Luego de casi un año de protestas a lo largo y ancho del territorio nacional con epicentro en la Plaza Dignidad, el pueblo chileno ha aprobado, a través de un plebiscito, la reforma de la Constitución. En este ensayo, Ricardo Brodsky, no solo califica al ciclo político electoral que se inaugura como “inédito y electrizante” para la historia de Chile sino además formula algunos interrogantes clave que, sin lugar a dudas, habrán de estar en el corazón de los debates que ya está librando la sociedad chilena: ¿la Convención respetará el marco definido o buscará constituirse en un poder plenamente soberano? ¿Será capaz la actual oposición de presentar una alternativa de gobierno que vaya más allá de su rechazo compartido a la derecha? ¿Seguirá profundizándose el quiebre generacional o el plebiscito marca un punto de inflexión? ¿Se producirá un nuevo clivaje capaz de dejar atrás el del plebiscito de 1988? ¿Cómo resistirá el gobierno el año y medio que le queda sin apoyo ciudadano y con sus filas divididas?

Ricardo Brodsky

En un texto de noviembre de 2019, publicado en estas mismas páginas, arriesgaba a terminar con el siguiente párrafo: Presionado por la movilización ciudadana y la necesidad de poner término y aislar a los actores de los hechos de violencia, el acuerdo adoptado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria -salvo el partido comunista- de realizar un plebiscito para enterrar la Constitución del 80 y someter a la decisión del pueblo si la Convención Constituyente será 100% electa o podrán participar en ella los parlamentarios, es un hecho histórico que salva al país de una crisis institucional y abre un nuevo camino para la democracia chilena.

En efecto, casi un año después y en el contexto de la pandemia del coronavirus, los chilenos concurrieron masivamente a las urnas para decir que aceptaban esa salida política a la crisis desatada en octubre 2019 y que querían que una Convención Constituyente paritaria y sin parlamentarios redactara una nueva constitución a partir de una página en blanco.

Para algunos fue un milagro. ¿Porqué en medio de una implacable pandemia y ante acuciantes y urgentes demandas sociales un intangible como un proceso constituyente -que nunca había sido una preocupación prioritaria para los chilenos según las encuestas- podría poner fin a la violencia y encauzar la protesta social? Quizás la respuesta a esa interrogante la dé el hecho que lo que el acuerdo político del 15 de noviembre proponía no era una nueva constitución, sino un proceso participativo en que los ciudadanos podrían redactarla.

Un proceso que incluía un plebiscito de entrada para determinar si se aprobaba la idea de iniciarlo y cuál sería el órgano que debía debatir y proponer un nuevo texto a un segundo plebiscito para aprobarlo o rechazarlo. Un proceso que incluía que la futura Convención sería paritaria entre hombres y mujeres e incluiría una representación asegurada para las 10 etnias originarias de Chile; un debate constituyente que se realizaría sobre una hoja en blanco, esto es, no se limitaría a una nueva reforma a la actual constitución en que la derecha decide qué acepta cambiar y qué queda igual, sino de una en que las partes negociarían en igualdad de condiciones, con el sólo requisito de aprobar por 2/3 de los delegados cada uno de los artículos (un incentivo fuerte a los acuerdos amplios y a tener a la vista la tradición democrática del país, así como los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, en particular los de derechos humanos).

El 11 de abril, se elegirán los 155 delegados a la asamblea. La mitad de estos serán mujeres y aún se discute sobre si el cupo asegurado para representantes de los pueblo originarios saldrá de esos 155 o se agregarán 25 cupos extras, así como los mecanismos para que los independientes puedan competir en igualdad de condiciones que los militantes de partidos políticos. La ola electoral, sin embargo, no se detendrá allí, pues además de los convencionales, se deben elegir ese mismo día Alcaldes en todo el país y miembros de los consejos edilicios, y, por primera vez  en Chile, Gobernadores regionales, elección que se realizará con segunda vuelta el 9 de mayo. El 4 de julio se realizarán las primarias presidenciales, el 21 de noviembre se votará por un nuevo presidente de la república, por la totalidad de los diputados y la mitad del senado. La presidencial probablemente se dirimirá el 19 de diciembre en una segunda vuelta. Para terminar, en el primer semestre de 2022 se realizará un nuevo plebiscito constitucional para someter a la aprobación del pueblo la nueva constitución. En otras palabras, el país enfrentará el debate constitucional en medio de un ciclo político electoral inédito y electrizante.

Este escenario se enfrenta con diversas interrogantes, además de las propias de la pandemia y de la necesidad de reactivar la economía fuertemente golpeada: ¿cómo se compone ese 78% del Apruebo del plebiscito? ¿ La Convención respetará el marco definido o buscará constituirse en un poder plenamente soberano? ¿Será capaz la actual oposición de presentar una alternativa de gobierno que vaya más allá de su rechazo compartido a la derecha? ¿Seguirá profundizándose el quiebre generacional o el plebiscito marca un punto de inflexión? ¿Se producirá un nuevo clivaje que deje atrás el del plebiscito de 1988? ¿Cómo resistirá el gobierno el año y medio que le queda sin apoyo ciudadano y con sus filas divididas?

Discutamos en torno a algunas de estas preguntas. Podemos afirmar que:

• El resultado del plebiscito constitucional sorprendió por los altos niveles de participación en general y de jóvenes en particular, y por el abrumador e inédito resultado 78/21 a favor de que una Convención Constituyente redacte una nueva Carta Fundamental.
• El movimiento ciudadano iniciado en octubre 2019 encontró en el proceso constituyente una forma de canalizarse hacia resultados políticamente tangibles. Esto entraña una gran lección acerca de cómo la política institucional puede dar curso y orientar movimientos surgidos desde la sociedad, sin reemplazarlos.
• Las diferentes sensibilidades opositoras al actual gobierno tuvieron en el plebiscito un lugar de encuentro que ha animado la búsqueda de una mayor unidad, especialmente para que ese 78% ciudadano tenga una expresión similar en la Convención Constituyente. La definición de candidaturas será relevante para mantener o cortar el vínculo de los partidos con el movimiento ciudadano. Una lista unitaria supondrá necesariamente una gran renovación de rostros.
• El gobierno por su parte se ha apurado en intentar reconstruir la unidad de la derecha para enfrentar la elección de los delegados a la CC, único camino que le permitiría navegar en el período que le resta y asegurar una presencia relevante en dicha asamblea. La tarea no es evidente pues requeriría otorgar mayor preeminencia en el gobierno y en los liderazgos de la derecha a aquellos que estuvieron por el Apruebo, sacrificando a líderes históricos que se jugaron por el rechazo. Si no lo hacen, quedarán enclaustrados en el 20% y aislados de la sensibilidad ciudadana. Un signo en ese sentido fue la designación de Rodrigo Delgado, alcalde de la populosa comuna de estación Central y firme partidario del apruebo en el plebiscito, como ministro del Interior.

Una asamblea o convención constituyente y una nueva constitución ha echado a volar la imaginación de los chilenos. Centros académicos, partidos políticos, organizaciones sociales y barriales se activan para discutir acerca de las características que debe tener el proceso constituyente asi como en torno al texto de una nueva constitución.

«Diagonal», Félix Rodríguez (2011)

Para muchos, más importante que el resultado es el proceso. El fundamento de esta idea es que la actual constitución es rechazada por la ciudadanía a pesar de que ha sido reformada  en 1989 y en 2005, debido a su pecado de origen (dictada por la dictadura en 1980). Un nuevo pacto social no sería legitimado por la ciudadanía si esta no participa activamente en su formulación, cuestión que es confirmada por el reciente plebiscito en que el 80% rechazó la participación de parlamentarios en la Convención Constituyente. La crisis de la representación opera como telón de fondo de este proceso, de allí que la necesidad de un proceso con alta participación ciudadana sea inescapable.

Con relación a los contenidos de la nueva constitución, el debate está completamente abierto, siendo sin embargo dos los temas que más concentran la atención: por un lado, la manera en que se establecerán los derechos sociales (como simples aspiraciones programáticas o como derechos exigibles) y el regimen político, donde las variantes van desde la afirmación de un presidencialismo más moderado que el actual hasta el régimen parlamentario. Esto no excluye evidentemente intensos debates acerca del carácter del estado, la descentralización, el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, el sistema electoral, el estatuto del agua, entre otros.

El asunto es que después del plebiscito, Chile se encamina hacia su cuarta república: la primera, hija de la constitución portaliana de 1833, la segunda de la constitución de 1925 de Arturo Alessandri, la tercera de 1980 de Augusto Pinochet. La cuarta, por primera vez en nuestra historia, la república de los ciudadanos.

¿Hacia un nuevo clivaje?

El proceso constituyente podría instaurar un nuevo clivaje en la política chilena que hasta el presente ha seguido marcado por el plebiscito de 1988 o el dilema democracia/dictadura. Son varios los elementos que entran en escena para configurar ese nuevo clivaje: el sugimiento de una izquierda ferozmente crítica de la transición y de los gobiernos de la Concertación decidida a levantarse como alternativa de reemplazo; un sector de la derecha que se autonomiza de la herencia dictatorial y se muestra abierta a los cambios y a un rol más activo del estado; Una centroizquierda que  busca reponerse como una alternativa socialdemócrata.