El artículo de Miguel Vázquez Liñán, profesor de la Universidad de Sevilla, da cuenta de las medidas represivas del gobierno de Vladímir Putin contra Memorial, una organización nacida a fines de los ochenta con el propósito de mantener viva la memoria del Gulag, defender los derechos humanos, promover la democracia y prevenir el retorno al totalitarismo.
En el Día de los Derechos Humanos, diversas organizaciones, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Foro Civil Rusia-UE y Civil Rights Defenders, condenaron en un comunicado «la persecución»; actual contra Memorial. Vázquez Liñan sitúa las condiciones y el contexto de la ofensiva contra la entidad. Por un lado, se usa la categoría de “agente extranjero” (una expresión acuñada en los tiempos de Stalin) para perseguir a cualquier organización que investigue o denuncie la inmensa corrupción de las dirigencias, la censura y la denegación de derechos fundamentales. Por otro, se trata de un episodio más en la guerra contra las organizaciones de la sociedad civil y no es la primera vez que Memorial enfrenta intentos del régimen de suprimirla o interferir en sus actividades.
La relación de Memorial con la Argentina, por otra parte, reconoce un antecedente un poco olvidado. En marzo de 2011, Arseni Roguinsky, uno de los fundadores de la entidad (fallecido en 2017), estuvo en nuestro país. Participó, junto con otros miembros de Memorial, en el Coloquio Memoria: Rusia – América del Sur, organizado por Claudio Ingerflom en la UNSAM. En el encuentro se trató de comparar las experiencias y los trabajos sobre la memoria y la justicia en Rusia, la Argentina y Brasil. Roguinsky, un ex deportado que había pasado varios años en diversos campos de prisioneros soviéticos en la era Brézhnev, expuso sobre las características del terror político en el período estalinista pero también sobre las formas del terror selectivo y concentrado de los años posteriores.
Las condiciones del terrorismo de Estado habían sido muy diferentes en la Argentina. Y sin embargo el intercambio y la discusión se hacían posibles en el terreno de los trabajos sobre la memoria histórica y de la acción política y judicial sobre el pasado. Allí resaltaba una diferencia abismal con el caso argentino en cuanto al papel del Estado: en Rusia no hubo procesos y nadie había sido formalmente acusado o condenado. Recuerdo que Roguinsky insistía en eso y nos mostraba, como un observador externo, que nosotros, los argentinos, enfrascados en nuestras discusiones de grupo, probablemente no apreciábamos suficientemente lo que había significado la acción de la justicia, en el Juicio a las Juntas y los procesos en curso.
Pero quiero volver sobre lo que las exposiciones de los colegas rusos planteaban a la discusión y, sobre todo, lo que permiten pensar hoy sobre el proceso posterior de las políticas del régimen de Putin. Ya entonces, Roguinsky alertaba en su ponencia sobre las consecuencias a largo plazo de una “política del terror”: el temor ante el Estado omnipotente, la atomización de la sociedad, la destrucción o debilitamiento de los lazos sociales, la desconfianza y la “erradicación del sentido de solidaridad humana”, la xenofobia y el “rechazo a todo lo ajeno” y, como consecuencia, “el nacionalismo agresivo”, “el cinismo y la completa relativización de los valores morales”. El “trauma”, decía, perdura en la conciencia social. (Ver Arseni Roguinski, “Características fundamentales del terrorismo político de Estado en la URSS. El trauma del terror”, ponencia, Coloquio Memoria: Rusia – América del Sur, UNSAM, marzo de 2011.)
Los efectos de largo plazo mostraban, de un modo brutal, lo que en la acción (y la defección) del Estado habitualmente se ejerce de modos menos visibles. Y de algún modo iluminaba lo que hoy se exhibe de modo descarnado, en las formas de un régimen autocrático que aplasta las libertades de la sociedad y la existencia de partidos autónomos. Se mostraban ya entonces las evidencias de una política del putinismo que apuntaba a la consolidación de una memoria forjada en el “patriotismo de Estado” y el mito de la Victoria. El pasado y el presente se conjugaban, al punto de que otros participantes del coloquio que eran miembros de Memorial postulaban, hace diez años, que estaba naciendo una forma de “neoestalinismo”.
El trabajo de Memorial sobre el pasado, sobre la verdad histórica y la memoria de las víctimas del totalitarismo no se separa de la voluntad de intervenir sobre el presente, de registrar y denunciar la represión política y el aplastamiento de las libertades. Sus objetivos son plenamente compartidos por quienes integramos la Mesa de Discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad. Hacemos llegar nuestra adhesión a Memorial frente a la persecución en curso y llamamos a la difusión de los hechos y a la solidaridad de todos quienes respaldan la vigencia de los derechos humanos como una causa que no conoce fronteras.HUGO VEZZETTI
El trauma del terror
Características fundamentales del terrorismo político de Estado en la URSS.
Arseni Roguinski (Moscú)
Características del terrorismo de Estado soviético
1. Cronología del terrorismo político
1918-1953 – Terror masivo (detenciones, condenas a muerte y al Gulag, deportaciones en masa).
1954-1987 – Período de terror postestaliniano (detenciones y enjuiciamientos puntuales, internación en hospitales psiquiátricos, persecuciones extrajudiciales, emigración forzosa, etc.).
Durante estos años se sucedieron varias generaciones. El terror fue parte inseparable de la vida soviética y ejerció enorme influencia sobre la formación de la población y sobre el sistema social y político todo. Esta influencia persiste hasta el día de hoy.
1.2. Magnitud del terror político.
En el sentido más estrecho se han considerado víctimas del terror político más de 11 millones de personas. De ese total, más de 4,5 millones fueron arrestadas, enjuiciadas y condenadas individualmente. De esos 4,5 millones, más de un millón fue condenado a muerte y ejecutado, y el resto enviado a campos de concentración. No menos de 6,5 millones de personas fueron despojadas de sus bienes y deportadas por decisión administrativa (es decir, en forma colectiva y no en virtud de decisiones tomadas caso por caso), y deportadas a las regiones más apartadas de la URSS. Allí fueron ubicadas básicamente en poblados especiales (a menudo construidos por ellas mismas y con sus propias manos) y obligadas a trabajar sin posibilidades de partir. Con frecuencia las condiciones de vida en esos poblados se parecían a las de los campos de concentración.
Aparte de estos 11 millones, entre 1918 y 1936, cinco millones de personas se vieron privadas de su derecho de voto por actividades realizadas durante el zarismo: altos funcionarios, sacerdotes, ex policías, comerciantes, etc. La privación de derechos políticos traía consigo además otras formas de discriminación relacionadas con el acceso al empleo, a la educación superior, etc.
Es preciso sumar también los seis millones de muertos por la hambruna provocada artificialmente en los años 1932-1933. Muchos los cuentan entre las víctimas del terror político. Tampoco se cuentan aquí las víctimas de las represalias extrajudiciales de los tiempos de la Guerra Civil de 1918-1920, los muertos a raíz del aplastamiento de los levantamientos campesinos durante la colectivización (a partir de 1930), los ejecutados sumariamente en los frentes de la Segunda Guerra Mundial y algunas otras categorías.
1.3.Índole del terror. El terror absoluto.
Un terror tan colosal habría resultado imposible si no se hubiera apuntado a categorías enteras de ciudadanos. Los objetos del terrorismo en diferentes épocas fueron distintos grupos: políticos, sociales y profesionales. En la práctica, ningún grupo mínimamente importante resultó indemne. En los primeros diez años del poder soviético se trató de resabios de las “clases explotadoras”, oficiales que durante la Guerra Civil habían combatido del otro lado, miembros (por añadidura, ex miembros) de cualquier partido político (sobre todo los socialistas), el clero, y después (a fines de los años 20 y comienzos de los 30) los ingenieros “saboteadores”, los campesinos acaudalados (comienzo de los años 30), etc. Durante el “Gran terror” (1937-1938) se produjo una depuración general (cerca de dos millones de detenidos, más de 700.000 de los cuales fueron fusilados) que, amén de las categorías antedichas, tuvo por objeto a los “espías” de “nacionalidad extranjera” que vivían en territorio soviético: polacos, lituanos, estonianos, griegos, etc. (más de 330.000 detenidos, un 70% de los cuales fue fusilado). Al propio tiempo se llevó a cabo una limpieza entre los propios comunistas, que tuvo por víctimas a más de 100.000 militantes del Partido de todos los niveles, incluidos los máximos. También constituyeron su propia “categoría” las esposas de los detenidos; no de todos, sino únicamente de los condenados en tribunales militares por “traición a la Patria”. Entre 1939 y 1941 se efectuaron limpiezas generalizadas en función de criterios sociales o políticos en los territorios recientemente conquistados (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia oriental, Besarabia). De por sí, la inclusión en tal o cual “categoría” no acarreaba automáticamente la detención, pero suponía la pertenencia a una “zona de mayor riesgo”. Por otra parte, las detenciones dependían de otras circunstancias políticas. La excepción fueron las represiones masivas en función del origen nacional. Durante la Guerra fueron deportados pueblos enteros: En 1941, los alemanes, declarados “traidores potenciales”, y en 1943-44, los pueblos del Cáucaso septentrional y de Crimea, acusados de colaboracionistas (chechenos, tártaros de Crimea, etc.). Durante los primeros años de la posguerra, las principales víctimas fueron los habitantes de los territorios soviéticos liberados acusados de colaboracionistas, como también los ciudadanos soviéticos que retornaban del extranjero (prisioneros de guerra y “ostarbeiteren” llevados a Alemania para realizar trabajos forzados). El terror estuvo estructurado en categorías hasta la muerte misma de Stalin.
1.4. Cargos espurios. Torturas.
Las más de las acusaciones (y, durante los años 30, la enorme mayoría) investigadas por los órganos de seguridad -por espionaje, traición a la Patria, terrorismo o sabotaje-, fueron falsas. A los detenidos por pertenecer a alguna “categoría” se los acusaba individualmente de determinados delitos inexistentes. Los acusados, claro, se declaraban inocentes. Para hacerlos confesar (“a confesión de parte, relevo de pruebas” fue en la práctica el principio judicial del período estaliniano), se los torturaba (se los sometía a “incidencia física”). Las torturas cundieron especialmente durante el “Gran terror”. Ello, con la aprobación directa de la máxima dirigencia. A partir de finales de los años 30 y hasta la muerte de Stalin, solo se aplicaron torturas físicas (ante todo golpes) a determinadas categorías de detenidos.
1.5. Carácter cuasi judicial del terror
Solo en los primeros años del poder soviético el terrorismo (detenciones, ejecuciones) fue –y solo en parte- puramente extrajudicial. Fue la época de la “legalidad evolucionaria”. A lo más entre 1921 y 1922 ya se da un simulacro de respeto de las normas procesuales. En 1922 se publica el primer código penal, y en 1923 el primero procesal. Las detenciones se realizan por orden de los órganos de la seguridad o la fiscalía, se practican investigaciones con interrogatorios y la prórroga del período de detención preventiva debe ser formalmente aprobada por la fiscalía. La investigación concluye en una inculpación, con lo que la causa pasa al tribunal o a algún órgano judicial especialmente creado, encargado de dictar sentencia. Por decisión secreta de los
órganos supremos del poder se instauraban organismos extrajudiciales con atribuciones judiciales. En estos casos, los juicios se realizaban invariablemente en ausencia del reo, sin la participación de la defensa ni del fiscal y sin la comparecencia de testigos. Durante ciertos períodos, también los tribunales sesionaban sin las partes y sin testigos. Muerto Stalin, fueron eliminados todos los órganos extrajudiciales, pero se mantuvo el
carácter cuasi judicial de la investigación y del proceso.
1.6. Terror abierto y encubierto
Durante los primeros años del poder soviético, el terror fue relativamente abierto (público, desembozado). A partir de los años 20, toda la información pública se dosificó estrictamente, subordinándose a las “tareas de propaganda” relativas a las campañas de represión o a medidas puntuales. Todas las grandes campañas de represión se efectuaron en secreto. Las deportaciones de campesinos a comienzos de los años 30 o de pueblos enteros durante la guerra, etc., la actividad toda de los órganos extrajudiciales fueron operaciones encubiertas. Es sintomático que, en el apogeo del terror (1937-1938) los periódicos mencionan solo algunos de los “grandes procesos de Moscú” en los cuales resultó condenada la élite superior del Partido, mientras que en la prensa local se da noticia de algunos procesos provinciales por “sabotaje”. Las detenciones en masa siguieron siendo secretas, y mucho más las ejecuciones. A partir de 1938-39 los familiares de los fusilados reciben noticias falsas sobre la suerte de sus seres queridos. Incluso durante el período postestaliniano, cuando fueron detenidas “apenas” algunas decenas de miles de personas, la prensa soviética oficial se interesó tan solo por un puñado de “renegados”.
1.7. La gestión del terror
Durante muchos años, la sociedad atribuyó la responsabilidad por el terror a la policía secreta. A ello contribuyó asimismo el mito de los “órganos” (de seguridad) sustraídos al control del Partido, propagado desde los tiempos de Stalin. Para Jrushov, que desenmascaró a Stalin, resultó asimismo fundamental exculpar el Partido, de modo que también él, de hecho, consolidó el mito, pero agregando a Stalin a los culpables. Los documentos accesibles estos últimos veinte años demuestran incontrovertiblemente que todas las campañas de terror fueron orientadas y dirigidas por el órgano supremo del poder del Estado y del Partido, el Buró político del CC del PCUS, y personalmente por Stalin. Los órganos de seguridad fueron simples ejecutores, aunque frecuentemente tomaban la iniciativa y a veces (pocas) excedían los límites establecidos por el Partido.
2. El trauma del terror (las secuelas del terror en la conciencia social contemporánea)
2.1. La consecuencia fundamental de los muchos decenios de terror es el temor; el temor permanentemente enraizado en el subconsciente del hombre de la calle ante el Estado omnipotente.
2.2. La atomización de la sociedad; la increíble desunión de la gente, la destrucción o el debilitamiento de los lazos horizontales.
2.3. La desconfianza total, la erradicación del sentido de solidaridad humana.
2.4. La xenofobia, no solo nacional, sino el profundo rechazo a todo lo ajeno, a todo lo que se salga de fila. Esta xenofobia es prolongación del conformismo y tiene por consecuencia el nacionalismo agresivo.
2.5. Las condiciones de supervivencia, la hipocresía y su corolario inevitable: el cinismo y la completa relativización de los valores morales.
Y la lista sigue.
Todos estos aspectos del trauma producido por el terror subsisten hasta hoy, de una u otra forma, en la conciencia de la población
[Ponencia presentada en el “Coloquio Memoria: Rusia – América del Sur”, UNSAM, marzo de 2011.]
Pied-nu, Pablo Flaiszman (Técnica: Barniz blando – Aguatinta)
La guerra del Kremlin contra la sociedad civil
Miguel Vázquez Liñán
El delito del que se acusa a Memorial es el incumplimiento sistemático de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2012 y que obliga a aquellas organizaciones que reciben ayuda financiera desde fuera de Rusia a anunciar, en todas y cada una de sus comunicaciones, que actúan como “Agentes extranjeros”. La expresión no es inocente y evoca las utilizadas en tiempos de Stalin para definir a espías o quintacolumnistas que trabajaban para “el enemigo”.
Desde 2017, esta categoría puede ser (y ha sido) aplicada a medios de comunicación y, en 2020, se extendió también a grupos de activistas de cualquier tipo (registrados como tales o no) o individuos. La norma se orienta, fundamentalmente, a aquellas organizaciones o personas físicas que lleven a cabo “actividades políticas”, sin que se especifique con demasiada concreción, en el texto de la ley, el alcance de dicha expresión.
Si bien es lógico que levante todo tipo de suspicacias, la idea tras esta ley no es nueva, ni tampoco Rusia el primer país en aplicar normas de este tipo; es decir, orientadas a identificar los canales a través de los cuales países u organizaciones extranjeras intentan influir en la política de un determinado estado. El problema suele ser que, en manos de estados autoritarios, estas leyes se prestan con facilidad al abuso y a su uso indiscriminado contra organizaciones y personas que sostienen opiniones contrarias al gobierno de turno. Este parece ser, según Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo, Reporteros Sin Fronteras, el Consejo de Europa, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch y un largo etcétera de organizaciones rusas e internacionales, el caso de la Federación Rusa.
La legislación del país hace muy complicado el trabajo de organizaciones o medios de comunicación que no comulguen con las políticas gubernamentales. Aquellas que, por ejemplo, denuncian la corrupción endémica del estado, difícilmente van a recibir generosas subvenciones de éste; por otro lado, si consiguen recursos provenientes de fuera del país, gracias a proyectos de investigación, becas o financiación de otro tipo, serán con toda probabilidad tachadas de agentes extranjeros y sus cuentas, actividades y comunicaciones estrictamente vigiladas.
El gobierno de Vladímir Putin ha usado sistemáticamente esta ley, junto a otras como la Ley contra la actividad extremista o la Ley contra las organizaciones indeseables para dificultar, cuando no prohibir, la actividad de organizaciones que suelen tener en común la denuncia de la corrupción endémica de las élites político-financieras en Rusia, la oscura fortuna milmillonaria acumulada por el propio Vladímir Putin o las diferentes formas de censura que campan a sus anchas en el sistema de medios de la Federación Rusa. Si a esto añadimos, en el caso de Memorial, la denuncia permanente de las violaciones de los derechos humanos en la Rusia de hoy, así como la memoria de las que se llevaron a cabo en el pasado, especialmente durante el estalinismo, entenderemos la saña con la que las autoridades rusas han tratado a la organización.
Memorial es, probablemente, la mayor organización memorialista y de derechos humanos del país, al menos de entre aquellas que no cumplen con la única función de difundir el patrioterismo oficial caracterizado por una mirada acrítica a un pasado mítico, heroico y militarizado del que los ciudadanos rusos puedan (y deban) “sentirse orgullosos”. De hecho, no sentirse orgulloso del pasado “glorioso”, especialmente a lo que a los años de la Segunda Guerra Mundial se refiere, está casi prohibido por la propia constitución, que después de ser enmendada en 2020 incluye en su articulado que “la Federación Rusa honra la memoria de los defensores de la Patria y garantiza la protección de la verdad histórica. El menoscabo de la gesta del pueblo durante la defensa de la Patria es inadmisible” (Art. 67.3). La “verdad histórica” suele ser dictada desde diferentes ministerios y organizaciones como la oficial Sociedad Histórico-Militar Rusa, brazo derecho de la política histórica del Kremlin.
Nacida durante la Perestroika y de la mano de “disidentes” como Andrei Sájarov, Irina Scherbakova o Arseny Roginsky, Memorial se ha dedicado desde entonces, entre otras cosas, a recuperar la memoria del Gulag y de la represión política en la Unión Soviética. En los años noventa, la organización tuvo un importante papel en la formulación de las nuevas políticas de memoria de la Federación Rusa, como la Ley para la rehabilitación de las víctimas de la represión política, mientras enviaba a su personal a documentar las violaciones de derechos humanos en el Cáucaso, especialmente a partir de 1994, cuando comenzase la guerra en Chechenia. Con Memorial colaboraron, de hecho, periodistas asesinadas por su trabajo como Anna Politkovskaya o Natalia Estemírova, ambas corresponsales del periódico Novaya Gazeta, que recientemente recibiese el Nobel de la Paz.
La organización mantiene un archivo propio de valor incalculable con secciones dedicadas a la historia del Gulag, la disidencia en la URSS o el trabajo esclavo en la Alemania nazi, por poner sólo algunos ejemplos, acompañado de un fondo de entrevistas insustituible para la producción de una historia social del siglo XX que cuente con fuentes orales. Además de un museo virtual y las mejores bases de datos de represaliados por el estalinismo que existen en Rusia, la sede de Memorial en la capital rusa mantiene una constante actividad investigadora, además de celebrar seminarios, presentaciones de libros, exposiciones, etc.
Con la llegada de Vladímir Putin al poder, y sobre todo desde las multitudinarias movilizaciones populares en contra del gobierno que se llevaron a cabo entre finales de 2011 y el año 2012, Memorial se ha visto sometida a todo tipo de ataques, así como permanentes registros policiales a sus sedes. No ha sido la única; entre las organizaciones incluidas en el listado de agentes extranjeros encontramos La Fundación Anticorrupción de Alekséi Navalny (ilegalizada por “extremista”), El Fondo en defensa de los derechos de los presos, El Centro Yuri Levada de opinión pública, medios de comunicación como Meduza o el canal de TV online Dozhd, así como una larga lista de periodistas y defensores de derechos humanos, que crece a diario.
El programa Cinco Continentes de RNE entrevistó a una de estas periodistas, Irina Dolinina, que trabaja para la publicación Vazhnye istorii (Historias importantes, también declarada “agente extranjero”) . En ella, Dolinina describe cómo ha cambiado su vida personal y laboral desde que entró a formar parte de la lista de “agentes extranjeros”. De entrada, cada artículo que publica o post en sus redes sociales debe ir precedido del siguiente mensaje (obligatorio para todos los “agentes extranjeros”):
“Este mensaje fue creado y/o difundido por un medio de comunicación extranjero que desempeña las funciones de un agente extranjero, y/o una entidad legal rusa que desempeña las funciones de un agente extranjero”.
Sólo por olvidar una palabra del texto podría recibir una cuantiosa multa y, si el olvido se repite en tres ocasiones, enfrentar penas de cárcel. El “olvido” sistemático de incluir este texto en todas las comunicaciones de la organización está, al parecer, entre los argumentos de la Fiscalía para la eliminación de Memorial. Además, los “agentes extranjeros” han de informar trimestralmente de todos sus gastos, hasta los más insignificantes:
“Cada tres meses, tengo que entregar un informe detallado de todos mis movimientos de dinero […] y cuando digo todos, son absolutamente todos: si me voy a tomar una cerveza o un vino, lo tengo que registrar. Si compro papel higiénico, lo tengo que registrar.”
En definitiva, la inclusión en el listado de agentes extranjeros supone una humillación que complica el trabajo y la vida de las personas y organizaciones que en él figuran, además de dificultarles la obtención de fondos para sus actividades. Memorial, desde que fuese incluida en el listado ha mostrado, una y otra vez, su rechazo a asumirse como “agente extranjero” y denunciado la inconstitucionalidad de la propia Ley. No es la primera vez que amenazan con cerrar Memorial, y ya se han puesto en marcha iniciativas para intentar que esto no ocurra. Mientras en las redes no paran de producirse muestras de solidaridad con la organización, la maquinaria judicial sigue su curso. La audiencia, según la propia organización anuncia en su web, tendrá lugar el 25 de noviembre.
La amenaza de eliminar a Memorial es un episodio más de la batalla que el gobierno de Vladímir Putin está librando contra la sociedad civil organizada de la Federación Rusa. En los últimos años es raro el día en el que un opositor no es multado, forzado a emigrar o encarcelado, y los motivos para las detenciones son cada vez más arbitrarios. Memorial es un peso pesado dentro de esa sociedad civil y un referente ético de primer orden para la misma. Su cierre sería la peor de las noticias y una nueva prueba de que al gobierno de Putin ya sólo le queda la fuerza policial y el uso torticero del sistema judicial para mantenerse en el poder.
