La causa de los derechos humanos parece encontrar hoy un interés público subordinado a otras causas (partidarias, judiciales, periodísticas, etc.). Consecuentemente, las voces autorizadas en la materia enfrentan de diferentes maneras el desafío de sortear los riesgos de instrumentalización y banalización de una reivindicación -la de los derechos humanos- tan significativa para nuestra historia democrática. En esta nota, Hugo Vezzetti analiza recientes declaraciones del presidente de la Comisión Provincial de la Memoria y premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Vale la pena comentar algunas de las afirmaciones de Adolfo Pérez Esquivel en la entrevista publicada en Perfil el pasado 27 de octubre. Ante todo, por el relieve de una figura que ha sido tan importante en las luchas democráticas del pasado. Para los que tenemos edad suficiente, Pérez Esquivel ha sido un símbolo de la resistencia moral a la dictadura y las luchas por la justicia en democracia. Como tal merece el aprecio y el respeto de todos los argentinos.

Pero lamentablemente hoy en su palabra pública se ponen de manifiesto los problemas de un discurso de los derechos humanos degradado en el barro de las trincheras políticas.

En la entrevista, Pérez Esquivel denuncia un Plan Condor 2 en el que el periodismo (O Globo, Clarín,..) cumple hoy el mismo papel que los militares represores que coordinaban sus crímenes en las dictaduras latinoamericanas del pasado. Y, en esa visión, el Departamento de Estado continúa, como hace cuarenta o cincuenta años, moviendo los hilos detrás de democracias más o menos ficticias. Si esa interpretación del mundo y de las relaciones internacionales de poder ya se había mostrado como un cliché incapaz de explicar los hechos en el pasado, hoy hace mucho más difícil, imposible en verdad, entender y sobre todo juzgar los conflictos presentes. Cuando hoy O Globo (y desde hace rato) enfrenta a Bolsonaro, ¿hay que concluir que el Departamento de Estado lo quiere voltear como a Dilma? Seguramente, la destitución de Rousseff fue un mamarracho jurídico y político, pero agitar la bandera del antiimperialismo y obviar las responsabilidades del sistema de partidos, de la extensa trama de corrupción en la que estaba implicada la propia acción del PT, no ayuda mucho ni a entender lo que pasó ni a prevenir que vuelva a pasar.

Geranio, Vladimir Lébedev. (1919)

Pero hay algo aún más grave en la idea de un Plan Cóndor permanente. Es un hecho que las empresas de medios tienen intereses, económicos y políticos, aunque es difícil que respondan a un mando unificado en esa ficción de un mundo bipolar. Es cierto que la verdad o la información a menudo ceden frente a otros intereses. Pero esas operaciones, aun las peores, no se pueden comparar con el Plan Cóndor que secuestraba y asesinaba personas. Pérez Esquivel, que alguna vez cuestionó, con razón, a la entonces Presidenta Cristina Kirchner por hablar ligeramente de la “desaparición” de los goles en la TV, termina contribuyendo a la banalización de aquella empresa de muerte y exterminio.

No es difícil vincular esas ideas sobre la prensa y el poder que lo controla con el tenor del informe de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), presidida por Pérez Esquivel, sobre la acción de algunos periodistas en la causa por extorsión y espionaje ilegal que tiene a Marcelo D’Alessio como principal acusado. Como es sabido, hay una relación directa entre esa causa a cargo del juez Alejandro Ramos Padilla, que pidió el citado informe a la CPM, y la “Causa de los cuadernos”, que Pérez Esquivel desestima sin más, sin admitir siquiera que hay una acción en curso en la justicia y que es prudente esperar.  Dado que varios de los periodistas mencionados en la causa trabajan en el grupo Clarín, parte del Plan Cóndor 2, era previsible que el informe firmado por Pérez Esquivel encontrara razones suficientes para que sean investigados penalmente.

Hay otro aspecto a considerar en lo que dice sobre el trabajo de la CPM: dice que fue un “trabajo técnico”, “un análisis de la documentación” que comprende, dice, escritos, grabaciones y material digital. Descubrieron, dice, que en esa documentación surgía el nombre de los periodistas (ya conocidos por la prensa) y cartas con membrete de la Embajada de los EEUU. La pregunta que surge ya no es tanto sobre la supuesta destreza técnica requerida para esos descubrimientos, sino sobre las razones por las que el juez y sus colaboradores se consideraron incapaces de revisar esa documentación y descubrirlo por sí solos, sin recurrir a una comisión que no tiene entre sus objetivos las funciones periciales. Salvo que (es la hipótesis que se me ocurre más probable) el objetivo no haya sido sumar el muy módico saber técnico de la CPM, sino favorecer la difusión pública de esos nombres, señalar a los EEUU y ganar espacio en la prensa. Nada nuevo en una práctica judicial que a menudo piensa menos en el expediente que en el impacto mediático.

Finalmente, está el tema Venezuela y los derechos humanos. Como es sabido, el informe Bachelet ha sido el hecho más importante en el último tiempo acerca de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. ¿Cuál es la opinión de Pérez Esquivel sobre el Informe? Sorprendentemente, afirma: «No lo conozco del todo». El informe tiene unas 15 carillas; ha sido glosado, discutido y exhibido hasta el cansancio. Por otra parte, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistia internacional, vienen denunciando esas violaciones desde mucho antes. ¿No leyó nada en estos años? Por supuesto, ese desinterés por la cuestión no le impide afirmar con entera convicción que Guaidó es una imposición de los EEUU. El hecho de que el Parlamento Europeo, la OEA, y 50 países (incluidos Francia, España y Portugal) hayan reconocido a Guaidó no hace mella en su fe antiimperialista. En esa visión, las democracias europeas estarían tan dominadas y dependientes como los países latinoamericanos del poder norteamericano.

Quiero ser claro. Yo no se si la mejor política frente a la catástrofe venezolana es reconocer a Guaidó. En su momento, me parecía razonable la posición de Uruguay que buscaba favorecer una vía negociada; hoy no estoy seguro. Pero ese no es el tema: lo que está en cuestión es si se deben disimular o encubrir los crímenes, sobre todo después de las evidencias contundentes del Informe Bachelet.

¿Por qué un líder de los derechos humanos puede mostrarse dispuesto al silencio y al encubrimiento en este caso?  Creo que la razón está insinuada en algo que dice a medias: “me parece que el caso de Venezuela hay que tratarlo con mucho cuidado”. No aclara por qué, pero me animo a inferirlo. Dado que figuras execrables, desde el punto de vista de los derechos humanos, como Trump y Bolsonaro, atacan a Venezuela, hay que evitar sumarse a la denuncia; y por lo tanto, negar las evidencias. Es el típico chantaje de una visión tuerta, o miliciana, para la cual sólo cabe denunciar las violaciones de los derechos humanos cuando las cometen los enemigos. Es lo contrario de una visión integral, universal, de los derechos humanos. Coincide, por otra parte, con las viejas posiciones de las izquierdas, siempre dispuestas a tapar las violencias y los crímenes para “no hacerle el juego a la derecha”. El viejo estalinismo renace en nuestros días bajo formas nuevas: la línea del Partido ha sido sustituida por un sentido común hecho de consignas y clichés. Lo menos que puede decirse que no hay allí ningún lugar para una cultura de los derechos humanos.

[La nota fue publicada en la edición digital del diario Perfil el día 5 de noviembre de 2019.]