Educación pública “a la carta”
Carla Yumatle
Las recientes declaraciones que Joaquín de la Torre, senador de la provincia de Buenos Aires y candidato a gobernador, realizó contra los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) expresan una concepción de las obligaciones y responsabilidades del Estado según la cual los límites de la intervención pública están dados por las preferencias individuales de la ciudadanía. De acuerdo con dicha concepción, “que la educación sea pública no quiere decir que los padres no tengan el derecho a elegir qué cosas aceptan se les enseñe a sus hijos” y, en consecuencia, si la ESI “no respeta lo que yo creo le tengo que enseñar a mis hijos” el Estado infringe “el derecho primero del padre [sic] a elegir qué educación le da a sus hijos”.
En este artículo Carla Yumatle discute los supuestos de la posición de De la Torre, y muestra por qué el Estado tiene la obligación de “instalar a través de la educación un ideal de ciudadanía democrática que exprese el respeto (no la coincidencia ideológica ni la adhesión) por todos aquellos que deseen vivir según las leyes consagradas por la voluntad popular”. Las declaraciones de De la Torre ponen de relieve “una tensión importante que surge en el seno de las democracias liberales: el respeto por la diversidad social vs. los requerimientos de una ciudadanía democrática”; pero, señala la autora, el senador “confunde voluntad popular con sesgo ideológico y omite ver que la democracia requiere que los alumnos estén efectivamente expuestos, en su etapa formativa, a la misma diversidad de ideas que encontrarán en la cultura política democrática como ciudadanos adultos y portadores de derechos y obligaciones”.
Con la precisión argumental y la solidez teórica que caracterizan sus intervenciones públicas, Carla Yumatle desmonta los errores conceptuales del argumento de De la Torre, y establece, con claridad y precisión, los deberes fundamentales de la política educativa.
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