En esta columna, Lucrecia Teixidó analiza el documental español El silencio de otros dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar, hoy disponible en la plataforma Netflix. El documental narra las grandes dificultades que ha debido enfrentar la sociedad española para lograr hacer justicia por las miles de víctimas del régimen franquista haciendo un cotejo con las experiencias transicionales a la democracia que tuvieron lugar en América latina. Teixido señala la grave omisión de los directores al momento de “narrar” la experiencia argentina al ignorar la singularidad y excepcionalidad que tuvo el Juicio a las Juntas realizado en los albores de nuestra democracia.

El documental El silencio de otros, (Netflix) dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bahar es muy bueno. Acompaña, después de más de treinta años, el arduo camino de las víctimas de la dictadura de Franco en la búsqueda de justicia y verdad. Los testimonios conmueven y generan una empatía inmediata. Es una ayuda memoria porque tal vez no recordamos que en España –con solo dos abstenciones- TODOS votaron en su momento la ley del olvido. Una ley que facilitó la convivencia, pero no respondió a las demandas de los descendientes de las víctimas que siguieron buscando a sus familiares asesinados y enterrados en fosas comunes.

«Encierro 20», Dani Yako (2020)

El esfuerzo de abogados y activistas de derechos humanos que encuentran y convencen a los futuros querellantes de participar en la investigación de los crímenes está muy bien registrado. Pueblo por pueblo, casa por casa, hombre y mujer. El objetivo es definir un universo de seres lastimados que puedan presionar a la justicia aletargada de la democracia española y que solo hallan un oído atento y dispuesto en la justicia argentina. El abogado argentino Carlos Slepoy y muchos otros juegan un papel importante en este proceso. La jueza Servini de Cubría recogió esa demanda.

Pero aquí comienzan los otros silencios. La voz en off nos recuerda las luchas de miles de víctimas y descendientes de víctimas que buscan justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de los setenta en América latina y en otras partes del mundo. Aparecen las madres de Plaza de Mayo, manifestaciones en Chile, Perú, Guatemala, Brasil, Uruguay. Vemos incluso al decrépito asesino Pol Pot en Camboya sentado muchos años después en el banquillo de los acusados. Muestra la visita de los querellantes españoles al memorial de los desaparecidos y asesinados en la Argentina entre 1973 y 1983. Ese murallón gris de la Costanera frente a la masa inmutable, marrón y sin olas del Río de la Plata.

Sin embargo algo falta en el film. O mejor dicho, hay un ensordecedor silencio de otros. En este caso de argentinos periodistas y hasta un premio Nobel de la Paz que saben que algo distinto ocurrió en la Argentina. Y no lo dicen. Prefieren callarlo. Algo que fue único en el mundo, que sentó un precedente aún no repetido en ningún país. Algo que no sucedió en Chile, Uruguay, Perú, Guatemala, Brasil, Colombia, ni en Europa, ni en Asia ni en África. Algo que es absolutamente distinto del Juicio de Nuremberg. No es responsabilidad de los documentalistas, sino de los argentinos que los aconsejaron.

Porque el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir como presidente, Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que recibió testimonios e investigó las violaciones de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado recogidos en el libro Nunca Más. Porque en abril de 1985 comenzó el Juicio a las Juntas militares, a cargo de un tribunal civil. Porque la CONADEP y el Juicio a las Juntas fue una ruptura con más de sesenta años de impunidad en la Argentina.

Juan Carlos Portantiero escribió el prólogo al libro del ex presidente Alfonsín, Memoria Política, Transición a la democracia y derechos humanos. Allí señaló ”la solitaria audacia democrática de haber juzgado y condenado a las Juntas Militares”. Vale la pena detenernos en un párrafo. Dijo Portantiero: “No sé si curiosamente o como producto natural de una sociedad que es renuente para autoinculparse de sus defecciones, la bandera de los derechos humanos en la presidencia de Alfonsín, valorada en todo el mundo como ejemplo con escasa (o ninguna) réplica, ha sido entre nosotros menoscabada, al punto que desde altas tribunas pudo insinuarse que en los veinte años de democracia nada se había hecho en ese sentido —por lo cual, quienes desde ahora tomaban esa tarea en sus manos, aparentemente desde la nada histórica, debían pedir perdón a la sociedad—.”

A fines de 1989 y a pesar del punto final y la obediencia debida, había siete altos jefes militares condenados a prisión —algunos a perpetua—, 27 procesados, 92 en curso de procesamiento y 342 sanciones disciplinarias por los levantamientos militares que encabezaron los coroneles Aldo Rico y Mohamed Seineldin.

La CONADEP y el Juicio a las Juntas, no cuarenta años después, sino cuando los militares genocidas aún tenían un enorme poder, son decisiones y hechos concretos que hicieron posible que las víctimas españolas buscarán acá la justicia que se les negaba en España. Esto es ignorado a lo largo del documental por los argentinos presentes en el film. El silencio de otros (en este caso los argentinos) es tan flagrante que habilita reclamarles mayor rigor histórico y en consecuencia mayor honestidad intelectual.

[Una versión más breve del texto fue publicada en la edición del diario Clarín del 18 de agosto de 2020]