Esta sección reúne cinco intervenciones sobre temas de la actualidad argentina y latinoamericana escritas por integrantes de La Mesa, aparecidas en diferentes medios gráficos de nuestro país
«Hay que salir de la dicotomía Estado vs. mercado» es una entrevista realizada a Hilda Sábato en ocasión de la salida de su último libro “Repúblicas del nuevo mundo. El experimento político latinoamericano del siglo XIX” ( Taurus, 2021). [ir]
«No apoyar una condena a Nicaragua y Venezuela es desconocer nuestra historia o burlarse de ella» corresponde a una columna de opinión de Graciela Fernández Meijide aparecida en el Diario La Nación y en la que su autora reflexiona en torno a la significación del legado de los Derechos Humanos y las urgencias de este presente. [ir]
«La herencia de Perón» es una intervención de Sergio Bufano aparecida en el Diario Perfil en ocasión de conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Texto en el que el autor indaga en torno a la significación de esa muerte y la profundización del ciclo de violencia política en nuestro país. [ir]
«No intervención y derechos humanos» de Hugo Vezzetti, texto aparecido en el diario Clarín en el que, a partir de la grave situación política que hoy atraviesa Nicaragua el autor reflexiona, tomando como horizonte la experiencia argentina en los años de la dictadura, acerca de la importancia de posicionarse de manera indeclinable a favor de las víctimas por sobre cualquier especulación política. [ir]
«Argentina ha dejado de existir» de Alejandro Katz es una columna publicada en el diario Clarín en la que el autor caracteriza la gravedad de nuestro presente visualizando a nuestra sociedad en medio de un proceso de des-ciudadanización, en el que ya no hay ciudadanía porque no hay posibilidades de elección autónoma de proyectos de vida.[ir]
Fotografía Jorge Pantoja Amengual
“Hay que salir de la dicotomía Estado vs. mercado”
Entrevista a Hilda Sabato
En los años 80 formó parte del Club de Cultura Socialista, aquel espacio de debate de ideas que reunió a intelectuales provenientes de la revista Punto de Vista y a los ArgenMex, un importante grupo de académicos que tras el final de la dictadura regresaban de su exilio en México. El Club –que reunía a figuras como Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Oscar Terán–, abandonó el debate en torno a la idea de revolución –la idea que había marcado el clima de los años precedentes– y la reemplazó por las nuevas ideas de democracia y democratización. Han pasado muchos años desde aquel entonces, pero Hilda Sabato mantiene el ímpetu de cambiar las palabras en torno a las cuales se discute la política en la Argentina. Afirma que, pese a los indudables efectos que tiene sobre la política del país, en realidad la grieta es retórica.
“Estamos empantanados”, afirma.
Sí reconoce que la Argentina actual es una sociedad mucho más plural en igualdad de derechos que la Argentina de su infancia. Pero le molesta que esa pluralidad haya sido tomada como el logro de determinado partido y no como la efectiva conquista de la sociedad en su conjunto y de las muchas organizaciones que durante años estuvieron detrás de ella: “Son derechos por los que se ha luchado durante décadas”, asegura.
Desde su casa en Villa Devoto, y atenta al devenir de la historia en el presente, accede al diálogo con Clarín a través de Internet: “Hay una imagen que me provoca particular rechazo: la de la existencia de un ‘campo nacional y popular’ unificado, que el peronismo –en particular en su versión kirchnerista– se adjudica como propio. Fuera de ese campo, queda el enemigo, el no-pueblo. En una sociedad plural y compleja como la nuestra, esa representación reduccionista atenta contra la construcción de una democracia pluralista”. Acaba de publicar Repúblicas del nuevo mundo. El experimento político latinoamericano del siglo XIX (Taurus, 2021).
–¿Por momentos en su libro pareciera que el siglo XIX es un siglo políticamente mucho más moderno que el siglo XXI?
–[Risas] El siglo XIX es un siglo de grandes transformaciones que se van ensayando para poner en marcha una nueva sociedad sobre la base de la idea de soberanía popular, que era una verdadera novedad para la época, experimentada hasta ese momento por contadas sociedades en el mundo. Y este camino del autogobierno fundado sobre la soberanía del pueblo generó procesos que los contemporáneos no sabían dónde iban a terminar.
–¿Qué diferencias hay con un momento político como el actual?
–Si hay algo que diferencia la situación actual de aquella del siglo XIX, es que hoy ya no hay horizontes de cambio. ¿Qué horizontes de cambio tiene hoy la Argentina? ¿Hacia dónde va la Argentina? Hace rato que no hay proyectos de futuro. Veo la realidad actual con enorme preocupación. No puedo vislumbrar horizontes de futuro y eso está creando en la sociedad grandes dosis de malestar. El futuro es una gran incógnita. Hay una continua desmejora de las condiciones sociales, económicas y políticas.
–¿Qué cosas en especial le preocupan?
–Muchas cosas me preocupan. Pero lo que me parece más dramático es haber llegado a una transformación de la estructura social del país, que fue paulatina pero que hoy se nos muestra con toda su crudeza. La mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. Esta situación es dramática ahora y a futuro. Y tiene un impacto irreversible sobre nuestras vidas, porque modifica los supuestos sobre los que funcionó esta sociedad. No porque antes no hubiera pobreza, no porque la Argentina fuera igualitaria, sino por la cancelación de ese horizonte de expectativas, el de una sociedad más igualitaria, que fue compartido por muchas generaciones de argentinos durante décadas. Ahora no hay nada que indique que el deterioro de la estructura social se vaya a detener en lo inmediato.
–¿Con qué otros momentos de la historia Argentina compararía el momento actual?
–Más que las continuidades, lo que me interesa del pasado son sus diferencias con el presente. Estamos en una situación muy difícil a nivel mundial. La Pandemia trastoca los principios básicos de la vida social. Y es una situación totalmente inesperada. Hay que pensar momentos de enorme excepcionalidad y no encuentro, en el pasado argentino, momentos tan drásticos. Porque uno podría decir: la Revolución de Mayo. Ese fue un proceso muy agitado de transformaciones y de cambios. Pero fue un proceso en el cual los actores tenían grados importantes de libertad para imaginar y proyectar a futuro. Si bien aquel fue un momento de transformación de los supuestos sobre los cuales había funcionado la sociedad colonial, al mismo tiempo, se abrió hacia lo nuevo con proyectos de futuros diversos en disputa. Una disputa que se da en la vida política, y genera dinamismo. La sensación que tengo ahora más bien es de que nos encontramos en una parálisis, en un pantano.
–¿Se canceló el discurso de la opulencia?
–Los argentinos siempre oscilamos entre los delirios de grandeza –“somos el mejor país del mundo”, “tenemos todo para alcanzar el éxito”–, pero creo que esa es una visión infundadamente idealizada, que tiene pocas bases lógicas. Oscilamos entre esa visión y el extremo contrario: “somos un desastre”, “el país no tiene destino”.
–El peronismo tiene esas mismas oscilaciones internas: cuando gobierna, la Argentina tiene futuro; cuando está la oposición, el país no tiene destino.
–El peronismo ha gobernado las tres cuartas partes del tiempo transcurrido desde la recuperación de la Democracia. Y también ha detentado el poder en una gran parte de las provincias. Muchos de mis amigos peronistas, cuando hablan del lugar histórico del peronismo en el país, suelen olvidar aquellos momentos que se distancian de sus preferencias ideológicas. Reniegan, por ejemplo, del menemismo, que fue el momento histórico de mayor unidad partidaria del peronismo. Sus partidarios tienen que hacerse cargo de que las transformaciones negativas de la Argentina reciente también están vinculadas a su larga permanencia en el poder. La situación dramática en la que se vive hoy a partir de la caída en la pobreza de millones de personas, también es responsabilidad del peronismo de los últimos 40 años. Y es una responsabilidad compartida con otros partidos que han estado en el poder aunque por mucho menos tiempo.
–¿A los dos lados de la grieta se encontrarían los espacios mayoritariamente responsables de los actuales males de la Argentina?
–El gobierno y la oposición comparten responsabilidades en la creación de este escenario. Estamos empantanados. Pero la grieta es retórica y en términos concretos, los resultados del gobierno de unos y otros no se diferencian demasiado. Estoy convencida, además, de que hay que salir del brete que plantea la dicotomía estado-mercado y recuperar la idea de lo público, construir un espacio de ciudadanía participativa, de solidaridad social, pluralista a la vez que igualitario. Hay muchos que piensan que la política es un terreno de negatividades, en el que sólo pueden producirse negociaciones espúreas. Yo en cambio considero que la política es el lugar donde deben crearse proyectos de futuro, para competir pero también para consensuar. Creo que acá no hay ningún proyecto. No lo plantea el gobierno, y no lo plantea tampoco la oposición. Estamos empantanados, sin alternativas a la vista. Hay una situación contraria a la que se abrió a comienzos de la Democracia y a principios del siglo XIX con la Revolución de Mayo.
–¿Pero más allá de su carácter retórico, no sería precisamente la grieta lo que imposibilita la creación de ese espacio de ciudadanía participativa?
–La clase política está tomada por la cerrazón, por la verdadera incapacidad para abrirse a otras posibilidades, y arroja a la sociedad a sus mismas imposibilidades. No sólo estamos quietos: ¡no se puede pensar nada! Lo único que podemos hacer hoy es quedarnos quietos en nuestras casas para no morir. Y esa parálisis sí es responsabilidad de la clase política.
–¿No se podría pensar hoy en un espacio intelectual semejante al que fuera en su momento el Club de Cultura Socialista?
–Era un momento radicalmente diferente al actual, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Estábamos convencidos de la posibilidad de cambio y aspirábamos a incidir en los debates de ideas a partir de una revisión crítica de la cultura de izquierda y de una reformulación en clave democrática y pluralista. Por entonces, no estaba de moda esa figura que hoy ha adquirido lamentable vigencia, la del “intelectual militante” –que es casi una contradicción–. Nos considerábamos intelectuales que manteníamos distancia crítica con el poder y los poderosos, no identificados incondicionalmente con ningún partido y ninguna ortodoxia doctrinaria, muy celosos de nuestra autonomía en ese sentido.
[Publicado en diario Clarín el 30 de mayo del 2021]
Fotografía Jorge Pantoja Amengual
No apoyar una condena a Nicaragua y Venezuela es desconocer nuestra historia o burlarse de ella
Por Graciela Fernández Meijide
Con el Juicio a las Juntas, a partir de la recuperación de la democracia, la Argentina marcó un hito importante en la historia de los derechos humanos en todo el mundo. Más allá de que hemos avanzado en el reconocimiento de otros derechos, como los de las mujeres , la sanción de la ley del matrimonio igualitario, y otros, desde aquel momento no hemos vuelto a repetir en el país algo de similar significado internacional.
Lo que hace singular ese juicio es que se trata de derechos que solo pueden ser violados por el Estado y, estando todavía presente el riesgo de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad seguían teniendo un poder amenazante, la decisión de someter a los responsables a la Justicia fue un acontecimiento sin precedentes en nuestra historia y en el resto de los países.
Por otro lado, las organizaciones de derechos humanos no hubiéramos podido subsistir de no haber tenido el apoyo internacional. No solo Amnistía Internacional, que envió observadores a la Argentina, sino la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. que llegó al país en 1979. El informe que hicieron y la presencia de los enviados internacionales fueron una bocanada de aire para quienes estábamos resistiendo la dictadura y le demandábamos la aparición de nuestros seres queridos y se hiciera justicia.
Mirando lo que pasa en Venezuela y en Nicaragua, con regímenes autoritarios como el de Daniel Ortega, que encarcela a los dirigentes opositores, si a la gente que protesta no se le da apoyo se los deja muy solos.
Tanto en uno como en otro régimen los gobiernos recurren al argumento del principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Si el entonces presidente de Estados U nidos, James Carter, no hubiera decidido enviar a Patricia Derian, o no se hubiera referido al respeto por los derechos humanos cuando mantuvo una entrevista con el dictador Jorge Rafael Videla, nuestras organizaciones habrían tenido más dificultades. No respaldar hoy una condena a las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela es desconocer nuestra propia historia o burlarse de ella. Y nuestro gobierno lo está haciendo cuando no reconoce el derecho de quienes hoy están denunciando persecuciones.
Es importante tener en cuenta que cuando un país acepta integrar un organismo internacional cede en parte cierto nivel de imperturbabilidad de las fronteras, frente a derechos que solo puede ser violentados por el Estado que tiene todo el poder para garantizarse impunidad.
Cuando hay violaciones a los derechos humanos siempre el Estado va a argumentar el principio de no injerencia. Es lo que decían los militares en la Argentina. Si hay pruebas suficientes y credibilidad en los organismos que hacen las denuncias, como son los casos del Alto Comisionado que conduce Michelle Bachelet y de Amnistia Internacional, corresponde darles crédito. Lo que hace la Argentina hoy es un zigzag que nadie entiende.
[Publicado en diario La Nación el 27 de junio del 2021]
Fotografía Jorge Pantoja Amengual
La herencia de Perón
Por Sergio Bufano
El 17 de junio, dos semanas antes de su muerte, el presidente Juan Domingo Perón mantuvo la última reunión política pública, y fue con los dirigentes de la CGT, preocupados por las versiones que circulaban sobre su salud. Observaban con temor un desenlace que podía dejarlos en manos de una mujer a la que consideraban apenas como esposa de su líder. La posibilidad de una sucesión que dejara la responsabilidad del aparato estatal en Isabel Perón, los espantaba.
A todos espantaba. La sociedad vivía en la incertidumbre y se preguntaba qué consecuencias tendría una posible muerte del líder. Hasta el momento Perón había mantenido silencio sobre su posible sucesor. Pero en este discurso se refirió expresamente a ese delicado interrogante: “A todo ello se suma la fiebre de la sucesión, de los que no comprenden que el único sucesor de Perón será el pueblo argentino, que, en último análisis, será quien deba decidir” afirmó disgustado.
Planteó, además, su preocupación por el clima de violencia que existía en el país: “ahora ya no se sabe quiénes son los que asaltan, quiénes los que roban. Algunos dicen que son políticos, otros dicen que son delincuentes. Yo creo que son todos delincuentes. […] Pero ese proceso tenemos que encararlo y ya el gobierno lo va a encarar. Hasta ahora no hemos querido sumar a la violencia de ellos, la violencia nuestra. Pero, policialmente, se va a ir resolviendo ese problema, que es de la policía, dado que son delincuentes”.
Y finalmente dijo lo que quería decir, y que no debería haber dicho porque su palabra, él lo sabía perfectamente, alimentaba a los peores demonios: “Desgraciadamente, la descomposición del hombre argentino, practicada sin medida durante tantos años, nos ha llevado a esto […] Tenemos que erradicarlo de una o de otra manera. Intentamos hacerlo pacíficamente con la ley. Pero si eso no fuera suficiente, tendríamos que emplear una represión un poco más fuerte y más violenta también”. Ese fue su último mensaje.
Los sindicalistas obedecieron la orden y la represión de una o de otra manera, más fuerte y más violenta se lanzó a la calle a sangre y fuego. Si desde su llegada a Ezeiza las acciones ilegales se habían cobrado decenas de víctimas, a partir de ese momento, y con la ausencia del líder, las calles de la Argentina se convirtieron en campos de batalla. Con la policía actuando fuera de la ley y los matones sindicales que partían a la luz del día hacia violentas incursiones, el clima de muerte imperó hasta que se produjo el golpe de estado de 1976 y los militares decidieron incrementar hasta el paroxismo un sistema que les parecía muy eficiente.
Cuando el 1° de julio de 1974 murió el líder, su pueblo lo lloró amargamente. Con él se iba el hombre que durante treinta años había sido una figura decisiva en la política nacional. Ya fuera ejerciendo el poder o en el exilio, Juan Domingo Perón dejaba una impronta profunda en la Argentina. Impronta que perduró a lo largo de las siguientes décadas.
La muerte del líder extendió y agudizó la incertidumbre que atravesaba a toda la sociedad; ¿qué sucederá ahora? fue el interrogante ante el evidente vacío de poder. Las especulaciones acerca de las posibles sucesiones se expandieron entre políticos, sindicalistas, empresarios, todos inquietos por el devenir de la Argentina.
No obstante, hubo quienes se beneficiaron con la desaparición del hombre fuerte del peronismo; uno de ellos fue la organización Montoneros. A partir de ahora sus dirigentes ya no tendrían que soportar los escarnios dedicados a ellos ni las advertencias formuladas durante el año en el que habían sido los principales destinatarios de sus iras. Los había echado del Congreso, los había expulsado del movimiento, los había ubicado como enemigos de la Nación. Ahora ya no sufrirían las humillaciones y los insultos proferidos: gorilas, estúpidos, imberbes, imbéciles, microbios infiltrados o psicópatas a los que había que exterminar. Al no existir Perón ellos podrían interpretar libremente el pensamiento del líder y adjudicarse la presunta representación revolucionaria del peronismo. Se sintieron herederos. El Perón que ellos habían creado en su imaginario ya no podría desmentirlos; por lo tanto, lo investirían con el ropaje de un revolucionario que los volvía a respaldar, tal como había hecho durante su exilio. ¿Quién podía desautorizarlos ahora en su condición de verdaderos peronistas? ¿Acaso la burocracia sindical, el Consejo Superior del Movimiento? ¿Acaso el comisario Villar o su jefe López Rega? Esos no eran peronistas, eran residuos de un viejo peronismo fascistoide que Montoneros se ocuparía de depurar. Ya no haría falta ocultar su nombre cuando mataran a un dirigente sindical. Montoneros ingresó en el sendero de la metralleta, del que en verdad nunca se había retirado.
No fueron los únicos en sentirse aliviados por esa muerte; las organizaciones marxistas que levantaban las banderas del Che Guevara, también suspiraron. Por fin se acababa la conciliación de clases, los pactos sociales, el liderazgo de un bonapartista que impedía el avance de la auténtica Revolución. Ahora todo estaba claro, enfrente estaba el enemigo de clase que había que vencer a través de los fusiles, de cuyas bocas, como bien se sabe, nace el poder.
El velatorio duró varios días. Miles de hombres y mujeres de todas las edades fueron a rendirle su último tributo. Entre ellos estaba Eduardo Romero, de 25 años, un muchacho que había viajado desde la localidad de Dean Funes, en la provincia de Córdoba, para despedir a Perón. Al cabo de algunas horas, cansado y hambriento, se apartó de la fila y se acercó ingenuamente para pedir un sándwich a los miembros de la UOM que los distribuían gratuitamente frente al sindicato. Los matones lo obligaron a subir a un automóvil y se lo llevaron. Al día siguiente apareció su cadáver a nueve cuadras del lugar, con una bala en la cabeza. Ese muchacho podría ser contabilizado como la última víctima desde el día en que Perón llegó a la Argentina, o la primera del baño de sangre que continuaría, ahora sin la presencia del líder, pero con todos los instrumentos necesarios para proseguir con la matanza iniciada en Ezeiza.
Lo que había comenzado con una tragedia el 20 de junio de 1973, terminaba con otra tragedia: la muerte de Juan Domingo Perón, un hombre crucial en la historia argentina. Pero su heredero no era el pueblo, tal como conjeturó. Tampoco una democracia afianzada; ni instituciones sólidas, ni un Partido Justicialista organizado, ni una cultura política basada en el diálogo y la tolerancia. Nada de eso. Lo que legó al morir fue un país sumido en la violencia, con un Estado en manos de bandas armadas, con una presidenta torpe, incapaz y manipulable, con miles de extranjeros perseguidos que habían buscado refugio en un presunto oasis democrático.
No era esa la respuesta que podía calmar las tensiones y expectativas. La vicepresidenta Isabel Martínez de Perón, una mujer a la que la historia le había concedido el privilegio de ser la esposa del líder, era absolutamente incapaz desde el punto de vista político e intelectual. Ocupaba ese cargo por el capricho de Perón que no había querido poner a su lado a cualquiera de los experimentados y leales dirigentes peronistas que hubieran aceptado gustosos acompañarlo en la gestión.
Desconfiado con sus propios amigos, su preferencia por Isabelita, sometida intelectual y personalmente por López Rega, demostraba su decisión de no dejar a nadie en condiciones de gobernar después de su muerte. ¿Era consciente de que su fin estaba cercano? Cualquiera sea la respuesta, la cuestión central es que un presidente con su experiencia y líder indiscutido del peronismo, tenía la obligación política y ética de haber previsto cualquier contingencia que le impidiera seguir a cargo del Poder Ejecutivo. Pero no lo hizo y dejó al país en manos de una secta intolerante y violenta, precisamente la secta que desde la caída de Cámpora y su asunción como presidente, controlaba desde el poder la violencia indiscriminada contra todos los sectores progresistas, incluyendo sus aliados.
Su ceguera abrió las puertas a una violencia todavía más sangrienta que la inaugurada desde su arribo en 1973. No fue el pueblo el heredero, sino una pandilla que sumió aún más a la Argentina en un caos de muerte.
[Publicado en diario Perfil del 1 de julio del 2021]
Fotografía Jorge Pantoja Amengual
No intervención y Derechos Humanos
Por Hugo Vezzetti
La resolución de la OEA sobre Nicaragua expresa “preocupación” por las reglas electorales, “condena” el arresto y las restricciones a los precandidatos e “insta” a implementar medidas para unas elecciones transparentes. Es bastante moderada: no es una condena del régimen ni impugna su legitimidad.
Desde una opinión menos atada a las formas del discurso de la diplomacia, se podría decir que hoy en Nicaragua reina una dictadura con pretensiones totalitarias que suprime a la oposición y la prensa independiente.
La respuesta del gobierno de Ortega y Murillo no admite crítica ni nada que deba cambiarse y denuncia a esa resolución como una “injerencia” en sus asuntos internos. Nada nuevo bajo el sol. Los estados denunciados por violaciones a los derechos humanos siempre se defienden alegando que es una intervención en asuntos internos: es lo que hizo la dictadura argentina.
Llama más la atención que el estado argentino haga propia una razón propia de los regímenes sospechados, con evidencias tangibles, de vulnerar los derechos humanos, y desprecie las razones de quienes reclaman en nombre de las víctimas.
No es la abstención lo que querría discutir, sino el argumento de la no intervención usado (y en verdad no justificado) para sostenerla. En el derecho internacional, el principio de no intervención establece obligaciones entre los estados. (Véase la exposición de Edmundo Vargas Carreño) Es un principio básico de las relaciones internacionales tal como se establecen después de la segunda guerra mundial.
Sin embargo, a partir de la nueva conciencia de genocidios y otros crímenes de estado, el mismo sistema de deberes y obligaciones vigentes en la comunidad internacional sanciona otro principio, que establece que el respeto de los derechos humanos no puede ni debe quedar sometido a la sola jurisdicción doméstica.
Hay derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional que prevalecen y relegan las fronteras políticas que durante siglos ampararon los crímenes de estado.
Ahora bien, es claro que pueden existir conflictos de interpretación cuando se trata de una acción que debe ser concordante con ambos principios. La invocación de los derechos humanos no justifica cualquier intervención.
Sucedió en 2003 con la invasión a Irak por una coalición de países encabezada por los EE.UU. y rechazada por otros estados. Pero en ese caso no era una acción surgida de la decisión de un organismo internacional. Se trataba de una acción entre estados y de una intervención militar que producía daños irreparables.
La historia latinoamericana está plagada de formas unilaterales y violentas de intervención, a lo largo del siglo XX y hasta los años 30 aproximadamente, que impusieron una lógica dictatorial en la hegemonía de los EEUU sobre su “patio trasero”. Intervenciones eran las de antes, podría decirse. Basta recordar las llamadas “Banana Wars” que llevaron a invasiones y ocupaciones que abarcaron casi toda América Central y el Caribe.
A partir de esos antecedentes y de lo que se ha logrado construir en el plano de la regulación de las relaciones internacionales (en un estado de cosas que dista de ser perfecto, ni siquiera satisfactorio) invocar el principio de no intervención requiere una justificación que el gobierno argentina ha omitido.
Primero, la declaración surge de la OEA, un organismo internacional fundado en reglas y compromisos decididos y aceptados por los estados miembros.
Llama la atención, en ese sentido, que la declaración argentino-mexicana (que también en esto repite los términos del rechazo del gobierno de Nicaragua), no menciona a la OEA sino a “paises” que “dejan de lado el principio de no intervención”, como si tratara de una coalición invasora y no de una entidad de derecho internacional de la que forman parte.
Segundo, agitar la idea de la intervención parece asimilar las decisiones de un organismo internacional a un acto de guerra, el preludio de una invasión: los fantasmas del pasado, sean los del “Gran Garrote” o de la Guerra Fría, dominan una visión del mundo no sólo anacrónica, sino incapaz de esgrimir una justificación razonada.
Finalmente, el estado argentino renuncia a una política de principios en la defensa de los derechos humanos. Reniega de la consigna (más declarada que cumplida) de convertirlos en el objeto de una política de Estado.
Por supuesto, el giro en una política exterior más ocupada en conciliar con dictadores y mandones que en una acción en favor de quienes sufren persecución, tiene su correlato en la política doméstica. Quedó en evidencia en las formas de la “no intervención” del gobierno nacional en los asuntos domésticos de la provincia de Formosa.
Hay un principio no escrito que ha resultado de las dolorosas enseñanzas de los años de la dictadura. Es el de la solidaridad con las víctimas, que fue fundamental en la resistencia a la dictadura y que recibió un apoyo decisivo de la comunidad internacional, en particular de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. El Gobierno parece inclinado a enterrar esa experiencia, a relegar lo que debería ser una norma y un valor incondicional en aras de conveniencias y regateos de una política sin principios.
[Publicado en diario Clarín el 22 de junio del 2021]
Fotografía Jorge Pantoja Amengual
“La Argentina ha dejado de existir”
Entrevista a Alejandro Katz
Hay un libro clásico de la economía de Albert Otto Hirschman, Salida, voz y lealtad (1977). En su libro Hirschman habla de tres conductas posibles de las personas ante las organizaciones o los estados. Si el vínculo contractual establecido es satisfactorio, la relación es de lealtad. Si el vínculo empieza a fallar, la gente comienza a alzar la voz. Si después de alzar la voz no hay respuestas, la opción comienza a ser la salida. A eso se lo puede llamar “El Exit de Hirschman”. La Argentina, para Alejandro Katz, se ha convertido en una sociedad de Exit.
Hay quienes pueden practicar el Exit. Son quienes ven en Ezeiza el único horizonte. Son quienes sacan sus activos del país, quienes se proveen de bienes públicos −como la educación−, por fuera de lo público. En la sociedad del Exit también están los que no practican el Exit pero son expulsados. Son quienes comienzan el día viajando varios kilómetros de distancia del lugar donde han pasado la noche. Parten en busca del alimento. Son los des-ciudadanizados, Segundos y Terceros Habitantes de la Sociedad del Exit. Y son cazadores y recolectores. La idea aquí ya no es de Hirschman sino del economista Martín Rapetti. Se trata de habitantes, no de ciudadanos: habitantes que salen cada día a buscar los recursos para el día, sin ninguna capacidad de recurrir a una economía que no sea una economía de subsistencia: “Es una sociedad que está en un proceso de des-ciudadanización. No hay ciudadanía cuando no hay posibilidades de elección autónoma de proyectos de vida”.
Este es el panorama desolador que describe Alejandro Katz en charla exclusiva con Clarín a través de Zoom. Pese al dramático cuadro de situación, Katz reivindica el derecho a ser escéptico: “Las dudas y el escepticismo ayudan a comprender mejor el mundo. Porque limitan el dogmatismo”.
Del otro lado de sus razonamientos se escuchan las palabras de la calle y de los medios: “Republicanos”, “Populistas”, “Corruptos”, “De Derecha”. El lenguaje de la política local está impregnado de muchos adjetivos y pocos sustantivos. “Cuando el precio de las etiquetas sube, el precio de las ideas baja”, agrega este editor que ha publicado un catálogo exquisito superpoblado de nombres como Jürgen Habermas, Michel de Certeau, Louis Althusser, Roger Chartier, Noam Chomsky, Saskia Sassen, Arlette Farge. Difícil poner en un mismo párrafo todos esos nombres al lado de las adjetivaciones de la política local. Pero de eso se trata: “Hay que aumentar el precio de las ideas, porque en cualquier caso, las ideas van a ser mejores que las etiquetas”, sentencia.
Es julio de 2021 y estamos en el umbral de una nueva campaña electoral. Mientras algunos creen que sería este un buen momento para irse por unos cinco meses del país, otros en cambio creen que es este un momento para estudiar la sociedad: “La calidad de la discusión en el espacio público mejora si los argumentos pueden ser claramente rebatidos, para lo cual deben ser claramente formulados. La misión de un intelectual no es acercarse a la verdad, sino contribuir para que la verdad sea resultado de una conversación pública, colectiva, construida sobre un tipo de discursividad más cuidada”.
−La calidad de la discusión es muy baja.
−Sí, es así. Y por responsabilidad no sólo de las élites sino también de la ciudadanía. Las élites tienen desprecio por la argumentación pública. No creen que estén obligadas a dar razones de calidad y a justificar sus decisiones. Y la ciudadanía ha cedido autonomía de pensamiento. En cada asunto que afecta a la sociedad, los puntos de vista están alineados por las preferencias electorales y no por el análisis de la situación. Es más importante compartir las decisiones del grupo al que se pertenece que tener una visión de las cosas fundada en un razonamiento propio. La sociedad ha renunciado al pensamiento.
−Pero también es algo internacional.
−Es algo que está pasando en gran parte del mundo atlántico. La polarización y la tribalización política no son exclusivamente nuestras. Hay razones culturales, políticas y tecnológicas que explican el proceso. Pero creo que Argentina tiene rasgos particulares. Argentina se ha convertido en una “sociedad fallida”, haciendo una analogía con la idea del “Estado fallido”, idea formulada por Alain Touraine cuando habla de Estados que no controlan el territorio. [N. del R. la idea es de comienzos de los 90 a raíz del trabajo de Gerald Herman y Steven Ratner, y está en el centro de muchos análisis políticos contemporáneos]. La nuestra es una sociedad que desde hace mucho tiempo no consigue convertirse en una comunidad política. Esto ya lo habían señalado Juan Carlos Portantiero y Guillermo O’Donnell en los 70. Las formulaciones de ellos estaban muy asociadas a las tensiones de la época, y por tanto, quedaba la fantasía de que resueltas aquellas tensiones se podría reconstruir una comunidad política. Habiendo pasado 50 años de aquellos señalamientos acerca de las posibilidades de construir un orden político legítimo, lo que tenemos que empezar a decirnos, es que la Argentina ha dejado de existir.
¿En qué cosas la Argentina estaría dejando de existir?
Naturalmente, desde el punto de vista jurídico, la Argentina todavía existe. Pero como comunidad política, la Argentina está en un proceso de disolución. Este es un señalamiento que no es mío y no es nuevo. Portantiero y O’Donnell lo asociaban al ciclo corto relacionado con la crisis política de los 70, y con la expectativa de que una vez superada esa crisis el orden político se iba a reconstituir. Es evidente que eso no ha ocurrido.
La clase media argentina también está en proceso de desaparición. Es un proceso que numerosos países están observando. El gobierno británico creó una comisión para estudiar cómo reintroducir la movilidad social, una de las características básicas de una sociedad de clases medias. El adelgazamiento de la clase media no tiene sólo que ver con la pérdida de participación en el PBI, sino con la imagen de futuro que esos sectores tienen. Ser de clase media suponía que el futuro iba a ser mejor que el presente. Que las condiciones para los hijos iban a ser mejores que las condiciones de partida de los padres. Esto ya no es así. En los sectores populares no es así desde hace mucho. Y en los sectores medios ha dejado de serlo. Es una regresión de la sociedad en todos los sentidos.Vivimos un proceso de desmodernización. La nuestra es una economía cada vez más primarizada. Y aunque muchos señalen que la producción agrícola tiene valor agregado, la participación de la población en esa producción es exigua.
−¿Los actores de la política contemporánea tienen verdadera conciencia de todo esto?
−Los actores dominantes, que organizan las fuerzas políticas de la Argentina, tienen escasa conciencia de la situación sobre la que actúan. Sólo vemos dos coaliciones que se disputan países mutuamente excluyentes. Uno es un país pensado y dominado desde el Estado. El otro es un país pensado desde el Mercado y puesto al servicio de los intereses del Mercado. No hay ningún pensamiento que se instale en la sociedad, en lo público, en lo común. Las dos son coaliciones que, cuando se vuelven exitosas, se vuelven destructivas. En un caso es destructiva de las libertades; en el otro, es destructiva de los derechos. Los actores políticos que tienen verdadera conciencia de esto son muy marginales.
¿Hay una pulsión de muerte de las sociedades?
El hecho de que ambas coaliciones estén instaladas en posturas dicotómicas se traduce en la recíproca quita de legitimidad de los unos sobre los otros. La disputa política aspira a la destrucción del adversario, no a la interlocución. Sería esa falta de reconocimiento de las virtudes del otro, lo que impediría la implementación de políticas que tengan estabilidad a lo largo del tiempo. Y podría pensarse que allí, en la brecha que separa a ambas partes de la grieta, en el fondo del abismo, las dos facciones sepultan lo poco que queda de la Argentina como comunidad: La descalificación del adversario se hace por la atribución de intenciones a los líderes. En un extremo, todos los que están en el Frente de Todos son descalificados porque su único objetivo es la impunidad de Cristina. Y en el otro, quienes están en Juntos x el Cambio están descalificados porque su único objetivo son los negociados de Mauricio Macri. Y lo cierto es que las motivaciones de quienes votan a una u otra coalición, son legítimas y justas. Y no tienen que ver con los objetivos de sus líderes sino con las intenciones, los deseos y los miedos de sus votantes. En un país tan polarizado como el nuestro, cuestionar al adversario es cuestionar la legítima existencia de la mitad de la población.
[Publicado en diario Clarín el 4 de julio del 2021]
Fotografía Jorge Pantoja Amengual
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