El presente informe es producto de ocho meses de trabajo en contacto directo con las víctimas, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, testigos presenciales de los hechos de violencia y las distintas autoridades e instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) agradece de manera especial la apertura del Estado para brindar la información solicitada por este Grupo. A lo largo de su trabajo investigativo, el GIEI solicitó información a los ministerios de Defensa, Justicia, Gobierno, Salud, Trabajo, Empleo y Previsión Social, Hidrocarburos y Economía. Asimismo, solicitó sendas copias de expedientes a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, a las cuales el GIEI tuvo acceso íntegro.
El GIEI agradece la información proporcionada por el Estado en su comunicación del 21 de julio de 2021, a pocos días de concluirse el mandato del Grupo, relativa al suministro de municiones y material antidisturbios en el periodo de septiembre a diciembre de 2019 por parte de los Estados de Argentina y Ecuador. En razón de la limitación del mandato del GIEI de investigar a terceros Estados, dicha información deberá ser investigada por las autoridades de los países respectivos.
Por otra parte, el GIEI destaca que el presente informe se construye, además de la información oficial y judicial aportada por el Estado, desde las voces de las propias víctimas y sus familiares. El GIEI expresa su más sentido agradecimiento y reconocimiento a la valentía de víctimas, familiares y ciudadanos que le brindaron información. Se valora profundamente los testimonios aportados porque, además de significar un acto necesario de denuncia, demuestran el compromiso de la población boliviana para evitar la repetición de las graves violaciones que han sufrido.
Adicionalmente, el GIEI agradece de manera especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por impulsar la creación de este Grupo y apoyar su trabajo no solo con su invaluable acompañamiento sino con su financiamiento. Agradecimientos también a la cooperación internacional por sus contribuciones, en particular a las Misiones Permanentes ante la OEA de México y Estados Unidos, y a la Ford Foundation y Kas Foundation. Asimismo, agradecemos el apoyo de Justice Rapid Response, que contribuyó a la composición del equipo investigativo con tres expertas técnicas, así como del Programa para América Latina del Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas por su aporte en temas de políticas públicas.
Sin la contribución de todos estos actores, el trabajo del GIEI Bolivia no habría sido posible.
ANTECEDENTES
Con motivo de los hechos de violencia que tuvieron lugar en Bolivia en el contexto de la crisis política y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la CIDH realizó una visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre de 2019. Al término de la visita, la CIDH emitió sus observaciones preliminares, en las que señaló la existencia de “graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias”, y recomendó la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables; específicamente, un Grupo Internacional de Expertos Independientes.
El 10 de diciembre de 2019, mediante Nota Diplomática MPB-OEA-NV 274-19, el Gobierno interino expresó su conformidad con la realización de una investigación internacional imparcial que determinara y calificara los hechos de violencia ocurridos en Bolivia. Con base en estos antecedentes, la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia firmaron el Acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, suscrito el 12 de diciembre de 2019. Mediante dicho Acuerdo, se constituía el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI Bolivia), con el objetivo de coadyuvar y apoyar las acciones e investigaciones iniciadas por el Estado sobre los hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
CONSTITUCIÓN Y MANDATO
El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá. Asimismo, Jaime Vidal fungió como secretario ejecutivo del Grupo. El GIEI Bolivia contó con un equipo técnico de investigadoras e investigadores de distintas nacionalidades.
1. En relación con el mandato, el Acuerdo firmado entre el Estado y la CIDH establece que el GIEI Bolivia tiene las siguientes atribuciones:
2. Elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el país en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el periodo indicado.
3. Realizar un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas.
4. Efectuar recomendaciones pertinentes, actuando como coadyuvante para asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables.
5. Proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y realizar un análisis técnico con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados.
El GIEI consideró las narrativas sobre presuntos fraude electoral y golpe de Estado como elementos de contexto para la investigación de los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos. El mandato del GIEI, en los términos del Acuerdo, no incluye la evaluación sobre ambos eventos.
El 23 de noviembre de 2020, en un acto en la ciudad de La Paz con el Ministerio de Justicia y Transparencia, la Cancillería y la CIDH, se llevó a cabo la instalación oficial del GIEI Bolivia, dando inicio formal a sus funciones.6 El Acuerdo firmado entre la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia estableció un mandato inicial por un periodo de seis meses. No obstante, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la CIDH acordaron una prórroga de dos meses al mandato del GIEI Bolivia, debido a las dificultades impuestas por la pandemia del covid 19, así como por la gran cantidad de material solicitado a los órganos estatales, que necesitaron de plazos razonables para compilar la información.7
METODOLOGÍA
1. Aspectos generales
Para el desarrollo de su trabajo, y gracias a la aportación financiera de la CIDH y de la cooperación internacional, el GIEI Bolivia contó con un equipo técnico de investigadores, radicado en la ciudad de La Paz, compuesto por profesionales de distintas nacionalidades y con experiencia multidisciplinaria en el ámbito penal y de derechos humanos. El GIEI Bolivia se enfrentó al reto de ejecutar su trabajo en un contexto de crisis sanitaria que restringió la movilidad del Grupo y el equipo técnico y las reuniones con aglomeración de personas. Sin embargo, el GIEI logró adaptar su plan de trabajo para cumplir los objetivos definidos en el Acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2. Instalación oficial y definición del plan de trabajo.
Inmediatamente después de la instalación del GIEI Bolivia, los expertos y expertas diseñaron una agenda inicial en el país, consistente en reuniones y audiencias públicas con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de víctimas, víctimas y familiares. Durante esta agenda inicial, el GIEI Bolivia recorrió las ciudades de La Paz y El Alto, Cochabamba, Chapare, Santa Cruz, Montero, Potosí y Sucre, donde escuchó en audiencias públicas a las víctimas y a distintos actores y autoridades. Asimismo, sostuvo reuniones con representantes de la Cámara de Diputados, Cámara de
Senadores, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Instituto de Identificación Forense (IDIF), Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Procuraduría General y Tribunal Constitucional.
A partir de la información recopilada durante las primeras dos semanas de funciones, el GIEI Bolivia elaboró un Plan de Trabajo General y Planes de Investigación específicos para los hechos acontecidos en Betanzos, Cochabamba, Challapata, El Alto, La Paz, Montero, Sacaba, Santa Cruz, Senkata, Potosí, Vila Vila y Yapacaní.8 En este sentido, la investigación del GIEI abarca los principales hechos de violencia y de violaciones a derechos humanos acontecidos entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, debido a la magnitud de los eventos, es posible que otros casos significativos en el contexto del mandato del GIEI no estén incluidos en este informe, lo cual no exime la responsabilidad del Estado de impulsar las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.
3. Plan de Trabajo, toma de testimonios, revisión de expedientes y visitas a oficinas gubernamentales
Con una metodología investigativa ya definida en el Plan de Trabajo General y los Planes de Investigación, el GIEI Bolivia inició la toma de testimonios individuales y el análisis de información y documentación investigativa.
A lo largo de su mandato, el GIEI Bolivia entrevistó a más de 400 personas entre víctimas, testigos, autoridades, actores políticos y personalidades públicas que brindaron su testimonio. Para ello el GIEI Bolivia visitó las localidades de Betanzos, Cochabamba, Challapata, Chapare, El Alto, La Paz, Montero, Sacaba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Vila Vila y Yapacaní. Asimismo, el GIEI Bolivia se reunió con periodistas nacionales y sindicatos de prensa, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales y delegaciones diplomáticas en Bolivia.
Sacaba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Vila Vila y Yapacaní. Asimismo, el GIEI Bolivia se reunió con periodistas nacionales y sindicatos de prensa, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales y delegaciones diplomáticas en Bolivia.
Durante las entrevistas, el GIEI explicó a las personas entrevistadas el mandato del Grupo y fue enfático en hacer del conocimiento de las y los entrevistados que el testimonio era voluntario y que, de conformidad con el artículo 12.1 del Protocolo de Actuación firmado entre la CIDH y el Estado, el GIEI tenía la facultad de mantener bajo confidencialidad la información de los testimonios brindados. En este sentido, el GIEI optó por omitir en el informe los nombres de las personas que rindieron testimonio, a las que les fue asignado un Victim ID, salvo cuando era estrictamente necesario para la comprensión de la información y fuese autorizado por la persona entrevistada.
Respecto de la revisión de expedientes y demás información investigativa u oficial sobre los hechos de violencia que se solicitó al Estado y otros órganos autónomos mencionados, el GIEI Bolivia analizó más de 120.000 folios de expedientes investigativos, judiciales, periciales e información aportada por diversas autoridades. De igual forma, analizó más de 1.000 archivos de material audiovisual aportados por la sociedad civil, autoridades, CIDH, así como material de la prensa y de las redes sociales.
Adicionalmente, el GIEI Bolivia contó con el apoyo de pericias internacionales para aspectos técnicos y específicos, tales como balística, antropología forense, experticia militar, imágenes satelitales, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la organización Justice Rapid Response.
Finalmente, el GIEI Bolivia llevó a cabo la inspección en diversas oficinas e instalaciones gubernamentales afectadas por los hechos de violencia, tales como tribunales electorales, estaciones policiales integrales y la Planta YPFB-Senkata.
4. Contenido del informe
El presente informe contiene ocho capítulos.
El Capítulo 2, sobre antecedentes y desarrollo de la crisis de 2019, presenta un desarrollo narrativo de la crisis que derivó en los hechos de violencia y las graves violaciones de derechos humanos ocurridos entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Para esto fue necesario analizar los antecedentes y un contexto más amplio caracterizado por una sucesión de reformas constitucionales y cambios institucionales, principalmente en torno a la reelección presidencial y el debilitamiento de las institucionales democráticas.
El Capítulo 3 aborda los principales hechos de violencia y violaciones de derechos humanos sucedidos dentro del marco temporal establecido para la tarea del GIEI. Este capítulo está construido desde las voces de las propias víctimas y sus familiares, quienes a través de centenares de testimonios aportaron información fundamental para la investigación de este Grupo. Igualmente, el GIEI analizó expedientes judiciales e investigativos, así como diversa información oficial, además de pericias nacionales e internacionales. Los hechos se examinan en orden cronológico: Santa Cruz y Montero; Cochabamba; La Paz; El Alto; Caravana del Sur (Caracollo, Challapata y Vila Vila); Betanzos, Yapacaní y Montero (operaciones conjuntas); Masacre de Sacaba; y Masacre de Senkata.
En el Capítulo 4, el GIEI analiza los principales problemas estructurales en relación con la protección de los derechos humanos y la estabilidad democrática que guardan una relación con las vulneraciones identificadas en el capítulo 3 (principales hechos de violencia y violaciones de derechos humanos). Aquí se estudia el funcionamiento de la justicia y la falta de independencia; la seguridad pública y la estabilidad democrática; el racismo y el desprecio por los símbolos indígenas; la violencia sexual y de género; la protesta social y la libertad de expresión (agresiones a la prensa).
En el Capítulo 5, sobre derechos vulnerados, el GIEI establece las violaciones de derechos humanos y consecuentes responsabilidades del Estado derivadas de la acción y omisión durante los acontecimientos establecidos respecto a los antecedentes y el desarrollo de la crisis (capítulo 2) y los principales hechos de violencia y violaciones de derechos humanos (capítulo 3).
El Capítulo 6, sobre planes de investigación, se realiza en cumplimiento del Apartado B del Acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El GIEI tiene la atribución de realizar un análisis técnico de las líneas de investigación para la determinación de responsabilidades penales. En ese sentido, el capítulo examina, a partir del estudio de expedientes judiciales e investigativos, el estado actual de los procesos relacionados con los hechos objeto del mandato del GIEI y realiza recomendaciones puntuales para continuar con el esclarecimiento de la verdad y la determinación de responsables.
De igual manera, el Capítulo 7, sobre plan de atención y reparación integral a víctimas, se realiza en cumplimiento del Apartado C del Acuerdo arriba mencionado por el que se encomienda al GIEI un análisis técnico de un plan de reparación. En ese sentido, y de conformidad con estándares internacionales en la materia, el GIEI avanza lineamientos que el Estado en su conjunto debe considerar al implementar un plan de reparación para las víctimas de los hechos objeto del mandato del GIEI.
Finalmente, el Capítulo 8 establece las conclusiones y recomendaciones del GIEI. Luego de ocho meses de trabajo del GIEI en Bolivia en contacto directo con víctimas, sus familias, organizaciones de la sociedad civil, Estado, revisión de expedientes, análisis y estudio del contexto de Bolivia, el Grupo desarrolla un acápite específico respecto de sus conclusiones y recomendaciones, en términos del Acuerdo antes referido, numeral 1. C. c., que deberán ser asumidos por el Estado como parte del fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
El GIEI espera que su informe contribuya al esclarecimiento de los hechos y al avance en justicia, verdad y reparación de las víctimas de los hechos sucedidos entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, como se refirió anteriormente, no tiene la pretensión de haber documentado todos los hechos ocurridos en este contexto ni que la investigación avanzada sea equivalente o sustituya una investigación penal.
Finalmente, el GIEI expresa nuevamente su agradecimiento a todos aquellos que le han proporcionado información. Fue de especial importancia que el Grupo pudiera reunirse con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y escuchar sus testimonios. En la medida de lo posible, el presente informe da espacio a esas voces y considera que sus contribuciones son parte integrante de las conclusiones.
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