«No matar», el documental dirigido por Juan Villegas, se convirtió en motivo de la mayor controversia actual sobre el pasado de la dictadura y la violencia revolucionaria. Es un debate que comenzó en los círculos del cine pero que los excede en la medida en que toca algunos temas sensibles de la deliberación política y moral sobre ese pasado. El film puede ser considerado un ensayo que busca reunir, o comunicar, las memorias habitualmente escindidas de ex militantes de la guerrilla con familiares de víctimas civiles provocadas por las organizaciones armadas.

Y plantea diversos problemas, ante todo, la tensión entre la memoria subjetiva, desde la experiencia vivida de los testigos, y una memoria abierta a la conciencia colectiva, a eso que se ha llamado el “uso público” de la historia. Por supuesto, no son problemas nuevos, y por momentos parece necesario recordar que estos problemas ya emergían hace cuarenta años, a la salida de la dictadura. También suscita preguntas acerca del tiempo presente, cuáles son las condiciones y el marco, hoy, para un trabajo de memoria y de reparación sobre ese “pasado que no pasa”. Emerge la cuestión de las víctimas, del terrorismo de Estado y de los crímenes de la guerrilla, del legado del Nunca más y, no menos importante, de las formas, los obstáculos, incluso las imposibilidades, de una memoria de todos.

Desde La Mesa proponemos abrir un espacio de conversación sobre estos y otros problemas suscitados por ese debate.

En esta segunda intervención (la primera, de Raúl Beceyro, puede leerse aquí), Hugo Vezzetti reconoce a la película de Villegas la virtud de posibilitar la escucha de las víctimas civiles de las guerrillas, esas “memorias relegadas”, en el marco de una reivindicación del Nunca Más, algo que no había sucedido (o casi) en el largo, aunque espasmódico, debate sobre la responsabilidad criminal de las guerrillas. Vezzetti pone el documental en esa perspectiva histórica, también con los testimonios o las “autocríticas” de los ex-guerrilleros (Sergio Bufano y Aldo Duzdevich), y recoge el desafío de participar, en común, de la conversación interminable sobre ese pasado de violencia política.

Lo más destacable en el documental de Juan Villegas es que se propone hacer coexistir memorias que casi nunca se han encontrado, la de la guerrilla y la de sus víctimas. Pero no hay diálogo, y quizá no era posible que lo hubiera. En lo central del ensayo fílmico está el contraste de esas memorias.De un lado, testimonios más o menos ajustados a un género político establecido a lo largo de siglo XX, la autocrítica, aportados por ex combatientes que incluso (como Sergio Bufano y Aldo Duzdevich), han dado forma escrita a su experiencia. Es una intervención que entronca con la larga discusión, abierta a la salida de la dictadura, sobre las condiciones, la justificación y las responsabilidades de la violencia revolucionaria. Por supuesto, no todo es político en esa palabra y, sobre todo en lo que cuenta Bufano, emerge una evocación más personal, vivida, de esos años.

Del otro lado, incluso con una nítida separación en los tiempos y las secuencias del film, se presentan memorias más privadas, individuales o familiares, de allegados directos de víctimas civiles de la guerrilla, una memoria sostenida sobre todo en la pérdida y en un duelo que no termina. Hay un tópico central que está ausente en lo explícito de la palabra de esos testigos y en la propia película, y que emerge de modo casi inevitable en el espectador: la memoria de las víctimas consagradas, las producidas por el terrorismo de estado, reconocidas públicamente, incluso en la escena de la justicia.

El director decidió evitar ese conflicto de memorias, que se actualiza en la promoción, hoy, de una “memoria completa”, casi inevitablemente arrastrada a la separación entre víctimas buenas y malas, inocentes y culpables. Pero el tema no deja de aparecer y abre una problemática compleja, intrincada, en términos históricos y morales que, creo, merecía alguna palabra, preguntas si se quiere, que no nacen de los propios testimonios.

«Apuntes para una lejanía n° 47», Monica Fessel, s/f.

No quiero eludir mi propio juicio: un cine de ideas (y no dudo que la obra de Villegas entra en esa categoría que ha tenido producciones notables en la Argentina) tiene a su disposición una batería de recursos variados para abrir lo que en la inmediatez de los testimonios a menudo queda opacado, las preguntas que hacen posible pensar y problematizar ese pasado. Sobre todo, porque el film no elude lo que puede llamarse el metatestimonio en la palabra del realizador que, entiendo, busca incluir este ensayo en el legado del Nunca más. En esa recolección primera, originaria puede decirse, de los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado, si bien no se incluía a las víctimas de la guerrilla, sí se juzgaba las responsabilidades de los victimarios, agentes de una “ciega violencia” caracterizada también como una forma de terrorismo. Y se señalaba el comienzo del “terror” en los años setenta, antes de la dictadura, para condenar una violencia instalada en la sociedad y en la política, tanto en la izquierda y el peronismo revolucionarios como en la Triple A del peronismo de Perón. Por supuesto, no dejaba lugar a dudas cuando afirmaba que el otro, el terrorismo de estado, es “infinitamente peor”.

Que sea peor no torna insignificantes los asesinatos y los atentados de la guerrilla ni los hace desaparecer como problema, no sólo histórico, sino también político y moral. Sobre eso se ha discutido mucho y se han publicado miles de páginas, centradas en la violencia política, la época y los “demonios”.

Hay otro problema, que ha sido menos discutido y que emerge en el documental, ya no el de las acciones de la guerrilla sino el de las memorias de sus víctimas. Y en ese terreno, el título del film, “No matar”, evoca un primer debate, comenzado en 2004, en el que se nombraba a unas primeras víctimas de la experiencia trágica (o más bien criminal) del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) iniciada en 1963. Una primera guerrilla guevarista que no realizó ninguna acción contra sus “enemigos” pero sí fusiló a dos de sus miembros por razones de “seguridad”. Eran muy jóvenes, Adolfo Rotblat y Bernardo Groswald, y merecen la mínima reparación de recordar sus nombres. “No matarás” fue el título de una carta pública de Oscar del Barco, que había apoyado la empresa guerrillera, y que dio comienzo a un debate muy extenso, que se prolongó hasta 2007. Si lo recuerdo es porque eran otros tiempos, hoy olvidados, en los que era más tolerada la crítica, y la autocrítica, de la aventura guerrillera. Sin embargo, ese debate no cruzó un límite: evocó, buscó reparar, a esas primeras víctimas, pero no pudo o no quiso dar el paso que prolongara esa empresa moral para incluir a todas las víctimas de la violencia revolucionaria.

Ese límite lo quiso traspasar Héctor Leis cuando propuso algo más radical: un monumento que conmemorara y reuniera las víctimas de la guerrilla y de la represión, legal e ilegal, ocurridas entre 1973 y 1976, en democracia. Lo hizo en su libro-testamento, cuando ya sabía que iba a morir. La propuesta era de muy difícil cumplimiento, casi imposible. Pero en todo caso planteaba una idea, un camino posible hacia una comunidad en la que puedan recordar juntos quienes atesoran memorias diferentes.

Cabe preguntarse, entonces, sobre las condiciones y los obstáculos que enfrenta ese sueño de Leis. Entre nosotros hubo, hace unos años, una iniciativa para reunir esas memorias antagónicas. Un libro que reúne testimonios de algunos hijos de militantes desaparecidos, junto con hijos de víctimas de la guerrilla. El propósito apuntaba a explorar y a la vez favorecer una elaboración (uso un término freudiano) de las heridas y las huellas de un pasado de violencias en las que ellos no tuvieron ninguna participación. La repercusión y las consecuencias fueron limitadas, creo. Además, diez años después, esa convergencia proyectada encuentra la resistencia de un clima de confrontación que se ha expresado en la querella contra el film de Villegas, desatada por la memoria cerrada de una supuesta “gesta” guerrillera, básicamente contra el testimonio de Bufano y Duzdevich. Aquí vale la pena evocar aquel primer debate abierto por la carta de del Barco, que era mucho más provocadora que lo que se dice en el documental (por ejemplo, equiparaba a Firmenich y Santucho con Videla o Massera), y que sin embargo no tuvo (quizá porque nadie se animó) semejante respuesta talibana.

En fin, eran otros tiempos. ¿Qué nos queda y qué podemos esperar? Lo primero es situar las condiciones y obstáculos del problema, la memoria de las víctimas de la guerrilla.

Primero, la enormidad de los crímenes del terrorismo de la dictadura (por hacerse desde el Estado, por la magnitud, las modalidades, el agravio sobre los restos, la tortura y asesinato que se extiende a familiares y defensores de los derechos humanos..) es incomparable en términos político, jurídicos y de memoria pública con los crímenes de la guerrilla. Esto quedó establecido en el Juicio a las Juntas y, creo, está implantado en la memoria social desde 1985. Esa es la dificultad inicial de quienes, en nombre de esas otras víctimas, buscan un reconocimiento equiparable. Se puede entender esa demanda: es común a todos los colectivos de víctimas en condiciones análogas, que pugnan por reconocimiento y reparación. Cabe recordar lo que sucedió en Alemania con las víctimas civiles de los bombardeos aliados a las ciudades, que produjeron centenares de miles de muertos: sólo se pudo hablar de ellas muchos años después. Esa es una primera condición de esas memorias relegadas respecto de cierto consenso instalado en 1985, un relato «hegemónico», si se quiere, sobre las víctimas de las que se hablaba públicamente.

Segundo. La dificultad mayor, creo, que se arrastra desde los inicios de la democracia, es que esas memorias nunca terminaron de separarse de la reivindicación de la dictadura. La primera memoria pública de las víctimas de la dictadura, que nacía de la organización militar, eran las misas de FAMUS, que terminaban vivando a Videla. Los portadores de esa otra memoria civil, “contrahegemómica”, si se quiere, no han podido, o no han sido capaces, de organizarse autónomamente. Quedan las preguntas por las razones por las que no pudieron hacerlo. Sobre todo en el período, de 1985 a 2004, anterior a las políticas de imposición de una memoria regimentada desde el Estado, en la era kirchnerista. En esa primera etapa de la democracia, el humor social no era favorable a la violencia insurgente. Una figura prominente de la aventura guerrillera, como Mario Firmenich, tuvo que abandonar sus estudios en la UBA por el repudio de los estudiantes y terminó echado de una marcha por el Padre Mugica por la hermana del cura.

Cabe la hipótesis de que quedaron entrampados en una situación que tiene algo de trágica y les impidió tener una voz separada de la memoria militar. Por otra parte, la cruda instrumentación de esas víctimas se continúa hoy, en el actual oficialismo, que no se propone favorecer un reconocimiento de la pluralidad de memorias sino usarlas, como ha quedado mostrado en las acciones desde el Estado en los aniversarios del 24 de marzo, para borrar el Nunca más y el Juicio, y denigrar el fundamento mismo de los derechos humanos como cimiento de una comunidad política y moral.

Salir de esa trampa, la de entonces y la hoy, que es ideológica y excede los conflictos de memoria, supone confluir con las memorias de las víctimas de los crímenes de la dictadura más que ahondar en una confrontación con ellas. Ernst Renan escribía, hace años, que el sustento de una memoria nacional no residía en el recuerdo de las victorias militares sino en haber sufrido juntos. Esa convergencia moral no es el horizonte de la “reconciliación”, tan manoseado, sino un cimiento compartido que hace posible una conversación interminable sobre el pasado. En definitiva, no hay víctimas buenas y malas, sino un trabajo común, un duelo prolongado e interminable en el que es posible recordar juntos pasados diferentes.

Junio de 2026