue llevado al regimiento y Lapostol le ordenó a Cheyre entregarlo en el convento Casa de la Providencia de la ciudad de La Serena para ser después de tres meses recuperado por sus abuelos paternos argentinos.

Cheyre, que fue liberado por la justicia en el caso Lejderman, afirma su completa inocencia en relación a los crímenes de la Caravana de Arellano Stark y destaca en sus declaraciones que no sólo no estuvo físicamente presente en el lugar específico en que fusilaron a los prisioneros sino que además siempre sostuvo internamente un reproche ético sobre estos hechos, a los que califica como una experiencia límite, que marcaría traumáticamente su vida militar y especialmente su rol como Comandante en Jefe del Ejército. Se puede deducir que su reproche se mantuvo en reserva, como una cuestión de conciencia y no como el acto heroico -y probablemente mortal- que habría implicado denunciarlo.

«La frutera», Juan Pablo Renzi (1976)

La pregunta que muchos se pueden hacer es si acaso es creíble esta afirmación. Desde luego, habría que descartar dos ideas torpes que Cheyre esgrime en su defensa: la primera es que es tan responsable de los hechos como cualquier habitante de la ciudad de La Serena, y la segunda es que es víctima de una operación de venganza de dos extremos: los agentes de la DINA y algunos familiares de víctimas.

Obviamente, él no era un ciudadano cualquiera avecindado en La Serena, sino que vivía al interior del Regimiento y tenía acceso al responsable principal del mismo. Eso no era poco cuando el jefe del regimiento además cumplía las funciones de Intendente regional. La segunda afirmación puede ser más plausible, especialmente con relación al odio que ciertamente le profesan los ex militares y agentes de la DINA condenados por violaciones a los derechos humanos, que consideran a Cheyre un traidor por distanciarse de Pinochet.

Que grupos de familiares de víctimas busquen inculparlo es otra cosa y para nada asimilable a los motivos de los ex agentes de la DINA: se trata de su derecho a que se investigue la verdad de los hechos y la implicación de cada uno de los actores del drama.

Pero volviendo a la pregunta sobre la credibilidad de Cheyre para juzgar los hechos de octubre de 1973 en La Serena, me parece que esta debe ponerse en relación con lo que fue su carrera militar y especialmente con el período post Pinochet y muy especialmente con los años en que ejerció la comandancia en jefe del ejército, único momento en que realmente un militar puede desplegar con profundidad sus convicciones personales.

Al respecto, no es irrelevante y algo que de hecho abona a su favor, que Cheyre haya sido un actor de primera línea en el acercamiento del ejército con miembros del partido socialista cuando se veía la posibilidad cierta de que Ricardo Lagos asumiera la presidencia de la república. Instalado ya como Comandante en jefe, fue quien por primera vez asumió las responsabilidades institucionales en las violaciones de los derechos humanos, pronunciando su emblemático Nunca Más, en que según él “el Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado (…) unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse”.

Ciertamente ante los requerimientos de las víctimas la justicia tiene que jugar su papel y, aunque tardíamente, lo está haciendo. En ese sentido no caben sino palabras de reconocimiento a la labor que cumple el juez Mario Carroza y a la evolución que ha tenido la Corte Suprema en relación con las violaciones de los derechos humanos en dictadura.

No obstante ello, el procesamiento y la sentencia próxima a ser dictada tiene complejas aristas políticas que no dejan de ser inquietantes. Se trata del general que rompió con el negacionismo sobre los crímenes de la dictadura. La pregunta política relevante, distinta de la procesal propia de la justicia, no es por la responsabilidad individual que haya podido tener el entonces teniente como ayudante del comandante de un regimiento, en los crímenes que a lo largo de todo el país cometió Arellano Stark y su comitiva, sino si acaso ese joven teniente y futuro Comandante en Jefe autor del Nunca Más del Ejército sacó una lección moral de esos hechos y la aplicó con consecuencia en su vida profesional posterior. O dicho de otra manera, suponiendo que las acusaciones relativas a la responsabilidad directa de Cheyre fueran ciertas, cosa que debe determinar el juez Carroza, ¿no es acaso un acto relevante de arrepentimiento público haber sostenido esa autocrítica institucional cuando tuvo la oportunidad de hacerlo? ¿no es aquello más importante para la convivencia futura de los chilenos, y especialmente para las relaciones cívico-militares, que un castigo a quien si tuvo alguna responsabilidad fue subsidiaria?

Desde el punto de vista del reencuentro de los chilenos, de la restauración de un orden social, de las relaciones entre individuos que jamás debieron romperse y que tienen la obligación de vivir juntos, la justicia referida al tratamiento de graves conflictos sociales, guerras civiles o dictaduras,  es decir, la justicia transicional, que tiene formas particulares de desarrollarse allá o aquí (por ejemplo en Colombia, donde se constituye un tribunal ad hoc para juzgar a las Farc y las sentencias han sido acordadas políticamente), debe poner especial atención en buscar reparar la convivencia gravemente quebrantada por el conflicto político, reconociendo los gestos de arrepentimiento y promoviendo la paz en la sociedad.